En una sociedad libre y abierta, la función de los periodistas y activistas es hacer que sus gobiernos asuman sus actos. Las leyes penales de difamación y desacato no solo violan los estándares internacionales de libertad de expresión, sino que también pueden debilitar seriamente la función periodística e impedir el debate público. Los periodistas deben poder realizar su trabajo sin miedo, pero en cambio son acosados y están sujetos a severas sanciones conforme a estas leyes. De hecho, en 2014, más de 200 periodistas fueron encarcelados en todo el mundo por informar sobre asuntos de interés público; la gran mayoría de ellos fueron procesados en virtud de las leyes antiestatales o de difamación.
A pesar de que hay un consenso creciente en favor de abolir las leyes penales de difamación, ha habido un resurgimiento alarmante de su uso en las Américas. Desde las Américas del Norte hasta Sudamérica, más de dos tercios de los gobiernos de la región usan habitualmente estas leyes para silenciar la disidencia y para privar a los ciudadanos de información sobre asuntos de interés público. Incluso en países donde las leyes penales de difamación no se hacen cumplir activamente, su existencia continúa teniendo un impacto significativo sobre la voluntad y capacidad de las personas y de los medios de comunicación para analizar temas de importancia, lo que constituye una amenaza muy tangible a la libertad de expresión.
En la Fundación Thomson Reuters apoyamos al periodismo libre e independiente, los derechos humanos y el estado de derecho. Esta publicación hace una destacada contribución al entendimiento del efecto intimidatorio que pueden tener las leyes penales de difamación sobre la libertad de expresión en las Américas, y destaca las mejores y peores prácticas que pueden guiar los esfuerzos de una reforma legal. El informe sondea la existencia e implementación de las leyes penales de difamación y otras leyes que penalizan o limitan el discurso en las Américas, incluida su aplicación a métodos crecientes de difusión de noticias, tales como la Internet y las comunicaciones móviles.
Este informe se realizó mediante una estrecha colaboración entre la Fundación Thomson Reuters, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y un dedicado equipo de abogados de todo el mundo. Debevoise & Plimpton tuvo una función destacada en la producción de la guía, junto a Benedetti & Benedetti, Brigard Urrutia, Cariola Díez Pérez-Cotapos & Cía. Ltda, Díaz Durán & Asociados, Estudio Rodrigo, Elias & Medrano, Medina, Rosenthal & Asociados, Molina & Asociados, Norton Rose Fulbright, Quirós Abogados, Rose & Co. Attorneys at Law y Rusconi, Medina & Asociados. Estamos sumamente agradecidos a los equipos de abogados que contribuyeron, los cuales incansable y generosamente comprometieron su tiempo y experiencia para hacer posible este informe.
Esperamos que esta publicación sirva como herramienta útil para despertar la conciencia pública acerca de la existencia e implementación del delito de difamación, y para apoyar eficazmente a periodistas, legisladores, defensores y ciudadanos en la lucha para acabar con esta tendencia represiva.
Equipo TrustLaw