Por Sara Rafsky/Investigadora Asociada del programa de las Américas
El Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, dominó los titulares de los medios en agosto de 2010 tras una reunión con los directores de Papel Prensa, fabricante de papel para periódicos. Moreno sacó un par de guantes de boxeo, solicitó a las mujeres que salieran de la reunión y, tras apagar las luces, desafió a los hombres a pelear. La agresiva invitación del funcionario, aunque presumiblemente en broma, preparó el terreno para el debate legislativo que tuvo lugar en diciembre sobre el destino de Papel Prensa, una discusión igualmente combativa a pesar de que faltaban los accesorios pugilísticos.
La controvertida legislación, aprobada por el Senado el 22 de diciembre y rápidamente promulgada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, establece que el papel para periódicos es un bien de interés público y permanecerá desde la sanción de la ley bajo regulación gubernamental. Pero en lugar de concluir con el debate, la ley ha intensificado la larga y áspera batalla entre el gobierno de Kirchner y los dos principales diarios del país: Clarín y La Nación.
Papel Prensa, el único fabricante argentino del papel para periódicos, es propiedad de Clarín (49%), La Nación (22.5%) y el Estado (aproximadamente 27.5%). La nueva legislación estipula que la empresa debe producir a un nivel que satisfaga plenamente la totalidad de la demanda de los periódicos nacionales. En caso contrario, la norma le otorga al Estado el derecho de ampliar su inversión en la empresa. Uno de los artículos que ha generado la mayor controversia, el artículo 41, señala que si la inversión del Estado sobrepasa a la de los otros accionistas, “…la participación accionaria del Estado nacional en Papel Prensa S. A…se ve acrecentada eventualmente mediante este mecanismo”. La ley también establece la creación de una comisión federal asesora para asistir al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de controlar el cumplimiento de la ley. La comisión será integrada por un representante de los diarios de cada una de las provincias argentinas, con excepción de aquellos que participen en la producción de papel, efectivamente excluyendo a Clarín y La Nación. Será supervisada por el Ministerio de Economía.
Eso es, en pocas palabras, lo que dice la legislación. Las interpretaciones de lo que significa para la prensa argentina varían mucho de acuerdo con las afiliaciones políticas. Las páginas de opinión de los diarios argentinos, a ambos lados del espectro político, utilizan el léxico de la libertad de expresión, pero presentan visiones radicalmente distintas de ese panorama. La división, en su mayor parte, enfrenta a Clarín y La Nación, que tienen intereses obvios en juego, con los grupos de medios privados que se han alineado con el gobierno de izquierda, y resultan muchas veces recompensados con generosas cantidades de publicidad oficial, según explica la investigación del CPJ. Estas opiniones contradictorias son emblemáticas de la profunda polarización política que ha irrumpido en Argentina en los últimos años.
El gobierno considera injusto que Clarín y La Nación controlen el mercado de papel para periódicos para sus competidores, y el principal objetivo declarado en la legislación es “proponer medidas tendientes a ampliar el espectro de diversidad, democratización y federalización de la prensa escrita”.
“En este momento, lo que hay es un uso de la provisión de papel por parte de los particulares, que son los que tienen la mayoría de esa empresa”, indicó al semanario Perfil Horacio Verbitsky, reconocido periodista argentino, ex ganador del Premio Internacional a La Libertad de Prensa del CPJ, y presidente de una importante organización de derechos humanos. “Han utilizado ese monopolio para sofocar a la competencia…haciéndolos incurrir en mayores costos, para ahogarlos, para quitarles la posibilidad de crecer”, señaló Verbitsky (quien ha sido criticado por algunos sectores por su apoyo al gobierno de Kirchner). La Sindicatura General de la Nación, un organismo bajo control del poder ejecutivo, distribuyó un informe que acusó a Clarín y La Nación de usar la mayoría del papel que produce Papel Prensa para sí mismos y vender el resto a los demás grupos de medios a un precio mayor, según informes de prensa. Como la oferta no satisface totalmente la demanda, otras publicaciones deben importar papel para periódicos. “La concentración de Clarín y La Nación del mercado de papel castiga al consumidor final, disminuye la competencia, aumenta los precios y hace abuso de la posición dominante”, indicó el informe, según un artículo publicado en el diario Página 12.
La Nación, sin embargo, defendió a Papel Prensa por señalar que satisface el 70 por ciento de la demanda nacional; cualquier publicación que no le compra a Papel Prensa puede importar papel sin aranceles de fuentes extranjeras, muchas veces a un costo menor. Justificó la incapacidad de la empresa para cumplir con la demanda haciendo hincapié en que ninguna otra empresa ha estado dispuesta a invertir en el sector y que el único otro fabricante de papel para periódicos, Papel de Tucumán, dejó de producir años atrás porque no era rentable. (Papel Prensa registró poco más de 900 mil dólares estadounidenses en ganancias en 2010, según información reproducida por Bloomberg Businessweek).
El gobierno y los dos principales diarios han invocado argumentos más trascedentes para defender sus posiciones sobre Papel Prensa. El gobierno ha manifestado que la ley diversificará y democratizará a los medios y por ende garantizará la libertad de prensa. Clarín y La Nación, al citar al artículo que permite al estado incrementar su participación accionaria en la empresa, interpretan la ley como un intento velado de tomar el control de Papel Prensa. ADEPA, el grupo que defiende los intereses de los directores de diarios, indicó que “configura un grave ataque a la libertad de expresión. Vulnera preceptos constitucionales y principios internacionales, como el expresado en el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Clarín también alegó que la ley es inconstitucional y publicó en la portada de su edición del 18 de diciembre el artículo 32 de la constitución argentina, que establece que el Congreso no puede dictar leyes que “restrinjan la libertad de prensa o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. En una guerra de titulares, el diario progubernamental Tiempo Argentino respondió al día siguiente titulando en la portada con el artículo 42 de la constitución argentina, que otorga al estado el derecho de garantizar una información adecuada y veraz y de controlar los monopolios, y el mismo artículo de la Convención Americana citado por ADEPA, pero poniendo énfasis en el impedimento de “controles particulares de papel para periódicos”.
Papel Prensa es el último frente de una prolongada batalla entre la administración Kirchner y los dos principales diarios, particularmente Clarín (propiedad del Grupo Clarín, uno de los mayores conglomerados de medios en América Latina). El gobierno ha acusado desde hace tiempo al Grupo Clarín, que tiene diarios, estaciones de radio, canal abierto y de televisión por cable, y un servicio proveedor de Internet, de prácticas monopólicas. Los críticos del gobierno, por su parte, alegan que el verdadero objetivo de Kirchner es atacar y silenciar a las empresas de medios que han sido fuertemente críticas de su administración. La disputa entre el gobierno y el Grupo Clarín, que en un principio se mostraron muy cercanos, ha ido en aumento desde el conflicto de 2008 con el sector agropecuarios sobre un aumento de impuestos a la exportación, cuando la cobertura de Clarín sobre la administración se volvió negativa y crítica. El gobierno respondió acusando al grupo mediático de informar de modo sesgado.
Clarín ha sido desde entonces sujeto de acoso oficial, según indica la investigación del CPJ, incluyendo el allanamiento a sus oficinas por parte de inspectores impositivos luego de un artículo crítico sobre un organismo de gobierno, daños cometidos contra sus corresponsalías, bloqueos a sus plantas impresoras, carteles y grafitis negativos en contra de sus ejecutivos y periodistas. Distintos analistas han sugerido que algunas cláusulas de la ley de medios sancionada en 2009 que creó un nuevo organismo regulador también fueron diseñadas para debilitar al Grupo Clarín. Mientras el gobierno sostuvo que la ley fue diseñada para limitar a los monopolios, y democratizar la radio y la televisión, los propietarios de medios y políticos de la oposición señalaron que se trata de una herramienta del gobierno para ejercer mayor control sobre los contenidos y obligar a las compañías de medios a deshacerse de algunas inversiones. (La implementación de esta cláusula aún está detenida por medidas cautelares en la justicia).
La pelea ha sido aún más fuerte cuando los sectores en pugna buscaron argumentos históricos para esgrimir en su contra. Ejecutivos de Clarín han sido acusados de actuar en colusión con la dictadura militar no sólo para forzar la venta de Papel Prensa de su propietario original (cuya familia fue luego arrestada y torturada por la junta) pero también de adoptar ilegalmente a hijos de personas asesinadas por el régimen de facto. La venta de Papel Prensa está aún bajo investigación. La acusación de adopción ilegal ha sido refutada por exámenes de ADN y el grupo Abuelas de Plaza de Mayo, que defendió la realización de las pruebas, ha dicho que el caso está resuelto por la ley, aunque la implicación de la propietaria de Clarín con uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina refleja el nivel de animosidad que algunos argentinos sienten hacia el conglomerado de medios. Clarín y La Nación han sido ambos criticados por mantenerse en silencio sobre los crímenes de la dictadura y muchos creen que este alineamiento con los militares les permitió obtener demasiada influencia.
En las últimas semanas, la disputa se ha profundizado con el allanamiento en las oficinas de una compañía de cable que es propiedad de Clarín por cargos de “abuso de posición dominante” y una inhibición de los bienes de La Nación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos por supuestas deudas. Los críticos de Kirchner temen que estas medidas sean sólo las más recientes dentro de una embestida sostenida contra una de las únicas instituciones que todavía puede controlar el poder del gobierno.
Aunque pueda parecer curioso que estas contiendas aún se estén librando sobre algo tan anticuado como los medios impresos, el debate va mucho más allá del todavía robusto mercado de diarios en Argentina. La disputa refleja la historia turbulenta del país y su polarización política más reciente. Es poco probable que esta división disminuya, no importa quién controle Papel Prensa.