18 de octubre de 2010
Sr. Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Palacio de Gobierno
La Paz, Bolivia
Vía facsímile: (591-2) 2202321
Estimado Presidente Morales:
Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por algunas disposiciones incluidas en la nueva ley contra la discriminación que amenazan coartar la libertad de prensa en Bolivia. Lo exhortamos a impulsar modificaciones en la ley que resguarden las garantías constitucionales sobre libertad de expresión.
El pasado 8 de octubre, el Senado boliviano aprobó la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que tiene por objetivos la prevención y sanción de actos de racismo y discriminación. El texto de la ley dejó a numerosos periodistas y medios de comunicación bolivianos preocupados por las sanciones que podrían enfrentar por el ejercicio del periodismo.
De acuerdo con el artículo 16 de la nueva ley, “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento”. El artículo 23, por su parte, establece que “una trabajadora o trabajador” o “propietario” de un medio de comunicación que difundan ideas similares serán pasibles de penas prisión de entre uno y cinco años, y no podrán alegar inmunidad o fuero alguno.
Organizaciones de libertad de prensa, tanto a nivel local como internacional, incluyendo 24 miembros del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX) dirigieron el 7 de octubre una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, expresando sus preocupaciones por los detrimentos que la nueva ley puede causar a la libertad de informar en Bolivia.
El CPJ está particularmente preocupado por el lenguaje amplio e impreciso utilizado en los mencionados artículos, que pueden ser usados para restringir o castigar al periodismo. Por ejemplo, la nueva ley puede ser invocada para solicitar sanciones civiles, e incluso penales, contra medios de comunicación o periodistas que publiquen o emitan una entrevista con alto valor informativo en la cual el entrevistado efectúa declaraciones que las autoridades pueden considerar racistas o discriminatorias. Igualmente, estamos preocupados de que la difusión de opiniones de terceras personas
-por ejemplo, un sitio de Internet que permite al público emitir comentarios- puedan promover investigaciones del gobierno y posibles sanciones contra el medio de comunicación.
Más aún, el lenguaje amplio de los artículos podría promover la autocensura entre los periodistas, e incluso permitiría al gobierno suprimir discursos que considera racistas o discriminatorios sin determinar claramente lo que esos términos significan. Al enfrentar el riesgo de posibles penas de prisión o sanciones económicas, periodistas bolivianos admitieron que optarían por no difundir información que en otras circunstancias sería brindada al público.
La Constitución de Bolivia garantiza la libertad de expresión y eso incluye el derecho de realizar declaraciones que puedan ser contrarias a los intereses de determinados grupos o individuos. Si esas expresiones no son toleradas, tal garantía constitucional no tiene razón de ser.
Gracias por su atención a estos importantes asuntos. Esperamos contar con su respuesta.
Atte.
Joel Simon
Director Ejecutivo