Capítulo 2: Medir los avances frente a una implacable realidad
En noviembre de 2013, la Asamblea General de la ONU instaló la cuestión de la impunidad de lleno en la agenda global.
La Resolución sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, adoptada por consenso, se refiere a la ausencia de justicia para las víctimas como “el principal obstáculo para el fortalecimiento de la protección de los periodistas”. Además, insta a los Estados miembros a “asegurar la rendición de cuentas por medio de la realización de investigaciones imparciales, prontas y eficaces de todas las denuncias de presuntos actos de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que correspondan a su jurisdicción”. Asimismo, les encomienda a los gobiernos “llevar a los autores de esos delitos ante la justicia y ofrecer a las víctimas posibilidades de recurso apropiadas”. La resolución proclama el 2 de noviembre como Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
Para el CPJ y otras organizaciones que han combatido la impunidad, la resolución representó una nueva cuota de reconocimiento internacional. “La votación demostró que estos gobiernos admiten que existe un problema, y que se debe proteger la seguridad de los periodistas para que puedan ejercer la profesión en beneficio de la sociedad“, escribió Annie Game, directora ejecutiva de IFEX (Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión), una red global de organizaciones defensoras de la libertad de expresión. IFEX ha observado un Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad anual desde 2011.
El camino a la justicia
• Índice
Informe impreso
• Descargue el PDF
En junio de 2012, durante el vigésimo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Christof Heyns, relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Frank LaRue, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y de opinión, hicieron especial mención a la impunidad en los actos de violencia contra periodistas y la calificaron de cáncer de los derechos humanos. Posteriormente, ese mismo año, los Estados miembros que integraban el Consejo de Derechos Humanos aprobaron su propia resolución sobre la seguridad de los periodistas, e instaron a los gobiernos a remediar la impunidad.
En 2012, la ONU también adoptó el Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, iniciativa liderada por la UNESCO para inducir a las partes interesadas –Estados, organismos de la ONU, entidades regionales, sociedad civil y organizaciones de medios– a promover la protección de los periodistas y la justicia en los asesinatos de periodistas. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró dos debates sobre la cuestión en 2013. Otros organismos internacionales también han adoptado posiciones sobre la materia. En abril de este año, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó una declaración sobre la seguridad de los periodistas, en la cual expresó que “erradicar la impunidad es una obligación crucial de los Estados”.
Este respaldo internacional es un paso importante para abordar una cuestión que, en la experiencia del CPJ, anteriormente los gobiernos rechazaban y calificaban de exageración o problema intrascendente. Mediante la adopción de estos documentos, los Estados miembros que componen estas organizaciones han anunciado públicamente el firme compromiso de realizar investigaciones exhaustivas y responder siempre que un periodista sea agredido, amenazado o asesinado.
Sin embargo, fuera de los círculos políticos, el avance ha sido irregular. La realidad en el terreno es que los índices de impunidad han crecido poco a poco en los últimos diez años en la mayoría de los países que el CPJ ha señalado como escenario frecuente de asesinatos impunes de periodistas. En nueve de estos países –Bangladesh, Brasil, Colombia, India, Iraq, Pakistán, Filipinas, Rusia y Somalia–, otros asesinatos tuvieron lugar en 2013, un siniestro recordatorio de que donde quiera que exista la impunidad, los periodistas serán blanco de represalias un año tras otro. En medio de estas cifras desalentadoras, aparece una señal de aliento concreta: la cifra de condenas en los casos de asesinatos de periodistas han aumentado poco a poco. El número de condenas obtenidas en 2013 fue casi el doble del máximo anterior registrado en el decenio que llega hasta 2004. Aunque la obtención de justicia exigiría un número superior de condenas, la nueva tendencia pudiera ser indicativo de que la presión en los ámbitos nacional e internacional está provocando cambios.
Cuando el CPJ creó su campaña contra la impunidad en 2007, una preocupación fundamental fue cómo medir y definir los avances. En concordancia con ello, el CPJ elaboró el Índice Global de la Impunidad, que calcula el número de asesinatos sin condena de ningún sospechoso como porcentaje en relación con la población de un país. Con el objetivo de dar seguimiento a los países que presentan patrones de violencia e impunidad, cada índice anual comprende los asesinatos que ocurrieron en el decenio previo y solamente incluye países que tienen cinco o más casos no resueltos en ese período.
El primer Índice Global de la Impunidad fue dado a conocer en 2008; en 2014, el CPJ publicó la séptima edición del índice. Las variaciones a lo largo del tiempo no han sido dramáticas, pero sí han sido reveladoras. En este período, el índice ha constado de 16 países. Diez de ellas han ocupado un puesto cada año, lo cual quiere decir que han mantenido un registro de por lo menos cinco asesinatos no resueltos en los 10 años previos, indicación de que la impunidad está bien arraigada en esos países. Las estadísticas de esas 10 naciones muestran que la impunidad ha aumentado como promedio 56 por ciento entre 2008 y 2014.
Los países con el peor registro:
El deterioro más dramático ocurrió en Somalia, cuyo puntaje de impunidad ha aumentado más de cuatro veces desde 2008. Yusuf Ahmed Abukar, la víctima más reciente, se convirtió en el vigésimo séptimo periodista en ser asesinado con la más absoluta impunidad en Somalia en los últimos diez años cuando sus asesinos hicieron estallar por control remoto un explosivo en su auto. El puntaje de Pakistán ha aumentado en más del doble en este período. Pese a una importante condena en 2014, en el caso de Wali Khan Babar, los periodistas paquistaníes se enfrentan a múltiples amenazas, no solamente provenientes de islamistas radicales y jefes de ejércitos privados sino también de fuerzas militares, el aparato de seguridad y funcionarios gubernamentales, según investigaciones del CPJ.
México casi duplicó el puntaje de impunidad en los últimos siete años ya que las autoridades fueron incapaces de frenar la implacable violencia contra la prensa local. Filipinas, donde los asesinatos aumentaron dramáticamente tras la masacre de 2009 en Maguindanao, presentó el segundo mayor incremento: el puntaje en 2014 ha aumentado en más del 80 por ciento desde 2008. Brasil, que pasó a integrar el índice en 2009, desde entonces ha aumentado el puntaje de impunidad en más del 70 por ciento. El puntaje de India, Iraq y Sri Lanka ascendió levemente. En Rusia, los esporádicos enjuiciamientos fueron neutralizados por nuevos casos de asesinato y por ello hoy tiene el mismo puntaje que el que tenía hace siete años.
Colombia registró el cambio más positivo. El puntaje de 2014 disminuyó a menos de un tercio del valor de 2008, una mejora que obedece menos a la impartición de justicia –solamente ha habido dos condenas en Colombia en los últimos 10 años– y más a la reducción en general de la cantidad de ataques en que mueren periodistas. Tres naciones, Sierra Leona, Bangladesh y Nepal, salieron completamente del índice, también en mayor parte debido a la disminución de la violencia contra la prensa, fenómeno que está vinculado a transformaciones políticas en la vida nacional de esos países.
Condenas en los casos de asesinato de periodistas, 2004 – 2013:
El alza reciente en la cifra de condenas debe ser analizado en su debido contexto. De 2004 a 2013, las autoridades lograron condenas únicamente en 41 de los casos en que el CPJ había atribuido el asesinato del periodista al ejercicio del periodismo. En el mismo período, hubo un total de 370 asesinatos. De todas maneras, la tendencia es alentadora, puesto que 26 de esas condenas fueron dictadas en los últimos cinco años, en comparación con apenas 15 condenas en el lustro previo. El año pasado hubo un relativo auge, dado que a escala global las autoridades obtuvieron ocho condenas, inclusive en países con largo y voluminoso historial de impunidad como Rusia, Filipinas y Brasil. En 2004, solamente hubo una condena.
Ocho ejemplos de justicia en un año en que 31 periodistas cayeron asesinados por ejercer la profesión no es una cifra para celebrar, pero en comparación con el pésimo historial de años anteriores, constituye un cambio significativo.
Debido a su reciente mejora en el Índice de Impunidad del CPJ, Colombia es un ejemplo esperanzador, pero que también muestra el largo camino que se debe recorrer para alcanzar la plena justicia.
En los últimos siete años, Colombia ha reducido en más del 50 por ciento el puntaje de impunidad, y ha ascendido del quinto al octavo puesto en la clasificación global de países con los peores registros en cuanto a justicia por los asesinatos de periodistas se refiere.
Con frecuencia se le atribuye al programa colombiano de protección de periodistas, que ofrece escoltas o ayuda para reubicar a periodistas amenazados, la mejora registrada en el historial de violencia contra la prensa de Colombia, que solía estar entre los peores del mundo.
Sin embargo, en gran medida la mejora del país parece ser una consecuencia de la disminución del conflicto armado que en los últimos 50 años ha enfrentado al gobierno con dos grupos guerrilleros marxistas. Hasta hace poco, en el conflicto también participaban paramilitares de derecha que con frecuencia colaboraban con las fuerzas armadas. Estos cuatro actores armados han sido responsables del asesinato de periodistas.
La violencia ha disminuido y, junto con ella, los asesinatos de periodistas. Grupos armados ilícitos, políticos corruptos y otros actores continúan amenazando a los periodistas, pero en la actualidad los actos de intimidación terminan más en la autocensura que en el asesinato, de acuerdo con Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Vaca se refirió a esta mejora gradual como ir de “muy mal” a “mal”.
El gobierno está reorganizando la Fiscalía General de la República para crear un equipo especial que investigue los asesinatos de periodistas. No obstante, hasta el momento no se han registrado mejoras en cuanto a rapidez o eficacia en la resolución de estos casos, según Vaca.
El sistema jurídico tradicional de Colombia continúa causando frustración por su lentitud, pero se pudiera lograr algún grado de esclarecimiento, aunque no de resolución, por medio de la llamada justicia transicional. El término se refiere a un conjunto de medidas tanto judiciales como alternativas que se proponen otorgar reparaciones por las violaciones generalizadas de los derechos humanos en sociedades que se encuentran en transición de una situación de conflicto armado a una situación de paz.
Por ejemplo, según lo previsto en una ley aprobada en 2005 que otorgó leves penas a cambio del desarme y la confesión de los delitos, varios líderes paramilitares explicaron su papel en el asesinato de dos periodistas en el departamento de Arauca a principios de la década 2001-2010. Aunque todavía no ha habido condenas en esos casos, los familiares sobrevivientes al menos tienen más información sobre lo que sucedió.
Por otra parte, en virtud de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, el gobierno ha otorgado reparaciones a miles de víctimas de violaciones de los derechos humanos –entre ellos periodistas– que tenían derecho a recibir protección del Estado frente a tales actos de violencia.
Además, el gobierno ha realizado varios gestos simbólicos para comenzar a reparar el profundo daño que el conflicto armado causó al gremio periodístico colombiano. En febrero, la Unidad de Víctimas del gobierno celebró una ceremonia especial en Bogotá en honor a los periodistas colombianos asesinados, y la ceremonia contó con la presencia del presidente Juan Manuel Santos. “No es lo mismo a que un tribunal ponga a los asesinos en la cárcel”, señaló Vaca. “Pero sí ayuda a cerrar las heridas”.
Pese a lo anterior, en la búsqueda de justicia plena en los casos de periodistas asesinados los avances de Colombia han sido muy irregulares. Claro ejemplo de ello es el caso de Luis Eduardo Gómez.
Periodista freelance, Gómez también era testigo del gobierno en una investigación de los vínculos entre políticos colombianos y grupos paramilitares, una relación sobre la cual escribía con frecuencia. El 30 de junio de 2011, un sujeto no identificado asesinó a disparos a Gómez, de 70 años de edad, en Arboletes, su pueblo natal ubicado al norte del país, y huyó en una motocicleta.
Por un tiempo, el gobierno colombiano parecía haber logrado avances en el caso. También había accedido a otorgar reparaciones a la viuda de Gómez. El año pasado, el director general de la Policía Nacional de Colombia, Rodolfo Palomino, anunció la captura de Hermes Rebolledo, ex líder paramilitar a quien Palomino vinculó con el asesinato de Gómez.
Sin embargo, posteriormente la Fiscalía General declaró que, si bien Rebolledo era investigado por el delito de narcotráfico y otros, no se le había vinculado con el asesinato del periodista. Tres años después de la muerte de Gómez, el caso sigue sin resolverse. El caso está en la lista del CPJ dedicada a casos pendientes de confirmación, lo cual significa que el CPJ aún no ha determinado si la actividad periodística fue el móvil del crimen.
Cuando un periodista colombiano muere asesinado, casi siempre la justicia es inalcanzable o incompleta. Desde 1977, la FLIP ha documentado 142 casos de periodistas que fueron asesinados por su labor informativa. De este total, aproximadamente la mitad han sido cerrados porque venció el plazo de prescripción del delito, que es de 20 años. La Fiscalía General no pudo ofrecer ninguna información sobre 30 casos porque al parecer los expedientes se habían extraviado o traspapelado. En total, las autoridades judiciales han dictado solamente 19 condenas.
El CPJ, que comenzó a recopilar estadísticas sobre los asesinatos de periodistas a partir de 1992 y utiliza una metodología diferente a la de la FLIP, ha documentado 45 casos de periodistas que fueron muertos por ejercer la profesión en Colombia, y otros 33 casos en los cuales no se ha esclarecido el móvil del crimen. En los casos de asesinato en que el CPJ ha confirmado que el ejercicio del periodismo fue el móvil del crimen, existe impunidad en el 88 % de ellos, y en la mayor parte del resto solamente se ha logrado justicia parcial.
Inclusive cuando las autoridades capturan a los autores materiales de los crímenes y los condenan, los autores intelectuales casi siempre quedan en libertad, según datos del CPJ. Con frecuencia las investigaciones no llegan a ninguna parte debido a problemas como la asignación excesiva de casos a los fiscales, la falta de intercambio de información, la manipulación indebida de los elementos de prueba y la corrupción de funcionarios del aparato judicial.
Alejandro Ramelli, titular de una unidad de la Fiscalía General con sede en Bogotá y experto en delitos contra periodistas, atribuyó la impunidad generalizada a dos principales factores. En una entrevista de 2013 con el CPJ, Ramelli señaló los problemas estructurales en el sistema judicial, y la obsesión de los fiscales con el último eslabón de la cadena –los autores directos de los asesinatos de periodistas– y no con las organizaciones criminales y los políticos corruptos que a menudo están implicados en los asesinatos.
Los asesinatos continúan: en 2013, un periodista y un trabajador de apoyo de medios murieron asesinados en Colombia en represalia directa por su trabajo. Un periodista de la principal revista de noticias del país escapó ileso de un atentado, mientras que en varias zonas del país los periodistas fueron objeto de reiteradas amenazas y, en algunos casos, se vieron obligados a huir de sus hogares y del país. En una intervención en la UNESCO ante un público reunido en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa en 2013, la periodista Claudia Julieta Duque, víctima de una larga campaña de acoso e intimidación que la obligó a exiliarse temporalmente en varias ocasiones, declaró: “La protección es buena, pero las personas responsables de la impunidad deben enfrentar repercusiones”.