Nueva York, 14 de enero de 2010—El editor de un semanario peruano en la ciudad amazónica de Bagua, provincia de Utcubamba, fue sentenciado el martes a un año de prisión por el delito penal de difamación agravada, según informes de la prensa local. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) reclamó hoy su inmediata liberación.
Alejandro Carrascal Carrasco, editor del semanario Nor Oriente de Bagua, fue sentenciado tras una demanda originada por una serie de artículos que escribió en 2005 por supuesta corrupción en un instituto educativo público, su abogado, Juan José Quispe, indicó al CPJ. Victor Feria, ex director del instituto, querelló al periodista, según la prensa local.
El periodista fue arrestado el lunes por efectivos de la Policía Nacional y permaneció detenido hasta que el martes se conoció el veredicto, informó la prensa. Con problemas de hipertensión, Carrascal sufrió un desmayo antes de que el juez Miranda leyera la sentencia, según informó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
El periodista fue trasladado a un hospital local y luego transferido a la penitenciaría de San Humberto donde debe cumplir su condena, señaló IPYS. Carrascal ha apelado la decisión, Quispe afirmó al CPJ.
“La decisión de encarcelar a Carrascal por el delito penal de difamación muestra que Perú no comparte el consenso regional que promueve la despenalización de la difamación”, señaló Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Exhortamos a que se libere al editor durante la apelación que esperamos revoque la sentencia por difamación”.
Nor Oriente ha criticado con dureza a las autoridades peruanas luego de los violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad e indígenas del Amazonas en contra de proyectos para explotar recursos petroleros y mineros. Decenas murieron en los enfrentamientos, incluyendo más de 20 policías, según informes de prensa. Periodistas de Bagua creen que el encarcelamiento de Carrascal tiene relación con la cobertura del semanario sobre el conflicto, que favoreció a la lucha indígena.
Existe creciente consenso internacional que los periodistas no deben ser encarcelados por difamación. En noviembre, el Congreso argentino eliminó la difamación como delito del código penal. En abril de 2009, el Supremo Tribunal Federal en Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una medida que imponía duras penas por calumnias e injurias.
Las leyes que penalizan expresiones que no incitan a la violencia anárquica son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión consagrado en el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Perú ha ratificado. En 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló: “En efecto, si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
A pesar del consenso creciente que existe entre organismos internacionales en el sentido que las leyes civiles de difamación proporcionan reparación suficiente para todos aquellos que reclaman haber sido difamados, legislación de difamación antigua sigue vigente en Perú. El CPJ cree que la ley civil, no la penal, provee una reparación adecuada en los casos de difamación.