Nueva York, 29 de mayo del 2007—El compromiso de Venezuela con la democracia ha sufrido un serio golpe tras la decisión del gobierno de forzar la salida del aire de la estación de televisión privada RCTV por razones políticas el lunes, después de 53 años de transmisiones continuas, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
“Esta decisión arbitraria coarta el derecho de los venezolanos de buscar y recibir información y representa un retroceso para la democracia en este país”, señaló el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “No sólo se ha silenciado una voz que disentía sino que se le ha enviado un mensaje a todos los medios”.
RCTV, conocida por su posición opositora, dejó de transmitir a las 11:59 p.m. del domingo. Los empleados del canal, incluyendo actores, presentadores, periodistas y directores, se reunieron en uno de los estudios antes de la medianoche, cantaron una canción popular y prometieron que volverían al aire.
La frecuencia de RCTV fue remplazada por un nuevo canal de servicio público llamado Televisora Venezolana Social (TVES). El nuevo canal comenzó a transmitir el lunes temprano con el himno nacional y un discurso de su presidenta, Lil Rodríguez, quien indicó que los venezolanos dieron nacimiento a una nueva televisión alternativa. “Tenemos un nuevo canal, Venezuela y que bien TVES”, afirmó.
Mientras el gobierno afirmó que no dictará la línea editorial del canal, cinco de los siete miembros del consejo directivo fueron designados por el ejecutivo.
El gobierno anunció el viernes que renovaría las concesiones de otras estaciones de televisión cuyas licencias también culminaban el 27 de mayo, incluyendo a la estación privada Venevisión y la estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Poco después que RCTV cesara sus transmisiones, se iniciaron varias protestas en Caracas que continuaron el lunes con varios centros universitarios, según la prensa local. La policía utilizó gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de goma para dispersar a los grupos que protestaban contra la decisión del gobierno.
El viernes, el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo tribunal de Venezuela, dictaminó que el equipo de transmisión y la infraestructura de RCTV debían estar disponibles para TVES. Según el sitio Web del Tribunal, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) se responsabiliza por el equipo de RCTV, incluyendo sus antenas microondas, mientras la corte estudia la apelación interpuesta por RCTV ante la decisión de Chávez de no renovar su concesión. La corte también ordenó a las fuerzas armadas vigilar el equipo utilizado por RCTV.
El lunes, el Ministro de Comunicación e Información William Lara interpuso una denuncia ante el Fiscal General, acusando a la estación privada Globovisión de incitar a la violencia en contra de Chávez, tras haber transmitido imágenes de archivo del intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II. Citando una secuencia transmitida por la cadena CNN que incluía imágenes del Medio Oriente y la China, Lara acusó a la cadena de televisión de estar en campaña contra la administración del presidente Chávez. El Director General de Globovisión, Federico Ravell, rechazó la acusación, mientras la CNN negó estar involucrada en una campaña en contra de Venezuela.
El 24 de abril, el CPJ publicó un informe minucioso titulado “Estática en Venezuela”, en el que concluyó que su gobierno no había garantizado un proceso imparcial y transparente para renovar la concesión de RCTV. El informe, basado en una investigación de tres meses, encontró que la decisión del gobierno fue tomada de antemano y motivada políticamente para silenciar la cobertura crítica.
El Tribunal Supremo de Justicia admitió una apelación presentada por RCTV en marzo. La Corte indicó que estudiaría la apelación y que eventualmente podría revocar la decisión. El jueves, el CPJ escribió una carta al Presidente Chávez, instándolo a permitir que RCTV permaneciera al aire mientras su apelación sigue pendiente.