Terror en la frontera

NUEVO LAREDO, México

Los relacionistas públicos de esta ciudad, como los de otras partes del mundo, son expertos en el manejo de las malas noticias. Por eso, cuando el familiar de un cliente fue asesinado recientemente, hicieron algunas llamadas y lograron que su nombre no saliera en los diarios. La única diferencia es que en esta ciudad de 300 mil habitantes, ubicada sobre el Río Bravo y frente a la ciudad de Laredo, en el estado de Texas, algunos “jefes de prensa” trabajan para narcotraficantes en lugar de para ejecutivos de empresa. Y los periodistas que ignoran el consejo de estos relacionistas públicos ligados a los carteles de la droga suelen terminar muertos.

Una palabra discreta más que una amenaza explícita es, en general, todo lo que se necesita en una ciudad donde las fuerzas de seguridad están paralizadas y la población vive en un clima de terror, según informaciones brindadas por periodistas y editores de Nuevo Laredo al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Pero de vez en cuando se registra una represalia que recuerda a los periodistas su vulnerabilidad frente a los ataques. El 6 de febrero, sujetos no identificados atacaron con rifles de asalto y arrojaron una granada en la sede del diario El Mañana. En el atentado, la sede del diario sufrió serios daños y el periodista Jaime Orozco resultó herido de gravedad. Luego de varias semanas en terapia intensiva, Orozco se recupera lentamente.

El director editorial de El Mañana, Heriberto Cantú, señaló de inmediato que, para proteger a sus periodistas, el diario reduciría aún más su ya acotada cobertura periodística del narcotráfico y el crimen organizado. El diario se ha estado autocensurando desde que su anterior editor, Roberto Javier Mora García, fue asesinado a puñaladas en marzo del 2004.

Dos días después del atentado contra El Mañana, el gobierno federal reaccionó a la indignación nacional anunciando que designaría a un fiscal especial para investigar crímenes contra periodistas. El Presidente Vicente Fox se había comprometido a solicitar la creación del cargo en una reunión que sostuvo con el CPJ en septiembre pasado. El 22 de febrero, Fox cumplió con su promesa al designar a David Vega Vera, un conocido abogado con experiencia en derechos humanos. “Quien atenta contra la libertad de expresión, atenta contra la sociedad”, indicó Fox al hacer público el anuncio.

El anuncio del presidente reconoció que los ataques a periodistas en Nuevo Laredo y en otras localidades de la región fronteriza se habían convertido en una cuestión nacional, y admitió que el gobierno federal necesitaba hacer más para proteger a la prensa. La investigación del ataque a El Mañana es la primera tarea para las autoridades federales, que han asumido el control de la investigación. Pero el gobierno federal enfrentará un gran desafío en Nuevo Laredo, ciudad que registró un total de 181 homicidios el año pasado, incluidos el del jefe de la policía y el de un funcionario de seguridad de la ciudad.

El clima de terror tiene un efecto devastador en los medios de prensa. La mayoría de los periodistas entrevistados para este informe pidieron que sus nombres se mantuvieran en el anonimato por temor a represalias. Los periodistas reconocieron que se autocensuran y varios afirmaron que ya no salían a trabajar por la noche ni por la madrugada.

“Se vive una situación de terror e impotencia. Tenemos vetada la investigación y la profundización. Ir más allá de lo permisible puede ser peligroso”, expresó un periodista.

Nombrar a los integrantes de los carteles de la droga que luchan por el control de Nuevo Laredo o a sus víctimas es algo prohibido para la mayoría de los periodistas. Los editores examinan los artículos con cuidado para que no se les vaya a escapar un nombre sin darse cuenta. Una sola mención puede resultar fatal.

Los periodistas tratan cada asesinato del hampa en forma aislada, raramente le dan seguimiento o lo vinculan con la ola de crimen que sirve como telón de fondo a sus vidas profesionales. El periodismo de investigación murió hace ya mucho tiempo.

“A veces optamos por la autocensura porque no tenemos garantía para nuestro trabajo”, declaró una periodista, quien añadió que había recibido amenazas disfrazadas de “sugerencias” o “consejos”.

Este tipo de autocensura generalizada, que no es solo típica de Nuevo Laredo sino de muchas otras zonas del norte de México, empaña las próximas elecciones presidenciales ya que la violencia relacionada con el narcotráfico y la corrupción oficial que permite el auge de este flagelo serán posiblemente temas clave en la agenda de los candidatos.

Los periodistas son renuentes a cruzar la línea porque no tienen garantías. Han perdido la fe en las fuerzas de seguridad y la justicia de su país. “Las autoridades son las que deben investigar y esclarecer los hechos. Si no lo hacen, ¿por qué hacerlo uno?”, se preguntó un periodista. “Uno debe informar hasta donde te permite tu seguridad, tu bienestar”, agregó.

Los delincuentes utilizan una variedad de métodos, como el secuestro, para intimidar a periodistas. Varios periodistas hablaron sobre colegas que habían sido secuestrados y retenidos por algunas horas. Un periodista señaló al CPJ que lo habían secuestrado en tres ocasiones. Los periodistas raramente informan sobre sus secuestros bien por temor a represalias, por la falta de confianza en la policía, o por considerar que las propias autoridades son cómplices en el secuestro.

La corrupción en Nuevo Laredo es galopante y las redacciones no son la excepción. Algunos periodistas informaron que les habían ofrecido dinero para trabajar para los carteles de la droga o para comprar su silencio. En algunos casos, dicen los periodistas, son colegas quienes realizan las ofertas de dinero. Algunos reporteros aceptan ofertas del crimen organizado o trabajan como informantes de la policía, y por ello los periodistas sospechan de sus propios compañeros.

Las dimensiones del problema de la inseguridad, que ha rebasado a las autoridades locales, no se les escapan a las autoridades federales. Fue en respuesta a una ola de violencia contra la prensa, en particular en la frontera entre México y Estados Unidos, donde los narcotraficantes funcionan abiertamente y el gobierno federal ha sido incapaz de imponer su autoridad, que el CPJ solicitó una reunión con el presidente Fox. Según datos del CPJ, desde que Fox tomó posesión de su cargo en el 2000 nueve periodistas han sido asesinados, cuatro de ellos en cumplimiento de su labor informativa. Otro periodista está desaparecido y se presume que está muerto. Ninguno de estos casos ha sido investigado de modo adecuado.

En la reunión del 15 de septiembre con Fox, el CPJ argumentó que las autoridades estatales, normalmente encargadas de investigar homicidios, están abrumadas por la magnitud de la violencia y son más proclives a ser corrompidas. Las autoridades federales, con mayores recursos y sujetas a mayor escrutinio, están en mejor posición para realizar las investigaciones, según el CPJ. El nombramiento de un fiscal especial, por consiguiente, envía un importante mensaje a los vulnerables periodistas del interior del país en el sentido de que el gobierno federal se toma en serio la responsabilidad de hacer valer la Constitución, que garantiza la libertad de prensa. El nuevo cargo crea, al mismo tiempo, responsabilidad a nivel federal.

Desde el punto de vista práctico, las autoridades federales reconocen que llevar adelante investigaciones en ciudades como Nuevo Laredo o Tijuana, donde los carteles de la droga también se han infiltrado en cada aspecto de la vida pública, no será una tarea fácil. José Luis Vasconcelos, Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia de la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó al CPJ que el nuevo fiscal especial y el gobierno federal enfrentan “un enorme desafío”.

Uno de los primeros puntos en la agenda del nuevo procurador es el ataque contra El Mañana. Las autoridades federales han asumido el control de la investigación pero se mantienen herméticas sobre los avances logrados en la pesquisa. El Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, sostuvo públicamente que el ataque estaba relacionado con el narcotráfico y que los responsables habían sido identificados. Vasconcelos se mostró más circunspecto en una entrevista con el CPJ. Admitió que era prematuro señalar a los responsables y que el ataque fue un intento de intimidar en vez de provocar muertes. El periodista herido en el ataque, indicó, estaba detrás de una pared cuando los sujetos armados ingresaron al diario.

El caso de Lydia Cacho, columnista y activista de los derechos humanos que fue arrestada en diciembre y acusada de difamar a un empresario mexicano, también será prioridad en la agenda del nuevo fiscal, indicó la prensa mexicana. Grabaciones de conversaciones telefónicas en este caso apuntan a una conspiración entre funcionarios estatales y empresarios locales para encarcelar y acosar a Cacho.

La lucha para proteger a los periodistas que cubren temas relacionados con el narcotráfico no puede separarse de la batalla contra las propias organizaciones del crimen organizado, en la que el gobierno reconoce deficiencias. En su reunión con el CPJ, Fox señaló que los esfuerzos del gobierno para desarticular a los carteles de la droga habían provocado la violenta reacción de estos.

En su nueva función de procurador especial de delitos contra periodistas, Vega trabajará bajo la supervisión de la Subprocuradoría de Derechos Humanos de la PGR, a cargo de Mario Àlvarez Ledesma. La oficina de Vega tendrá como enlaces y colaboradores a los 32 agentes del Ministerio Público que han sido designados para atender estos casos. Pero los casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, que conforman la mayor parte de los ataques a los medios de prensa, serán cedidos a Vasconcelos, cuya oficina tiene los recursos y la experiencia para procesar narcotraficantes.

“En su capacidad, el nuevo fiscal supervisará todas las investigaciones de delitos contra periodistas, incluyendo aquellas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico”, Vasconcelos confirmó al CPJ. “Esas investigaciones serán conducidas por mi oficina, pero eso no significa que el fiscal especial no tenga jurisdicción. Voy a trabajar en coordinación con el fiscal especial y él tendrá información actualizada de los casos que nosotros hayamos atraído”.

El fiscal especial recopilará toda la información de las investigaciones sobre ataques contra periodistas y proporcionará asistencia jurídica y psicológica a los periodistas y familiares que hayan sido amenazados o agredidos.

Vasconcelos sostuvo que la creación de la fiscalía “refleja el interés y la preocupación del gobierno federal en la protección de la libertad de expresión en México… Representa un mensaje directo a los grupos del crimen organizado e individuos que atacan a periodistas por su trabajo. El gobierno ha reconocido que este es un problema nacional y se ha comprometido a proporcionar garantías para la protección de periodistas, de modo que puedan cumplir con su tarea sin interferencia”.

El prominente periodista Jorge Zepeda Patterson comentó al CPJ que el nuevo fiscal solo sería efectivo “si el gobierno decide asignar los recursos necesarios para conducir investigaciones exhaustivas”, Agregó que en el pasado otras procuradurías, creadas para atender emergencias nacionales, habían funcionado sin el debido financiamiento.

Roberto Rock, director editorial de El Universal, recibió la creación de la fiscalía especial con un “cauto optimismo”. Añadió que él y otros periodistas han exhortado a Fox a modificar las leyes para convertir a los crímenes contra periodistas en un delito federal. El CPJ había propuesto en la reunión con Fox la creación de una comisión de expertos que estudie la posibilidad de una mayor participación federal en el combate a los delitos contra periodistas y que luego difunda un informe público con recomendaciones.

Vasconcelos admitió que el gobierno federal enfrenta un camino difícil en el problema de la violencia contra periodistas. “Nuestro principal desafío es quebrar el ciclo de impunidad”, destacó.

En Nuevo Laredo, eso parece ser un eufemismo. El año pasado, la violencia llegó a tal punto que el jefe de policía de la ciudad, Alejandro Domínguez, fue asesinado a balazos pocas horas después de haber asumido el cargo. Dos meses más tarde, atacantes armados mataron a un funcionario que supervisaba la seguridad pública en un atentado a plena luz del día cerca del palacio municipal local. Casi ninguno de los responsables de esta ola de crímenes ha sido procesado.

El comienzo de este año no ha sido promisorio: más de 31 homicidios se han registrado entre enero y febrero, según informes de la prensa local. Los negocios han sentido el impacto y los turistas, en su mayor parte estadounidenses, han dejado de viajar en gran número.

Vasconcelos aseguró que para que el fiscal especial pueda tener éxito en su tarea, las autoridades necesitan reconstruir la confianza pública en el gobierno. “Los crímenes contra periodistas necesitan ser resueltos, pero requieren solidaridad social y confianza en las instituciones locales”.

Y la confianza está ausente en el actual clima de miedo e intimidación. Los periodistas son sumamente escépticos de la capacidad de las autoridades estatales y federales para revertir la ola de violencia. Algunos periodistas sostienen que una sensación de paz o al menos un retorno a menores niveles de violencia solo llegaría cuando triunfara uno de los carteles del narcotráfico que combaten por la supremacía en Nuevo Laredo.

Los periodistas consideran a las autoridades como ineficientes, corruptas, temerosas, o cómplices de los narcotraficantes. Creen que los narcotraficantes realizan labores de vigilancia y saben dónde viven los reporteros y qué carros conducen. Según un periodista, “hay tantas ejecuciones que ya no sabes qué enfoque darle a la nota”.

El ataque con rifles de asalto y granada contra El Mañana no sólo estaba dirigido al diario, dicen los periodistas. Era una advertencia dirigida a todos los periodistas para que no se pasaran de la raya. En este clima, los periodistas sostienen que para sobrevivir acaso lo mejor sea redactar las notas con objetividad. “Sin poner adjetivos para resaltar la nota. No poner sensacionalismo, eso la hace más comercializable pero también más peligrosa”, señaló un periodista.

La sociedad mexicana seguirá atentamente el trabajo de la nueva fiscalía en la investigación del ataque contra El Mañana y de posibles futuros atentados contra medios de prensa. Vasconcelos admite que las autoridades necesitan de resultados concretos para ganar credibilidad.

“Necesitamos obtener resultados concretos para ganar la confianza de la sociedad mexicana. Eso será decisivo para el éxito futuro de nuestro trabajo y somos conscientes de ello”, afirmó.

Sauro González Rodríguez, consultor del programa de las Américas del CPJ, trabajó para el informe especial desde Nuevo Laredo; Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas, desde Nueva York.