Por John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina
En un contexto de espiral inflacionaria y el desabastecimiento de productos básicos, las autoridades venezolanas sostienen que se está librando una “guerra económica” contra el gobierno socialista del presidente Nicolás Maduro. El gobierno ha respondido obligando a empresas a rebajar los precios, arrestando a empresarios a quienes acusa de acaparamiento –y enfocándose en los periodistas que intentan informar sobre la difícil situación económica.
En los últimos dos meses, las autoridades han detenido brevemente a varios periodistas. El director del principal diario financiero de Caracas fue despedido después de que Maduro se quejó de un artículo. Aparentemente a petición de Maduro, la Fiscalía General de la República investiga a los periódicos por sus artículos sobre la economía nacional. Altos funcionarios reprenden a los periodistas por emplear palabras como “escasez” o por informar sobre episodios aislados de saqueo. Estas restricciones se aplican en la antesala a las elecciones municipales que se celebrarán en toda Venezuela este domingo y que en general son consideradas como un referendo sobre la gestión de Maduro.
“El gobierno se da cuenta de que la situación económica es extremadamente crítica y que podría provocar una explosión social”, expresó al CPJ Marianela Balbi, directora de la sede en Venezuela del Instituto Prensa y Sociedad. “Por ello, están dirigiendo gran parte de su atención a la cobertura informativa de la economía”.
Los noticieros de televisión han suavizado el tratamiento informativo, en particular tras la venta, efectuada en abril, de Globovisión, el último canal de TV venezolano que criticaba abiertamente al gobierno, a un grupo empresarial con estrechos vínculos con el gobierno de Maduro. Como resultado, la mayor parte de la ira del gobierno se ha enfocado en los periódicos que informan sobre cómo las políticas gubernamentales han desempeñado un importante papel en el origen de los problemas económicos y cómo el desabastecimiento y una de las tasas de inflación más elevadas del mundo impactan a sus lectores.
En octubre, el periódico Diario 2001 fue blanco de un agresivo ataque verbal del presidente Maduro por contar cómo los conductores de vehículos automotores tenían que acudir a varias gasolineras para encontrar gasolina de 95 octanos y así llenar el tanque de sus vehículos. Maduro calificó el artículo de mentira y declaró que el responsable del atrevido titular –“La gasolina la echan con gotero”– tenía que ir preso.
“Lo que está haciendo Diario 2001 es un delito”, Maduro expresó en un discurso transmitido por televisión mientras mostraba un ejemplar del periódico. “Y no lo podemos permitir quienes tenemos responsabilidades en el Estado venezolano, porque tenemos que proteger al pueblo de Venezuela. ¡Ya basta ya dije yo!”.
Poco después, la Fiscalía inició una investigación del periódico por la presunta difusión de información falsa. Luz Mely Reyes, directora de Diario 2001, declaró al CPJ que la habían citado como testigo en relación con las fuentes periodísticas empleadas en el artículo. Reyes agregó que la investigación sigue su curso.
El 1 de noviembre, efectivos de la Guardia Nacional detuvieron a tres periodistas de Diario 2001 por corto tiempo –y agredieron a uno de ellos— por cubrir un tumulto en el cual cientos de personas que hacían cola desde las 4 a.m. en una feria de alimentos para comprar carne de cerdo rebajada, un producto difícil de encontrar en los supermercados, rompieron las barreras de seguridad en un acto de desesperación. Posteriormente, el Banco de Venezuela, la única entidad estatal que anunciaba en Diario 2001, retiró la publicidad.
“Mis periodistas se sienten intimidados y desprotegidos. ¿Qué haces si el presidente comienza a insultarte? No tienes forma de defenderte”, declaró Reyes al CPJ. “No sé si tendremos la fuerza para resistir si el gobierno vuelve a emprenderla contra nosotros”.
Un periodista que intentó, en vano, resistir fue Omar Lugo, quien ejercía como director del diario financiero El Mundo, Economía y Negocios. El diario era criticado con frecuencia por el fallecido presidente Hugo Chávez, quien murió de cáncer en marzo, pero para Lugo las críticas eran motivo de orgullo y ayudaban a impulsar las ventas de ejemplares.
Pero en junio, la Cadena Capriles –la empresa de medios propietaria de El Mundo y del diario Últimas Noticias, el de mayor circulación nacional– fue vendido a un grupo de inversionistas que, se rumoraba, mantenían estrechos vínculos con el gobierno de Maduro. (El líder opositor Henrique Capriles, derrotado por Maduro en las elecciones presidenciales de abril, tiene un parentezco lejano con los anteriores propietarios de la Cadena Capriles, pero nunca ha poseído una participación en la empresa).
Lugo declaró al CPJ que a partir de octubre los nuevos propietarios comenzaron a presionarlo para que publicara artículos más favorables al gobierno. Lugo se negó, planteando que era imposible dar una imagen positiva de la situación económica del país. El periodista sabía que sus días estaban contados y, en efecto, lo estaban.
Empleando datos de fuentes gubernamentales oficiales, Lugo publicó un artículo de portada el 15 de noviembre que mostraba que las reservas de divisas del Banco Central de Venezuela se habían ubicado en su nivel más bajo en los últimos nueve años. En alusión a las rebajas de precios que los inspectores gubernamentales habían impuesto a muchos comercios venezolanos, Lugo encabezó el artículo con el titular: “Rebajas llegan a las reservas del Banco Central”.
El artículo al parecer provocó la ira de Maduro. En una intervención televisada al día siguiente, Maduro acusó al periódico de realizar cálculos falsos –a pesar de que se sustentaban en datos gubernamentales– y reprendió a los nuevos propietarios del periódico, quienes despidieron a Lugo el lunes siguiente.
“Los dirigentes del gobierno quieren administrar las noticias sobre la economía en medio de una crisis económica”, expresó Lugo, quien está buscando empleo. “Actúan como generales en una guerra que quieren censurar la información para que no afecte la moral de las tropas”.
El despido de Lugo creó un clima de temor en el edificio sede de la Cadena Capriles, donde los periodistas de Últimas Noticias y El Mundo comparten la redacción. Un grupo de periodistas divulgaron un comunicado que calificó la medida de “atropello a la libertad de expresión y de información” y abrieron la cuenta @UNsinCensura en Twitter para ofrecerles a los seguidores información de primera mano acerca de cómo los presionan para acatar la línea informativa del gobierno.
Los corresponsales extranjeros no han estado exentos de las restricciones informativas. Jim Wyss, jefe de la corresponsalía del diario The Miami Herald para la región andina, fue detenido el 11 de noviembre en San Cristóbal, ciudad en la frontera con Colombia, mientras investigaba el auge del contrabando en la región.
Una razón de la escasez es que algunos productos esenciales como el aceita de cocina, el arroz, la harina y otros, son transportados como contrabando a Colombia, donde se venden a precios seis o siete veces más elevados que el precio oficial en Venezuela. Wyss intentó entrevistar a militares –a quienes muchos acusan de estar implicados en el contrabando–, pero en lugar de hablar con él, lo arrestaron.
Wyss fue llevado en avión a Caracas y liberado poco después. Las autoridades venezolanas afirmaron que lo habían detenido porque no se había inscrito para solicitar las credenciales de prensa del Ministerio de Comunicación, un trámite que ahora es obligatorio para todos los corresponsales extranjeros cada vez que visiten el país. Wyss, quien ha escrito sobre Venezuela por muchos años, sostuvo que el episodio era preocupante.
“Mi situación duró aproximadamente 48 horas”, escribió Wyss posteriormente acerca de su detención. “Tuve una suerte excepcional. El Miami Herald, el Departamento de Estado de EE.UU., aerolíneas, periodistas locales y personas completamente extrañas presionaron para que me liberaran. Les estoy agradecidos a todos ellos”.