Bogotá, 1 de octubre de 2013–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena el asesinato del voceador de un diario colombiano que colaboró con periodistas en la revelación de conducta inapropiada de guardias de una cárcel local y exhorta a las autoridades a investigar el crimen.
Atacantes no identificados dispararon varias veces contra José Darío Arenas, de 31 años, en el municipio de Caicedonia en el departamento occidental de Valle del Cauca, según informes de prensa. Arenas había vendido ejemplares del diario Extra Quindío de Armenia, la capital del departamento vecino de Quindío, según indicaron los informes.
La nota principal de Extra Quindío el sábado, que fue escrita por el reportero Andrés Mauricio Osorio, se refirió a los reclamos presentados por familiares de reclusos quienes afirmaron haber sido maltratados por guardias de la prisión en Caicedonia. Osorio señaló al CPJ que Arenas le había presentado la idea sobre el artículo, lo había ayudado a conseguir fuentes y había tomado fotografías para la nota periodística. Arenas era voceador del diario y colaboraba para la publicación desde que el periódico no tenía un reportero permanente en el municipio, según informó Osorio al CPJ.
Osorio sostuvo que José Daniel Ocampo, un vendedor ambulante en la prisión quien fue citado en el artículo con comentarios críticos sobre los guardias, recibió una llamada amenazante después del asesinato con el siguiente mensaje: “Ya había caído el primero”. El artículo citó a Ocampo diciendo que él sabía sobre otro tipo de mala conducta por parte de los guardias.
Dos policías en Caicedonia se rehusaron a especular sobre el motivo del asesinato y alegaron que la investigación está en curso. Un vocero del INPEC, la autoridad carcelaria en Colombia, no respondió a llamados del CPJ para efectuar comentarios.
Juan Carlos Pérez, un fotógrafo de Extra Quindío, afirmó creer que el asesinato estuvo directamente relacionado con el artículo sobre los guardias de la cárcel y que pudo haber sido un ataque preventivo para asustar a reporteros y que no sigan investigando. Pérez sostuvo que las prisiones colombianos han estado plagadas de problemas como por ejemplo prisioneros que trafican drogas, negocios extorsivos, secuestros y asesinados que se ordenan desde la prisión y guardias que facilitan ostentosas fiestas para reclusos. En los últimos años, dichos escándalos han provocado la renuncia de numerosos jefes penitenciarios y directores del INPEC.
“La muerte de José Darío Arenas simboliza cuán lejos pueden llegar los responsables de crímenes y abusos oficiales en Colombia en su afán por detener el flujo informativo”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Las autoridades colombianas deben investigar el crimen de forma exhaustiva, incluyendo la posibilidad de participación por parte de los guardias de la cárcel, y enjuiciar a los responsables”.
Arenas estaba casada y tenía tres hijos.
Colombia está atravesando este año un resurgimiento de la violencia y la intimidación contra periodistas. En septiembre, Édison Alberto Molina, un abogado y politico, quien conducía un programa donde denunciaba corrupción oficial, fue asesinado a balazos en la ciudad de Puerto Berrío. Ricardo Calderón, quien conduce la unidad de investigación de la revista Semana, escapó por poco de un intento de asesinato el 1 de mayo, según informes de prensa.