Por Carlos Lauría
El tema que investigaban dos periodistas colombianos fue tan explosivo como para exigir un dispositivo inusual de seguridad. Temerosos de que las personas involucradas se enteraran de modo prematuro sobre la investigación, los periodistas hicieron sus apuntes por separado, no los compartieron y luego los eliminaron. No se comunicaron ni por teléfono, ni por correo electrónico, y sólo se reunieron en lugares públicos. Sólo les transmitieron a sus propias fuentes la información estrictamente esencial.
ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2009
• Prólogo
• Introducción
Análisis Regional:
• En las Américas,
Gran Hermano observa
a los reporteros
Informes por país
• Argentina
• Brasil
• Colombia
• Cuba
• Ecuador
• Honduras
• México
• Nicaragua
• Estados Unidos
• Venezuela
• En un Vistazo
No fue suficiente. Antes de que Canal Uno de televisión y la revista de actualidad Semana publicaran en conjunto la investigación sobre acusaciones en contra de los dos hijos del Presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por tráfico de influencias, el gobierno se enteró de todo. Un vocero del gobierno relató a Canal Uno que conocía la investigación.
Daniel Coronell, director de noticias de Canal Uno y columnista de Semana que encabezó la investigación junto al periodista Ignacio Gómez, está convencido de que su equipo había sido víctima de espionaje gubernamental. Es posible, según admitió el periodista, que el rumor se hubiese filtrado al gobierno a través de otros canales.
Si la información fue filtrada por otros medios, eso es lo que menos importa.
Cuando surgió la noticia en febrero de que agentes de inteligencia nacional habían sometido a periodistas, políticos, jueces y defensores de derechos humanos a escuchas telefónicas ilegales, interceptación de correos electrónicos y vigilancia durante gran parte de la década, se generó la bien fundada percepción de que el gobierno colombiano observaba constantemente a la prensa y a sectores críticos.
El espionaje ilegal llevado a cabo por la agencia nacional de inteligencia –que funciona bajo la supervisión directa de Uribe– fue uno de los dos escándalos que se destaparon en la región en 2009, ambos apuntando contra periodistas y provocando un significativo efecto intimidatorio para la libertad de prensa. En Argentina, una investigación federal examinó si agentes de inteligencia nacional habían intervenido teléfonos e interceptado correos electrónicos de periodistas críticos, políticos, jueces y artistas como parte de una campaña orientada a desacreditar e impedir su labor.
Como consecuencia, según afirmaron al CPJ periodistas de ambos países, las fuentes se han vuelto más renuentes a hablar con la prensa. Coronell llama a este espionaje “la mayor amenaza contra de la libertad de prensa en Colombia” en la actualidad porque pone en peligro las fuentes confidenciales. Los periodistas que investigan casos de corrupción cuidan sus espaldas y adoptan medidas extraordinarias para prevenir que las conversaciones privadas no sean interceptadas o sus correos electrónicos “hackeados”. Su labor se ha visto perjudicada y sus tensas relaciones con funcionarios del gobierno se han vuelto aún más conflictivas.
El espionaje tiene una historia desafortunada en la región. Uno de los casos más extremos sucedió en Perú a principios de los noventa, cuando el servicio de inteligencia del gobierno del Presidente Alberto Fujimori se vio involucrado en complots para asesinar, amenazar de muerte, intervenir teléfonos en forma clandestina, vigilar y adoptar tácticas difamatorias para intimidar a la prensa.
En los últimos años, el espionaje gubernamental contra periodistas fue denunciado en países latinoamericanos tales como Venezuela y Bolivia. En Cuba, el espionaje es un procedimiento de rutina. Agentes de la seguridad del estado cubano han sometido a periodistas y disidentes a una constante vigilancia durante décadas, interceptando y grabando sus conversaciones telefónicas. En México, el senador opositor Manilo Beltrones formuló acusaciones de espionaje político, alimentando la percepción existente en la prensa de que también los medios y los periodistas son blanco de espionaje. Estados Unidos no es inmune a dichas prácticas. En 2008, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió una disculpa luego de que sus agentes violaran procedimientos al obtener registros telefónicos de varios periodistas que cubrían terrorismo islámico en el sudeste asiático. El FBI no reveló la índole de la investigación que llevó a reunir las grabaciones en 2004.
En Colombia, fue Semana el medio de prensa que expuso el plan de espionaje pergeñado por funcionarios de primer nivel del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Coronell encabezaba la lista de reporteros que fueron monitoreados por el DAS, pero el listado se podía leer como la lista del quién es quién en el periodismo colombiano: el director de Semana, Alejandro Santos; el director de la emisora nacional W Radio, Julio Sánchez Cristo; el director de Radio Caracol, Darío Arizmendi; un columnista del matutino El Espectador, Ramiro Bejarano; el periodista y productor del programa semanal de noticias “Contravía” en Canal Uno, Hollman Morris; y Félix de Bedout de W Radio, entre otros.
La Fiscalía General inició una investigación que concluyó con los arrestos de varios funcionarios de inteligencia de alto rango, incluyendo el ex Subdirector del DAS José Miguel Narváez, en agosto y septiembre. Otros cuatro directores del DAS estaban siendo investigados hacia fin de año. Uribe negó su participación, responsabilizó a funcionarios encubiertos del DAS que actuaban como una “mafia” y anunció que su gobierno implementaría reformas.
Las escuchas telefónicas -que son ilegales en Colombia sin una orden judicial- comenzaron a principios de 2003 y continuaron hacia mitad de 2009, aún después de que se publicaran los primeros artículos en la prensa. Durante ese período, funcionarios del DAS monitorearon y registraron miles de mensajes de correo electrónico y conversaciones telefónicas, y siguieron a opositores, jueces y periodistas. Grupos internacionales de derechos humanos y diplomáticos también fueron víctimas de dicho espionaje, según informes de prensa. Semana, por ejemplo, obtuvo una grabación de una llamada de teléfono interceptada entre un diplomático estadounidense y un juez de la Corte Suprema de Colombia que investigaba los vínculos entre partidarios de Uribe y grupos paramilitares de derecha. El matutino El Nuevo Herald de Miami informó en junio que las conversaciones telefónicas y los mensajes de correo electrónico entre personal del CPJ y periodistas colombianos también habían sido interceptados. En una declaración, el CPJ exigió al gobierno que pusiera fin de inmediato al espionaje y señaló el grave daño que esto causaba a la libertad de expresión.
El periodista Morris, conocido por su cobertura en profundidad del conflicto armado de cinco décadas en Colombia, cree que los espías habían apuntado a sus fuentes confidenciales para neutralizarlas y desacreditar su labor informativa. Un duro crítico del gobierno, Morris había sido ridiculizado por Uribe y otros funcionarios de alto rango como un aliado de la guerrilla de izquierda. Morris calificó a estas acusaciones como “una luz verde para que el DAS” monitoree sus conversaciones y su correspondencia. Luego de ser blanco de amenazas de muerte en 2005, Morris ha estado bajo protección del DAS. “Es irónico: la misma gente encargada de protegerme es la que supuestamente me está espiando”, comentó. “Es como dormir con el enemigo,” concluyó.
Morris ha demandado al gobierno por el espionaje. Señaló que los documentos aportados como parte de su demanda muestran que los mensajes de correo electrónico que le enviara el CPJ y el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, entre otros, habían sido interceptados por el DAS.
La vigilancia de periodistas no comenzó con el gobierno de Uribe. En 1996, durante el mandato del Presidente Ernesto Samper, hubo informes que adujeron que el servicio de inteligencia estaba espiando a los periodistas. Pero el espionaje era esporádico, comentó Coronell, en comparación con la forma sistemática y persistente en que este tipo de accionar se ha llevado a cabo durante esta década. El gobierno de Uribe, de acuerdo a la opinión de Coronell, ha buscado de forma deliberada confundir a los críticos con los enemigos. “Esto es claramente un abuso de poder”, afirmó.
En Argentina, una investigación federal que continuaba hacia fines de año, indagaba si funcionarios de alto rango habían ordenado o aprobado de manera tácita la interceptación de llamados telefónicos y mensajes de correo electrónico de opositores políticos, según informes de prensa y entrevistas del CPJ. La investigación de la Jueza Sandra Arroyo Salgado comenzó luego de que hackers interceptaran las cuentas de correo electrónico de varios periodistas y ejecutivos de medios, leyeran los intercambios privados con sus fuentes y divulgaran los mensajes robados. Las actividades habrían ocurrido en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, esposo de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Entre las víctimas se hallaba Daniel Santoro, reconocido periodista de investigación del matutino más grande del país, Clarín, cuya entrevista off-the-record con un juez sobre un importante caso de narcotráfico fue robada y entregada al abogado de uno de los acusados. Luis Majul, conductor del programa semanal “La cornisa”, emitido por América TV, dijo que un hacker había enviado un mensaje falso de su cuenta de Yahoo a sus contactos llamando a hacer un boicot contra Clarín. El mensaje revelaba los nombres de usuario y las contraseñas de correo electrónico de más de 20 periodistas argentinos y ejecutivos de medios. Funcionarios gubernamentales han negado que la Secretaría de Inteligencia (SI) estuviera involucrada. Hacia fines año no se habían registrado detenciones.
“Nunca se habían usado técnicas tan repugnantes de modo tan sistemático y eficiente por parte del servicio de inteligencia para intimidar y desacreditar a políticos opositores y periodistas independientes,” escribió el columnista Alfredo Leuco en octubre para Perfil, un periódico conocido por su posición crítica del gobierno que se publica los fines de semana. “Nunca ha habido tantas quejas sobre serias violaciones a la privacidad de nuestros colegas”, comentó Leuco, quien cree que el gobierno intenta socavar la labor informativa independiente.
Opositores políticos como el ex Presidente Eduardo Duhalde y anteriores aliados como el ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández han afirmado públicamente que han sido blanco de espionaje. Mariano Obarrio, periodista político del matutino La Nación de Buenos Aires que ha informado ampliamente sobre el tema, indicó que un equipo de agentes de inteligencia había comenzado a vigilar a opositores políticos, empresarios, periodistas e inclusive a algunos funcionarios del gobierno ya en 2003. Según Obarrio, este equipo trabajaba bajo órdenes directas de funcionarios de alto rango de la SI e interceptaba líneas telefónicas y mensajes de correo electrónico sin órdenes judiciales. Esto constituye una violación a la ley de inteligencia promulgada en 2001. Las actividades de la agencia de inteligencia están bajo la supervisión directa del presidente.
Obarrio fue también blanco de dicho accionar en 2006. Atacantes no identificados irrumpieron en su casa, amenazaron a su familia y le indicaron que lo estaban siguiendo. Luego de que su periódico contratara a un abogado y a un investigador para indagar sobre el ataque, Obarrio descubrió que habían interceptado su línea telefónica. Estos desafortunados acontecimientos se registraron poco después de que Obarrio enviara una serie de preguntas relacionadas con actividades de espionaje al subdirector de la SI. Obarrio presentó una denuncia judicial por el ataque y el espionaje, pero la investigación no dio ningún resultado. Aunque el periodista siguió cubriendo de manera crítica las políticas del gobierno, decidió abandonar su cobertura sobre el espionaje. “[Al espionaje] lo entendí como un mensaje que impedía mi trabajo. Sentí la presión y decidí que era mejor para mí y para mi familia olvidarme del tema,” afirmó.
Las autoridades venezolanas hacen pocos esfuerzos por ocultar su espionaje en contra de periodistas. A menudo, las conversaciones que involucran a opositores políticos del Presidente Hugo Chávez Frías y a sectores críticos del gobierno son monitoreadas y registradas por el servicio secreto, según la investigación del CPJ e informes de prensa. Los medios estatales han reproducido fragmentos de esas conversaciones con el fin de dañar las reputaciones de los críticos del gobierno. Alberto Federico Ravell, director general de Globovisión, una emisora de televisión conocida por su fuerte opinión opositora, escuchó su conversación telefónica de octubre del 2008 con Teodoro Petkoff, director del semanario Tal Cual, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión. Ravell presentó una demanda judicial, pero no generó resultado alguno.
En Bolivia, el Senado abrió una investigación en torno al caso de Juan José Espada, periodista del canal crítico de televisión Unitel, quien se hallaba aparentemente vigilado por agentes de inteligencia de la policía nacional. El Jefe de Policía, General Miguel Vásquez, expresó que la vigilancia se había producido sin su conocimiento. Según explicó Espada, el comité del Senado creado para estudiar el caso recomendó que fuese investigado en mayor profundidad por la Fiscalía General, pero no se designó a fiscal alguno para tal efecto.
En Perú, Fujimori sentó un antecedente tristemente célebre para América Latina. Al emplear una red de espías bien aceitada y masiva, Fujimori consolidó su manejo del poder luego de asumir en 1990. Durante su mandato, los periodistas independientes se vieron sometidos a un intenso escrutinio. Sus teléfonos fueron interceptados y sus movimientos observados. Los reporteros fueron detenidos e interrogados por falsas acusaciones de terrorismo y por temas impositivos; algunos incluso fueron secuestrados y amenazados por miembros del oscuro Servicio Nacional de Inteligencia de Perú. El gobierno de Fujimori brindó información reunida por su red de espionaje a tabloides amigos del gobierno y beneficiarios de la publicidad oficial. Éstos, a su vez, lanzaron campañas de difamación contra los principales críticos en los medios, algunos de los cuales se vieron obligados a exiliarse debido a la exposición negativa.
En abril de 2009, Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión tras ser condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos por escuadrones de la muerte. Fue condenado nuevamente en septiembre a seis años de prisión por ordenar escuchas clandestinas de políticos, periodistas y empresarios durante su década en el poder; por haber sobornado a miembros del congreso; y por haber pagado a un canal de televisión y a la dirección de noticias de un periódico para que respaldaran su campaña de reelección en 2000.
“El espionaje durante la era Fujimori fue muy bien estudiado. Era sistemático, sumamente organizado y centralizado,” explicó Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad y prominente periodista peruano de investigación. “Fujimori necesitaba un sistema así para ejercer su poder”, continuó Uceda, “conocía bien los asuntos y defectos de los periodistas y sabía perfectamente cómo neutralizar a los medios”.
Si bien tanto la campaña de espionaje en Perú en los años noventa como la de Colombia durante esta década fueron generalizadas e invasivas, el profundo desequilibrio de poderes durante el régimen de Fujimori hizo que el espionaje fuera más pernicioso, señaló Uceda. Para Uceda, el gobierno de Fujimori tenía un control tan fuerte sobre el poder judicial que podía asegurarse que el espionaje gubernamental pasara inadvertido. Eso es diferente de lo que sucede en Colombia en la actualidad, donde el escándalo ha propiciado una investigación exhaustiva y varias detenciones.
Sin embargo, las reformas más importantes están lejos de ser ciertas tanto en Colombia como en Argentina. Funcionarios argentinos parecen restarle importancia a las amenazas en contra de la democracia del país. La ley sobre inteligencia de 2001 establece penas de prisión de hasta cuatro años por espionaje ilegal, pero la comisión parlamentaria encargada de supervisar las actividades de inteligencia aún debe dar pasos sustanciales para hacer cumplir la ley y controlar el espionaje ilegal.
En Colombia, donde el escándalo golpeó a Uribe justo cuando coqueteaba con lanzarse a un tercer mandato, cualquier posible reforma está aún en una etapa preliminar. En octubre, el Congreso comenzó a analizar un proyecto de ley que intenta crear una agencia de inteligencia más pequeña y con funciones más limitadas, según informes de prensa. La presión externa puede tener algún efecto positivo. La Comisión Interamericana, cuerpo autónomo de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, expresó su preocupación sobre el escándalo e instó al gobierno colombiano a que realizara una exhaustiva revisión para impedir violaciones a las normas internacionales de derechos humanos.
El vicepresidente Francisco Santos Calderón reconoció en público que la situación es seria y señaló que las instituciones de la democracia están actuando. Según la prensa local, el director del DAS, Felipe Muñoz, indicó que la agencia recortará su fuerza de trabajo y se enfocará en la contrainteligencia y en el control de las fronteras. Pero, ¿quién está a cargo? Un informe de noviembre publicado por Semana afirmaba que los investigadores que indagan sobre el espionaje ilegal han sido amenazados y perseguidos en un intento por desbaratar la investigación.
La solución se encuentra en el mensaje que se pueda enviar desde lo más alto del gobierno. Periodistas y defensores de la libertad de prensa dicen que la verdadera reforma solo puede darse si existe una fuerte voluntad política ejercida por líderes en los niveles más altos de gobierno. Son ellos quienes deben enviar un contundente mensaje en el sentido de que el servicio de inteligencia no puede usarse en contra de miembros del poder judicial, de la oposición política y de la prensa independiente como medio para preservar el poder.
Carlos Lauría es coordinador senior del programa de las Américas del CPJ.