Por Alexandra Ellerbeck/Investigadora Asociada del Programa de las Américas del CPJ
Cuando un guardia de la prisión le indicó a Ángel Santiesteban Prats en un caluroso día de julio que sería liberado, el escritor y bloguero independiente cubano decidió no hacerle caso, e interpretó la noticia como una broma cruel. Para entonces, Santiesteban ya había pasado dos años y cinco meses en prisión, la mitad de su pena de cinco años de cárcel, por acusaciones infundadas de abuso doméstico. Pero Santiesteban, quien había sido encarcelado en represalia por el blog crítico Los Hijos que Nadie Quiso, inesperadamente recibió la libertad condicional unas pocas horas después.
Cuba, que a principios del 2000 era uno de los países del mundo con la mayor cifra de periodistas encarcelados, ha abandonado la política de recluir por períodos prolongados a blogueros y periodistas independientes, según datos del CPJ. Y esta es una de las principales razones del porqué, por segunda ocasión desde que en 1990 el CPJ comenzó a recopilar estadísticas anuales sobre casos de periodistas presos, para el 1 de diciembre ningún periodista se encontraba encarcelado en las Américas por el ejercicio de la profesión.
Las Américas ejercen un marcado contraste con gran parte del resto del mundo, donde casi 200 periodistas están presos, conforme lo indica el más reciente análisis del CPJ. Además del cambio de política de las autoridades cubanas, los claros principios sobre libertad de expresión adoptados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las sostenidas campañas emprendidas por las organizaciones internacionales de libertad de prensa con el propósito de eliminar las disposiciones penales sobre la difamación, han contribuido a la significativa reducción en la cifra de periodistas presos en las Américas, según datos del CPJ y análisis de expertos.
Pero el análisis anual del CPJ refleja un momento específico. El hecho de que ningún periodista se encuentre preso en las Américas para el 1 de diciembre no significa que no hubiera encarcelamientos a lo largo del año. En México, por ejemplo, Pedro Canché –periodista y activista maya que fue arrestado en 2014 luego de ser procesado judicialmente por sabotaje y quien apareció en el análisis del año pasado– apenas fue liberado en mayo luego de pasar 272 días en prisión. Y en Brasil, un bloguero estuvo encerrado durante cuatro meses este año cuando la policía descubrió que no había cumplido ningún plazo de la pena de cinco meses de cárcel que había recibido en octubre de 2014.
A medida que las normas internacionales en materia de libertad de expresión se han arraigado, se ha elevado el costo que significa para un gobierno encarcelar a un periodista. En 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que sostiene que las disposiciones penales sobre la difamación, aplicadas desde hace mucho tiempo en toda Latinoamérica para inhibir la crítica periodística, violan garantías consagradas en materia de libertad de expresión.
Gracias a los esfuerzos de la relatoría especial para la libertad de expresión de la CIDH, las disposiciones que tipifican como delito el desacato han sido derogadas en Paraguay, Costa Rica, Perú, Chile, Honduras, Panamá, Nicaragua, Uruguay y Bolivia. Si bien Jamaica es el único país del hemisferio que ha derogado completamente las disposiciones penales sobre la difamación, México ha despenalizado la difamación en el ámbito federal, y Argentina eliminó la calumnia y la injuria en asuntos de interés público.
“Eliminar las disposiciones que tipifican como delito las expresiones de interés público o sobre funcionarios públicos ha sido una prioridad”, declaró el relator especial sobre libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, en entrevista telefónica con el CPJ. “Y nuestros esfuerzos para erradicar estas disposiciones han contribuido a evitar que los periodistas sean encarcelados por ejercer su labor informativa”.
Lanza citó como ejemplo las solicitudes de adopción de “medidas cautelares” por parte de la CIDH –recomendaciones que les exigen a los Estados miembros tomar medidas correctivas inmediatas en casos de graves violaciones de los derechos humanos– como instrumento para ayudar a los periodistas que enfrentan el riesgo inminente de ser encarcelados por su trabajo. A petición de un periodista o un medio noticioso, la CIDH puede solicitar que un Estado otorgue medidas cautelares “para evitar daños irreparables”.
En un caso muy difundido, en 2012, las medidas cautelares solicitadas a favor de tres directivos y el editor de Opinión de uno de los principales diarios ecuatorianos, El Universo, evitaron que las autoridades los encarcelaran luego de que fueran sentenciados a una pena de tres años de cárcel por presuntamente difamar al presidente Rafael Correa. “La comisión ha concedido medidas cautelares cada vez que un periodista ha estado en peligro de encarcelamiento y los Estados en general han reaccionado positivamente”, sostuvo Lanza.
Las organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos también han resaltado con éxito los riesgos que representan las leyes restrictivas para el periodismo investigativo y crítico. En apoyo a las iniciativas del relator especial de la CIDH, organizaciones como el CPJ han emprendido campañas contra las disposiciones penales sobre la difamación. En la actualidad las condenas son poco comunes e inclusive cuando se dictan, los periodistas con frecuencia reciben sentencias en suspenso o evitan las penas de cárcel de otras maneras.
No obstante, la persistencia de estas leyes significa un peligro para el libre ejercicio de la libertad de expresión. “El hecho de que la mayoría de los países de las Américas mantengan en vigor disposiciones penales sobre la difamación es sumamente perjudicial para la libertad de expresión, y una continua amenaza para la democracia”, afirmó Thomas Norgaard, abogado formado en Venezuela y Estados Unidos que trabaja para el bufete jurídico Debevoise & Plimpton y se especializa en el derecho internacional. (El CPJ es cliente gratuito de Debevoise & Plimpton y trabajó junto con Norgaard en una petición amicus curiae ante la CIDH en un caso de Venezuela relacionado con una concesión de servicios audiovisuales).
En Perú, por ejemplo, políticos locales han tildado a periodistas de terroristas y han interpuesto una multitud de demandas por difamación contra periodistas investigativos. Este hostigamiento ha conllevado al cierre de por lo menos un diario independiente.
Además, los periodistas hacen frente a otros tipos de censura y hostigamiento. En Brasil, los políticos, los empresarios y las celebridades han recurrido a normas concebidas para garantizar la privacidad del ciudadano común para acallar a los medios, una práctica que se conoce como censura judicial. Ecuador, durante la gestión del presidente Correa, tiene uno de los peores historiales en materia de libertad de prensa en la región, pues periodistas y periódicos han sido objeto de medidas judiciales, demandas por difamación e insultos públicos, según datos del CPJ.
“Debido a que la libertad de prensa es fundamental para la democracia, por lo general el encarcelamiento de periodistas no es aceptado. Sin embargo, el hecho de que ningún periodista esté encarcelado en las Américas no puede ser considerado de manera aislada. El encarcelamiento de periodistas es apenas una de muchas maneras como un gobierno puede censurar a los medios”, explicó Norgaard.
Alexandra Ellerbeck, es investigadora asociada del programa de las Américas del CPJ, trabajó previamente en Freedom House y fue ayudante de cátedra de Fulbright en la Universidad del estado de Pará, en Brasil. Ha vivido en Chile, Brasil y Bolivia.