Nueva York, 23 de junio del 2006—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está alarmado por una propuesta enviada al presidente de Panamá, Martín Torrijos, para endurecer las sanciones por difamación, incluyendo una duplicación de las penas de cárcel.
Una comisión de abogados y académicos, creada por Torrijos para estudiar una reforma del código penal, presentó sus propuestas en un anteproyecto la semana pasada, indicó al CPJ Jean Marcel Chéry, periodista para el diario La Prensa. Si el Consejo del Gabinete aprueba el anteproyecto, éste sería enviado ante la Asamblea Nacional en septiembre. Entre las enmiendas que propone está el artículo 214 que aumentaría de manera drástica las sanciones y ampliaría la pena máxima de prisión por difamación a tres años.
“Estas propuestas son escandalosas”, señaló la Directora Ejecutiva del CPJ Ann Cooper. “Panamá debería despenalizar las leyes de difamación en lugar de duplicar las penas de cárcel para los periodistas. Instamos el presidente Torrijos no solamente a rechazar estas recomendaciones sino también a eliminar por completo las sanciones penales por difamación”.
El 20 de junio, más de 50 periodistas protestaron en Ciudad de Panamá contra las propuestas a las que llaman una “ley mordaza”. El ministro de la presidencia Ubaldino Real aceptó incluir a seis periodistas en una segunda comisión que analizará las propuestas, informó la Associated Press. Chéry, quien hará parte de la nueva comisión, señaló que los seis periodistas se oponen a las reformas propuestas.
Existe un consenso creciente entre organismos internacionales en el sentido que las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente para los delitos de prensa. A finales de abril, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó una ley que elimina definitivamente la injuria y la calumnia del Código Penal de la capital mexicana, remitiendo las demandas relativas a estas causas a la jurisdicción civil.
En septiembre del 2004, en otra decisión histórica, la Corte Interamericana dictaminó en el caso del político paraguayo, Ricardo Canese, que la sentencia de difamación en su contra violó el derecho internacional. La Corte encontró que el proceso penal en sí mismo vulneró la Convención Americana sobre Derechos Humanos al ser una limitación “excesiva en una sociedad democrática”.
“Los abogados y académicos que participaron en la comisión no están a la par con el derecho internacional”, añadió Cooper.