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Tribunal hondureño impone 16 meses de prohibición para ejercer la profesión a periodista

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Nueva York, 3 de octubre de 2014--El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la decisión de un tribunal de apelación de Honduras de prohibir al periodista Julio Ernesto Alvarado de ejercer su profesión de periodista durante 16 meses como parte de una condena por difamación penal. Alvarado conduce el noticiero "Mi Nación" en Globo TV.

"La decisión de prohibir a Julio Ernesto Alvarado de ejercer su profesión durante 16 meses es escandalosa" afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa para las Américas del CPJ. "Hemos exhortado a las autoridades hondureñas a despenalizar las arcaicas leyes de difamación. Pero que un tribunal censure a un periodista por hacer su trabajo es absurdo y viola todos los principios sobre libertad de expresión".

La decisión del 22 de agosto, que la abogada de Alvarado, Kenia Oliva Cardona, indicó a los periodistas había sido notificada el 26 de septiembre, revoca un fallo de abril de otro tribunal en la capital, Tegucigalpa, para suspender la prohibición. Alvarado llevará ahora el caso a otra corte de apelación y luego a la Corte Suprema de Honduras, y ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tome el caso si agotan las instancias judiciales internas, según informes de prensa. Dina Meza, una activista de derecho humanos local y corresopnsal de la organización de libertad de prensa Reporteros sin Fronteras, quien proporciona asesoría legal a Alvarado, indicó al CPJ que la prohibición no entrará en efecto hasta que el periodista agote sus opciones legales en Honduras.

Las acusaciones se originan de una serie de programas de 2006 en "Mi Nación" en la que se debatió el nombramiento de Belinda Flores de Mendoza como decana de la facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, según el fallo original. Los programas alegaban irregularidades en la entrega de diplomas mientras ella ejercía su puesto anterior en la universidad. Flores inció una demanda penal por difamación contra Alvarado, Carlos Gustavo Villela, un profesor de la universidad, y Guillermo Ayes, titular de la asocacion de docentes de la UNAH, según el fallo.

Mientras aparecía como invitado en el programa de Alvarado, Villela denunció la asignación de Flores, y Ayes había escrito un comunicado de prensa cuestionando el nombramiento de la decana, que Alvarado citó en su programa, indicó el fallo.

En 2011, un tribunal de Tegucigalpa exculpó a los tres mandados, pero Flores apeló y en diciembre de 2013, la Corte Suprema halló culpable a Alvarado, pero ratificó el veredicto contra Villela y Ayes. En el fallo, el tribunal rechazó la defensa de Alvarado de que había simplemente citado otras opiniones, y afirmó que al hacerse eco de las acusaciones, había dañado la reputación y el honor de Flores. EL tribunal sentenció a Alvarado a 16 meses de prisión.

Alvarado indicó al CPJ en marzo que había logrado evitar la cárcel pagando una multa diaria de 10 lempiras, pero el tribunal podría decidir la implementación de una parte del fallo que le prohibiría ejercer su profesión durante los 16 meses de su sentencia. Cuando otro tribunal en abril decidió levantar la prohibición, según informes de prensa, Flores apeló y, el mes pasado, la corte penal de apelaciones falló en su favor.

La cadena de televisión independiente Globo TV y su radio afiliada han sido frecuentemente blanco de las autoridades en el pasado. En diciembre de 2013, Juan Carlos Argeñal Median, corresponsal de Globo en El Progreso, fue asesinado en circunstancias poco claras, según la investigación del CPJ. Globo fue blanco de ataques serios y múltiples interrupciones de sus emisiones tras informar de forma crítica tras el golpe de estado de 2009 que derrocó al ex Presidente Manuel Zelaya, según el CPJ.

Durante más de una década, ha emergido un consenso en los tribunales y legislaturas de la región en el sentido que leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los casos de supuesta difamación. Pero algunos gobiernos en las Américas han continuado con la utilización de demandas penales arcaicas de difamación para silenciar el disenso.

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