Tras la Primavera Negra, nueva ola de represión en Cuba

La liberación en marzo del último de los 29 periodistas encarcelados en una gran embestida contra la disidencia en 2003, marcó para muchos el fin de un oscuro período. Pero las autoridades cubanas aún persiguen a los periodistas independientes a través de arrestos arbitrarios, golpizas e intimidación. Un informe especial del CPJ por Karen Phillips

Publicado el 6 de Julio de 2011

Durante la primavera, Juan González Febles, director del sitio noticias de Internet Primavera Digital, estaba haciendo un mandado cuando se encontró con una noticia: la policía estaba trepando por el techo de su vecino en La Habana para retirar una antena de televisión satelital que el gobierno considera ilegal porque capta emisoras desde el exterior.

Cuando Febles comenzó a tomar fotografías con su teléfono celular, los agentes lo arrestaron rápidamente y lo llevaron a una estación de policía en el vecindario, donde fue retenido durante siete horas y obligado a borrar todas las imágenes del decomiso de la antena, un procedimiento altamente impopular de la policía. Febles, un ex bibliotecario que comenzó en el periodismo independiente en 1998 y que ahora dirige un sitio Web alojado en un servidor del exterior, indicó al CPJ que ya se ha acostumbrado a las detenciones. Fueron decenas de arrestos durante años, pero todavía le molesta que su teléfono sea interceptado, o ser objeto de seguimientos y vigilancia en las calles por agentes de la Seguridad del Estado. En ocasiones, los agentes le detienen y le cuentan lo que han escuchado en sus conversaciones privadas, agregó Febles.

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Tal es el estado actual de la represión en Cuba. En su búsqueda de mayor cooperación internacional, el gobierno del Presidente Raúl Castro dejó en libertad en 2010 a más de 20 periodistas independientes y a numerosos presos políticos detenidos desde 2003, en la ofensiva conocida como la Primavera Negra. Las autoridades hablan de reforma política y económica y apuntan a la introducción del servicio de Internet de alta velocidad programada para este verano en la isla. Pero, si bien el gobierno ha cambiado sus tácticas para suprimir información y las opiniones independientes, no ha abandonado sus prácticas restrictivas dirigidas a reprimir el libre flujo informativo.

Según una investigación del CPJ, el gobierno continúa persiguiendo de forma constante a los periodistas independientes, con medidas que incluyen arrestos arbitrarios, detenciones de corto plazo, golpizas, campañas de desprestigio, seguimientos y sanciones sociales. Si bien la nueva estrategia represiva aún no atrajo la atención internacional por tener un perfil más bajo que la redada masiva de la Primavera Negra, la represión del gobierno es constante y significativa.

El CPJ examinó la actuación del gobierno entre marzo y abril de 2011, dos meses en los que se produjeron hechos políticos sensibles, y encontró que varios periodistas fueron blanco de represión en más de 50 instancias. La mayoría de los casos involucraron arrestos por parte de agentes de la Seguridad del Estado o policías, según la investigación del CPJ, documentación de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) y Hablemos Press, una agencia de noticias especializada en la cobertura de temas sobre derechos humanos. Los periodistas fueron detenidos con mayor frecuencia, cuando se dirigían a cubrir una manifestación o un evento político, y fueron retenidos en comisarías de policía durante horas o días. En al menos 11 casos, los periodistas fueron víctimas de detenciones violentas, según indica la investigación del CPJ.

Durante este período, más de una decena de periodistas sufrieron arrestos domiciliarios que les impidieron informar sobre el Congreso del Partido Comunista en abril y, en marzo, sobre el octavo aniversario de la Primavera Negra, que resultó en el encarcelamiento de decenas de periodistas y disidentes. Aunque ningún periodista ha sido sentenciado a prolongadas penas de privación de libertad durante el último año, en mayo las autoridades condenaron a seis disidentes políticos a penas de cárcel de dos a cinco años, una medida alarmante.

“La represión política en Cuba ha sufrido una metamorfosis. Antes se basaba en largas condenas de prisión. Si bien el gobierno cubano aún encarcela a disidentes, se nota un cambio sustancial desde la Primavera Negra, que se caracterizó por castigos prolongados”, indicó Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la CCDHRN. Según afirmó Sánchez, ahora son más típicas las “numerosas detenciones por parte de la Seguridad del Estado, que duran horas, días o semanas”.

Tal vez contrariando la percepción inicial, la llegada de Internet de banda ancha no ha creado una expectativa de progreso en materia de libertad de expresión o acceso a la información. Si bien la iniciativa mejorará las pocas conexiones de Internet existentes -que predominan en organismos de gobierno, universidades y otras áreas aprobadas oficialmente– no extenderá la conectividad al público. Pero el gobierno y su legión de blogueros en la red alcanzarán una mayor ventaja tecnológica sobre las voces críticas. Tal como hacen hoy día, los periodistas independientes se verán obligados a usar costosos accesos a Internet en hoteles, conexiones clandestinas en el mercado negro, o el acceso ofrecido por embajadas extranjeras, con sus connotaciones políticas.

“Los blogueros oficialistas ya se benefician de conexiones a Internet libre o de bajo costo”, afirmó Laritza Diversent, abogada y bloguera independiente. “Ahora, también tendrán la ventaja de tener conexiones de alta velocidad”.

 

Una vasta y represiva estructura legal

Magaly Norvis Suárez, una corresponsal de Hablemos Press, ha sido detenida en tres ocasiones por la policía y agentes de la Seguridad del Estado durante 2011. En una de ellas, fue abofeteada y golpeada por agentes de policía. En otra circunstancia, los agentes tomaron su tarjeta de identificación y se la confiscaron por varios días, condenándola de hecho a un arresto domiciliario ya que la ley cubana requiere que los ciudadanos lleven identificación consigo. Durante una de las detenciones, agentes de la Seguridad del Estado le advirtieron que sería encarcelada y despojada de la custodia de sus hijos si continuaba ejerciendo el periodismo. Su hija de 15 años fue acosada de manera tan despiadada en la escuela que decidió abandonar sus estudios.

En diálogo con el CPJ desde La Habana, Norvis afirmó que el efecto psicológico es significativo. “Es muy difícil trabajar bajo la amenaza de cárcel”, indicó, “preguntándome qué le pasaría a mi familia si fuera a prisión, a mi esposo, a mi casa”. A pesar del vocabulario reformista empleado por el gobierno, el ordenamiento jurídico que ha permitido a Cuba encarcelar a decenas de periodistas aún permanece vigente. Está implícito en el artículo 91 del código penal, que prevé prolongadas sanciones de privación de libertad o muerte para aquellos que actúan contra “la independencia o la integridad territorial del estado”, y la Ley 88 para la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que establece hasta 20 años en prisión por cometer actos “encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba”.

Este sistema legal restrictivo también se destina a coartar el flujo informativo. Todos los medios de comunicación son controlados por el Partido Comunista, que reconoce libertad de prensa solo “conforme a los fines de la sociedad socialista”. Los medios pertenecen al estado y son supervisados por el Departamento de Orientación Revolucionaria del Partido Comunista. La información en Internet es restringida por una comisión interministerial encargada “del uso de la información procedente de dichas redes informáticas de alcance global”. El artículo 19 de la Resolución 179 de 2008 del Ministerio de Informática y Comunicaciones establece que los proveedores del servicio de Internet están obligados a “adoptar las medidas necesarias para impedir acceso a sitios con contenido contrario al interés social, la ética y las buenas costumbres; así como el uso de aplicaciones que afectan la integridad y seguridad del estado”.

Los periodistas independientes se ven obligados a actuar fuera del marco oficial. Sitios de noticias Web como Hablemos Press y Primavera Digital son alojados por servidores fuera de la isla, con editores cubanos que suben sus artículos o actualizan los sitios en embajadas u hoteles. Otros periodistas independientes envían sus artículos, generalmente por correo electrónico, hacia sitios de noticias como Cubanety Diario de Cuba, que están radicados y son editados fuera del país, generalmente a cargo de exiliados cubanos. Otros periodistas independientes aún operan sus propios blogs, que son alojados en servidores fuera de la isla y actualizados a través de embajadas o en costosas conexiones de hotel.

Los periodistas independientes pagan otro precio demasiado alto: continúan siendo víctimas de “actos de repudio”, manifestaciones en las que partidarios del gobierno se reúnen frente a los hogares de disidentes. En casos extremos, adeptos al gobierno han impedido que periodistas y disidentes abandonen sus hogares, como el caso de una masiva manifestación durante este octavo aniversario de la Primavera Negra. Héctor Maseda Gutiérrez, un periodista independiente liberado recientemente, quien fue galardonado con el Premio a la Libertad de Expresión del CPJ, y su esposa Laura Pollán, una conocida activista de los derechos humanos, aseguraron al CPJ que más de 200 partidarios del gobierno se congregaron frente a su casa. La pareja organizaba una reunión de presos políticos recién liberados y las Damas de Blanco, un grupo de esposas de los ex presos y otros familiares. Los manifestantes permanecieron dos días frente a la casa de Maseda. Entonaron las estrofas del himno nacional y corearon canciones revolucionarias a todo volumen desde poderosos altavoces, impidiendo que los invitados abandonaran la propiedad.

La televisión estatal e Internet, en mayor medida, han actuado como plataformas para campañas de desprestigio contra periodistas independientes y disidentes. Con orgullo, el gobierno anunció en febrero que había reclutado a unos mil blogueros para denunciar a los periodistas críticos; muchos de estos “blogueros oficialistas” son empleados del gobierno y todos cuentan con acceso a Internet cómodo y a bajo costo.

Una nueva e ingeniosa serie televisiva, “Las Razones de Cuba”, también transmitida en la Web, presenta a periodistas independientes y disidentes políticos como enemigos del estado. A través de la utilización de material audiovisual confuso sobre actividades supuestamente “sospechosas” (periodistas ingresando a embajadas extranjeras), una amenazante banda sonora, y entrevistas con “expertos” del oficialismo, el programa retrata a los críticos como criminales empeñados en hundir el Estado. El periodista Dagoberto Valdés, quien dirige la revista de noticias en línea Convivencia, y la destacada bloguera Yoani Sánchez han sido destacados en el programa.

 

Una batalla digital por la libertad de expresión

Tal vez resulte sorprendente que en un país con poca conectividad a Internet -en total se habla de una penetración cercana al 14 por ciento–la lucha por la libertad de expresión esté siendo librada casi exclusivamente en medios digitales. A pesar de los muchos obstáculos para acceder a Internet, Cuba tiene una vibrante blogosfera que incluye alrededor de 40 blogs periodísticos críticos, todos alojados en servidores del exterior. Los blogs, y en forma creciente Twitter, ofrecen un espacio para la reflexión, el análisis y la información y también una plataforma para responder a las campañas del gobierno.

En respuesta a “Las Razones de Cuba”, la bloguera Sánchez ha producido su propio programa de entrevistas, “Las Razones Ciudadanas”, que se transmite en video a través de Internet. En cada episodio, integrantes de la sociedad civil discuten diferentes temas, como el periodismo independiente. Reinaldo Escobar, bloguero y esposo de Sánchez, indicó en un episodio que la llegada de la telefonía móvil había transformado al periodismo independiente en la isla, permitiendo a testigos y fuentes de información comunicarse más fácilmente con los periodistas. Permite, a su vez, que los reporteros puedan subir sus contenidos a Twitter. Recién en 2008 el gobierno autorizó la venta a los consumidores de bienes electrónicos personales como los teléfonos celulares.

“Twitter es el verdadero escudo protector para la prensa independiente y los blogueros alternativos en Cuba”, afirmó Manuel Vázquez Portal, periodista cubano exiliado y ex preso político. Sin embargo, enviar o subir un mensaje a Twitter desde un teléfono celular es costoso: alrededor de 1 dólar estadounidense en un país donde el ingreso promedio mensual oscila entre 15 y 30 dólares. Los partidarios del gobierno también han sido rápidos en el uso de Twitter. Cada mensaje de Twitter crítico sobre las políticas de Estado genera una andanada de mensajes agraviantes de usuarios de Internet partidarios del gobierno.

El gobierno se ha mostrado decidido a preservar un acceso a la Web sesgado en su favor. Las conexiones privadas a Internet son bienes escasos en Cuba. La Resolución 180 de 2003 permite solo a quienes tengan Pesos Convertibles Cubanos -una forma monetaria generalmente usada por los extranjeros–obtener acceso individual a Internet, que debe ser aprobado por el proveedor estatal del servicio de Internet, conocido como ETECSA. Autoridades, intelectuales con vínculos oficiales y algunos académicos y médicos están entre los pocos cubanos que tienen contraseñas autorizadas para utilizar el servicio estatal de Internet.

Los cubanos sin conectividad pueden dirigirse a cafés de Internet propiedad del Estado, pero allí pueden ser objeto de registro de identidad, intensa vigilancia y restricciones de acceso a sitios no cubanos. El costo de conexiones sin censura en los hoteles asciende a unos 8 dólares por hora; las contraseñas del gobierno para Internet pueden ser adquiridas en el mercado negro, pero también son costosas y monitoreadas por razones políticas. Varios periodistas entrevistados por el CPJ efectúan visitas diarias o semanales a la sede de embajadas extranjeras para usar conexiones de Internet gratuitas, una práctica que los somete a un mayor escrutinio del gobierno. Los periodistas que trabajan en provincias, con pocos hoteles y sin embajadas, tienen mayores dificultades para acceder a la Web.

Un proyecto de cable de fibra óptica de 70 millones de dólares, financiado por el gobierno venezolano y tendido este año por la compañía francesa Alcatel-Lucent, probablemente incline aún más la balanza a favor del gobierno. El proyecto, cuya entrada en operatividad está prevista para este verano, incrementará la velocidad de conexión a Internet en forma exponencial, pero tendrá un alcance limitado, ya que optimizará las conexiones existentes en organismos de gobierno, universidades y sitios oficiales en lugar de incrementar la conectividad en general, según el periódico estatal Granma. (La importancia que el gobierno cubano otorga a la conectividad restringida se hizo evidente en diciembre de 2009 con el arresto de Alan Gross, un contratista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID, por sus siglas en inglés-, quien ahora cumple una sentencia de 15 años de prisión por facilitar el acceso ilegal a Internet a grupos de cubanos).

“La introducción de la banda ancha puede suponer un gran paso adelante en materia de conectividad”, afirmó Ted Henken, experto en Cuba y profesor de estudios Afroamericanos y Latinoamericanos en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. “Pero si es implementado bajo las mismas reglas de control, sospecha y acceso institucional puede ser usada como un mecanismo de control más”, añadió. En abril, Henken fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado y notificado que no podía regresar a la isla luego de entrevistarse con blogueros cubanos independientes.

Mucho se dice sobre las reformas, pero se hace muy poco

El gobierno no ha mostrado voluntad para apartarse de su tradicional política de represión de la libertad de expresión–aún cuando sus líderes hablan de cambio económico y político. En el otoño de 2010, el Presidente Castro anunció planes para reducir la fuerza laboral del Estado en más de medio millón de empleados, e incrementar licencias para emprendimientos privados. En marzo de 2011, se otorgaron 171 mil nuevas licencias para negocios privados, según informes de prensa, aunque economistas independientes indican al CPJ que los altos costos y la escasez de materias primas están sofocando la iniciativa. Durante el Congreso del Partido Comunista en abril, Castro oficialmente reemplazó a su hermano Fidel como jefe del Partido Comunista en lo que fue el primer cambio de liderazgo desde la fundación del partido en 1965, mientras también se anunció la introducción de límites de mandato para funcionarios del partido. 

Y en marzo, Cuba liberó al último de los 29 periodistas encarcelados durante la Primavera Negra, cuando el gobierno arrestó a decenas de disidentes y los sentenció a penas de hasta 27 años en prisión. La liberación de los detenidos fue el fruto de negociaciones entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica, con la ayuda de diplomáticos españoles. Pero la libertad venía con un elevado costo: la mayoría de los periodistas liberados y sus familias fueron obligados a abandonar el país y viajar a España, adonde su reubicación está marcada por las dificultades económicas y profesionales. Tres periodistas presos que se negaron a salir al exilio fueron liberados bajo un régimen de libertad condicional y son vulnerables a ser nuevamente arrestados.

Periodistas cubanos y defensores de los derechos humanos expresan un enorme escepticismo respecto a que los cambios económicos en la isla vayan a estar acompañados en algún momento cercano por mejoras para la libertad de prensa. Las experiencias de la reportera independiente Dania Virgen García refuerzan este punto de vista.

“Pareciera que cada dos semanas me amenazan, me detienen, o tengo que pasar la noche en prisión… Conozco todas las estaciones de policía de La Habana”, aseguró Virgen García, quien ha enfrentado arrestos, campañas de desprestigio y ataques físicos por su cobertura sobre los abusos a los derechos humanos y las precarias condiciones en las cárceles cubanas. Virgen García, cuyo trabajo aparece en su blog y en el sitio de noticias Cubanet, fue recientemente despertada por un grupo de niños y maestros que gritaban consignas a favor de Castro e insultos fuera de su casa.

En abril, cuando se encontraba camino a cubrir una reunión de ex presos políticos en La Habana, fue arrestada por agentes de la Seguridad del Estado y llevada a la comisaría de policía La Lisa, indicó Virgen García en una entrevista telefónica con el CPJ. Durante la terrible experiencia, la reportera afirmó haber sido abofeteada en el rostro, maltratada por la policía y rociada con gas pimienta por un guardia de la prisión. Virgen García fue liberada seis horas más tarde, pero sufrió fuertes contusiones y una persistente inflamación en los ojos.

Aún cuando la puerta giratoria de la cárcel bajo una represión menos intensa parece más benigna que largas penas en prisión, la muerte del disidente Juan Wilfredo Soto en mayo proporcionó un motivo de reflexión sobre este punto. Soto, integrante de la Coalición Central Opositora y ex preso político, fue arrestado por dos policías cuando se negó a abandonar un parque público. Luego de esposar a Soto, la policía lo habría golpeado con bastones, según la prensa independiente cubana. Soto fue liberado pero murió días después producto de lo que las autoridades llamaron “falla múltiple de órganos debido a una pancreatitis aguda”, afirmación que fue recibida con escepticismo por periodistas independientes y la oposición. Grupos internacionales de derechos humanos y gobiernos extranjeros solicitaron a las autoridades cubanas que iniciaran una investigación independiente, pero el gobierno no respondió.

Entre quienes reclaman un proceso de investigación independiente destaca el Parlamento Europeo, situación que refleja los a veces conflictivos impulsos a ambos lados del océano Atlántico. Aunque la Unión Europea limitó sus relaciones diplomáticas y cooperación para el desarrollo con Cuba desde 2003 hasta 2008, la UE ha abierto desde entonces un diálogo político con La Habana y la Comisión Europea ha proporcionado millones a la isla en materia de ayuda. En 2010, la Comisión destinó 20 millones de euros para asegurar comida, promover cambios ambientales e intercambios profesionales y académicos, según el Servicio Europeo de Acción Exterior.

Pero La Habana aún tiene que lograr su objetivo más buscado con la UE: revertir la Posición Común, una política europea adoptada en 1996 que condiciona el completo restablecimiento de relaciones con la isla a los progresos de La Habana en temas de derechos humanos y democracia. La derogación de la Posición Común normalizaría las relaciones diplomáticas y fortalecería la cooperación para el desarrollo en el largo plazo. En febrero, el canciller cubano Bruno Rodríguez se entrevistó en Bruselas con la Alta Representante de Asuntos Internacionales de la UE, Catherine Ashton, en la quinta de una serie de reuniones que comenzaron en 2008 para explorar el futuro de las relaciones entre la UE y Cuba. Reiterando la posición de larga data que sostiene La Habana, Rodríguez expresó que las relaciones se deberían normalizar sin “interferencia en asuntos internos de los Estados”, según informes de prensa internacional. La intransigencia que tal declaración implica no es un buen presagio para los derechos humanos o la libertad de prensa.

“Existen numerosos obstáculos para normalizar las relaciones en este momento”, aseguró Susanne Gratius, experta en políticas entre la Unión Europea y América Latina del FRIDE, una organización de estudios en política exterior con sede en Madrid. Entre los obstáculos, citó “la naturaleza autoritaria del régimen, los derechos humanos y políticos, donde no hubo cambio alguno a pesar de las recientes reformas económicas”. Para derogar la Posición Común, señaló Gratius, es necesario alcanzar un consenso entre los 27 países miembros de la UE, que tienen visiones divergentes sobre Cuba. Suecia, Polonia, Alemania y República Checa en particular se oponen a abandonar la Posición Común basados en cuestiones políticas y de derechos humanos.

“Es siempre la misma historia: se registra algún progreso y luego se da un paso atrás”, afirmó Gratius indicó respecto a Cuba. “Pienso que hay un movimiento hacia la apertura política a largo plazo, pero todavía existen estos retrocesos que aparecen con abusos a los derechos humanos”.

Karen Phillips, escritora freelance, fue integrante del Programa de Asistencia del CPJ, y más recientemente investigadora asociada del Programa de las Américas del CPJ..

Recomendaciones del CPJ

Al gobierno cubano:

• Poner fin a la utilización de detenciones, violencia física, vigilancia y campañas de desprestigio contra periodistas y blogueros independientes.
• Derogar el artículo 91 del código penal y la Ley 88 para la Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, normas usadas por el gobierno para encarcelar a periodistas y disidentes políticos injustamente.
• Como signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cumplir con su obligación de permitir a los periodistas trabajar en libertad y sin temor a represalia.
• Eliminar todos los impedimentos legales para el acceso individual a Internet y permitir a los blogueros alojar sus sitios en servidores cubanos.
• Con la llegada de Internet de alta velocidad, extender el acceso a la población en general, incluyendo a periodistas y blogueros.
• Eliminar todas condiciones que rigen sobre la liberación de periodistas detenidos durante la Primavera Negra. Dejar sin efecto la libertad condicional para los periodistas recientemente liberados que permanecen en Cuba. Permitir a los periodistas exiliados regresar a la isla sin condición alguna.

 

A la comunidad internacional

Al Consejo de Derechos Humanos de la ONU:

• Considerar al gobierno cubano responsable de sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Instar a Cuba a revisar procesos judiciales y trámites de solicitud de viaje para asegurarse que se ajustan a Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU debe pedir autorización para evaluar el estado de las libertades de prensa y de expresión en Cuba, e informar sobre sus hallazgos y recomendaciones.

 

A la Unión Europea:

• Exhortar al gobierno a prestar mayor atención al reclamo de garantizar la libertad de información y expresión, incluyendo el acceso a Internet, para todos los cubanos.
• Instar a las autoridades cubanas a eliminar las condiciones sobre los presos políticos liberados de manera que sean efectivamente libres y no vulnerables a nuevos encarcelamientos.
• En la evaluación de la Posición Común sobre Cuba, reclamar diálogo con las autoridades sobre la base de progresos sustanciales y específicos. Esos avances deberían incluir la implementación de pactos internacionales sobre derechos humanos suscritos por Cuba y la garantía a todos los cubanos de la libertad de expresión y el acceso a la información a través de todos los medios, incluyendo Internet.
• Crear un ambiente de bienvenida en el ámbito de la Unión Europea para los cubanos disidentes excarcelados y forzados al exilio. Facilitar su acceso a programas de asistencia y entrenamiento financiados por la UE.

 

A la Organización de Estados Americanos:

• Aún cuando Cuba ha desistido reintegrar la Organización de Estados Americanos, cualquier futura participación en la OEA debe asegurar que Cuba se ajusta a los principios del organismo, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. En caso de que Cuba se uniera a la OEA, la organización debe asegurar el cumplimiento por parte de Cuba de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
• Todos los estados miembros de la OEA deben promover un vigoroso debate sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba, incluyendo las restricciones en el acceso a Internet.
• El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA debe requerir autorización para evaluar el estado de las libertades de prensa y expresión en Cuba, e informar sobre sus hallazgos y recomendaciones.

 

A la comunidad tecnológica y bloguera:

• La comunidad internacional de blogueros debe continuar apoyando a blogueros cubanos mediante la publicidad de sus trabajos y la creación de enlaces que conduzcan a éstos.
• Las empresas que proporcionan infraestructura tecnológica a Cuba deben asegurar que el producto de su trabajo no es usado para restringir la libertad de expresión. Las compañías deben seguir los principios establecidos por la Iniciativa de Red Global, que busca asegurar que empresas tecnológicas garanticen estándares internacionales sobre libertad de expresión.
• Apoyar aplicaciones de redes sociales que son populares en Cuba.

 

Al Gobierno de los Estados Unidos:

• En concordancia con la directiva dictada por el Presidente Barack Obama en abril de 2009, la administración y el Congreso deben permitir a empresas estadounidenses que cumplen los principios de la Iniciativa de Red Global proporcionar apoyo digital e infraestructura a los cubanos. La directiva de 2009 fue diseñada para incrementar la libre circulación de información hacia el pueblo cubano y expandir los vínculos de comunicaciones entre los Estados Unidos y Cuba.
• Permitir a empresas estadounidenses establecer cables de fibra óptica e instalaciones para comunicaciones satelitales que conecten a los Estados Unidos con Cuba.
• Alentar a empresas de tecnología de la información y redes sociales a habilitar servicios de conversación en línea en Cuba, tal como es actualmente permitido bajo las regulaciones de los Estados Unidos.
• Asegurar que la política de los Estados Unidos en relación con el apoyo a disidentes es abierta y transparente.