18 de enero de 2012
José Miguel Insulza
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
1889 F Street N.W.
Washington, D.C. 20006
Estimado Sr. Insulza:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha estado monitoreando con creciente preocupación la ofensiva lanzada por el gobierno de Ecuador que tiene como objetivo el debilitamiento del sistema interamericano de derechos humanos, un esfuerzo que, de tener éxito, podría representar un serio golpe contra la libertad de expresión en el hemisferio.
En junio de 2011, la Organización de los Estados Americanos (OEA) creó un Grupo de Trabajo Especial compuesto por los Estados miembros con el objetivo declarado de fortalecer el sistema de derechos humanos. En diciembre, el grupo presentó un informe a la OEA que incluyó tres recomendaciones promovidas por el gobierno ecuatoriano que no sólo contradicen el supuesto propósito del grupo, sino que además podrían debilitar el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Lo instamos a repudiar públicamente cualquier intento de los Estados miembros para debilitar estas instituciones y a utilizar su liderazgo para asegurar que las recomendaciones fortalezcan el sistema interamericano de derechos humanos.
Estas recomendaciones fueron promovidas tras un ataque por parte del gobierno ecuatoriano contra la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a quien el presidente ecuatoriano Rafael Correa acusó de servir a los intereses de los grandes medios de comunicación. Presentadas en un lenguaje amplio e impreciso, las recomendaciones incluyen: impedir que la relatoría publique su propio informe sobre libertad de expresión en las Américas; restringir los fondos de la relatoría al no permitirle a buscar financiación independiente, y crear un código de conducta para incrementar el control de los Estados.
Como usted sabe, la Oficina de La Relatoría Especial de la CIDH, el órgano de monitoreo de derechos humanos de la OEA, fue creada en 1997 para promover temas sobre libertad de expresión en el hemisferio. Durante más de una década, ha contribuido al avance de la libertad de prensa. La relatoría ha hecho hincapié en la necesidad de acabar con impunidad en crímenes contra la prensa, ha denunciado censura gubernamental, ha liderado campañas para la eliminación de leyes de desacato y difamación y ha promovido el acceso a la información. Con el apoyo de la comunidad de derechos humanos y los medios regionales, este organismo ha insistido en la importancia de aplicar los más altos estándares internacionales sobre libertad de expresión.
La primera recomendación propuesta por el gobierno ecuatoriano estipularía que la relatoría abandone su informe anual a favor de publicar un resumen en el informe general de la CIDH. El informe anual de la relatoría ha sido una referencia sobre el estado de la libertad de expresión en las Américas. Al minimizar el informe su impacto será claramente menoscabado.
El mandato de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión le permite recaudar sus propios fondos; no recibe financiamiento de la OEA. La propuesta del gobierno ecuatoriano estipula una distribución “balanceada” de fondos, que es un intento de limitar la financiación de la relatoría y privar al organismo de recursos.
Usted ha sostenido con frecuencia que “no hay democracia sin plena libertad de expresión”. En un discurso en Bogotá, Colombia, en febrero de 2011, advirtió sobre la utilización de mecanismos legales por los Estados para “limitar la libertad de expresión”. Sin embargo, las recomendaciones propuestas tendrían exactamente ese efecto.
El CPJ considera que estas recomendaciones podrían dañar seriamente la labor significativa realizada por la relatoría especial. Reiteramos nuestra exhortación para que usted apoye plenamente el trabajo de la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión al denunciar públicamente cualquier intento de los Estados miembros que tengan como objetivo el debilitamiento de estas instituciones. Su legado como defensor de derechos fundamentales está en juego.
Gracias por su atención a este asunto urgente. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon
Director Ejecutivo