Por Borja Bergareche y Jean-Paul Marthoz, corresponsal y representante, respectivamente, del CPJ en Europa
La inclinación del gobierno de Marruecos por acusar de terrorismo a periodistas y medios de prensa que informan sobre grupos extremistas se ha extendido a España, donde las autoridades investigan al diario El País y a uno de sus periodistas a petición de las autoridades marroquíes.
La Fiscalía española inició una investigación contra El País y contra Ignacio Cembrero, excorresponsal en el Magreb, tras la presentación de una denuncia penal por parte del primer ministro marroquí el 20 de diciembre pasado. El gobierno marroquí acusa al diario español de enaltecimiento del terrorismo en relación a una entrada de Cembrero en su blog, albergado en la página web de El País, en septiembre del 2013. La entrada de blog contenía un enlace a un video sobre Marruecos publicado en Internet y atribuido a la rama magrebí de Al-Qaeda.
El 20 de marzo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el tribunal penal central español, abrió unas diligencias de investigación y se comunicó con El País, diario líder en España, para solicitar información sobre el enlace, según confirmaron al CPJ tanto la Fiscalía como un representante de El País. Pedro Zuazua, director de comunicación de El País, aseguró al CPJ que el periódico ha cumplido con la solicitud pero aún no ha visto una copia de la denuncia, en espera de que un juez de instrucción penal decida si da trámite a la denuncia o la desestima.
“Es obvio que El País no ha ayudado a Al Qaeda y que no teníamos ningún tipo de fines propagandísticos. Nos hemos limitado a transmitir información veraz con y de interés público”, señaló Zuazua.
Las imputaciones contra el diario español suceden en vísperas de la primera visita oficial de John Kerry, secretario de Estado de EE. UU. a Marruecos, “país considerado un importante aliado de Estados Unidos en el combate contra la ideología islámica radical”, de acuerdo con la agencia de noticias Agence France-Presse.
Las autoridades marroquíes ya anunciaron su intención de interponer una denuncia penal contra El País el 17 de septiembre del 2013 –el mismo día que Ali Anouzla, director de la edición en árabe del portal digital de noticias Lakome, fue arrestado en relación con el mismo caso–. Un artículo de Lakome que trataba sobre el terrorismo y la corrupción en Marruecos hacía mención al video y contenía un enlace a la entrada de Cembrero en su blog, titulado Orilla Sur. El blog, a su vez, contenía un enlace al video, subido a YouTube con el título “Marruecos: reino de la corrupción y el despotismo”. Según Cembrero y Lakome, el video muestra a Abdelamalek Droukdal, un líder de la rama de Al-Qaeda en el Magreb, “aconsejando” a jóvenes marroquíes que se unan a su grupo en lugar de “emigrar a España en patera“, en referencia a las pequeñas lanchas empleadas por los inmigrantes para cruzar el estrecho de Gibraltar.
El video, de 41 minutos de duración, fue objeto de múltiples menciones en los medios marroquíes y suscitó preocupación en las autoridades marroquíes, que lo consideran el primer video que la rama magrebí de Al-Qaeda dirige directamente a la sociedad marroquí. Tanto Lakome como Cembrero lo calificaban de instrumento propagandístico, y El País retiró el enlace de su sitio web el 17 de septiembre. Posteriormente, el video también fue retirado de YouTube, a petición de las autoridades marroquíes, según Lakome. YouTube declaró que había retirado el video porque incumplía su normativa sobre la violencia, según fuentes noticiosas. No obstante, las autoridades marroquíes han entablado denuncias penales contra ambos periodistas y las publicaciones donde trabajan.
“El video atribuido a Al-Qaeda en el Magreb Islámico permaneció enlazado en varios sitios web, entre ellos muchos portales en inglés especializados en terrorismo, y Marruecos no ha iniciado ningún proceso judicial contra ellos”, Cembrero expresó al CPJ. El veterano periodista es uno de los corresponsales en el Magreb más respetados de Europa, pero el 5 de febrero El País le comunicó que dejaría de trabajar en la cobertura informativa de la región y lo reubicó en el suplemento Domingos. “No lo puedo demostrar, pero no tengo ninguna duda de que la decisión del periódico de reubicarme está vinculada directamente a la denuncia de Marruecos”, Cembrero manifestó al CPJ.
El País rechaza esa aseveración. “El País cambia muchas veces a los periodistas de sección, son decisiones internas de diario que no responden, en ningún caso, a razones no periodísticas”, Zuazua declaró al CPJ.
Las autoridades marroquíes otorgaron la libertad bajo fianza a Anouzla el 25 de octubre, a raíz de los llamados en favor de su excarcelación por parte de organizaciones de derechos humanos y de defensa de la libertad de prensa, entre ellos el CPJ. Anouzla está a la espera de juicio, cuyo inicio está previsto para el 20 de mayo, y será procesado por el delito de “defender acciones que equivalen a delitos de terrorismo” y “proporcionar asistencia a responsables o cómplices de actos de terrorismo”, según la Fiscalía marroquí.
La edición en francés de Lakome publicó un artículo el mismo día que la edición en árabe e incluyó un enlace directo al video de YouTube. El sitio web en francés es dirigido por Aboubakr Jamai, periodista residente en Alemania que recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ en el 2003. Jamai no ha sido objeto de ninguna denuncia penal ni de hostigamiento en relación con su artículo, conforme manifestó al CPJ, pero se mostró preocupado por las implicaciones de la denuncia penal interpuesta por Marruecos en Madrid.
“La decisión de la Fiscalía española de iniciar una investigación debe ser denunciada porque envalentonará al gobierno marroquí contra Anouzla. La decisión de la Fiscalía es problemática ya que se trata de una decisión ad hoc, pues en España se han publicado innumerables videos de Al-Qaeda sin que el gobierno español jamás haya abierto un proceso penal”, Jamai indicó al CPJ.
Las investigaciones realizadas por el CPJ muestran que el gobierno marroquí toma represalias contra periodistas y medios de prensa que ofrecen una cobertura informativa crítica respecto a temas considerados tabú, como por ejemplo la salud del monarca o la familia real. El recurso a la legislación antiterrorista adoptada en el 2003 en el proceso contra Anouzla constituye, además, una táctica común utilizada con frecuencia por aquellos gobiernos que tratan de suprimir los medios críticos. El CPJ ha constatado un aumento significativo en el encarcelamiento de periodistas desde el 2000, un año antes de que los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos estimularan la expansión de leyes antiterrorismo y sobre la seguridad nacional en todo el mundo.
“El gobierno marroquí es muy consciente de su reputación internacional y, al mismo tiempo, es un hábil operador de relaciones públicas, y desea ocultar la dura realidad del retroceso en materia de libertad de prensa de los últimos 10 años”, declaró Kamel Labidi, periodista independiente tunecino y exconsultor del CPJ. “Pero también necesita probar que el caso Anouzla no es un caso aislado y que se toma muy en serio la amenaza del terrorismo, inclusive si ello conlleva a tomar medidas contra un diario tan prestigioso como El País“, agregó el periodista.
En su censo anual realizado el 1 de diciembre del 2013, el CPJ anunció que 211 periodistas se encontraban en prisión (el segundo peor registro anual constatado), 124 de los cuales estaban encarcelados en virtud de acusaciones de terrorismo u otros delitos contra la seguridad del Estado. En el 2012, cuando la cifra de periodistas presos alcanzó su máximo registro, 232 casos, 132 estaban en prisión por acusaciones de delitos similares. Según un análisis del CPJ, los gobiernos se aprovechan de estas leyes para amordazar a periodistas críticos que informan sobre temas sensibles como los grupos insurgentes, la oposición política, la corrupción y las minorías étnicas.
NOTA DEL EDITOR: Borja Bergareche es corresponsal del diario español ABC, que compite con El País.