Nueva York, 5 de mayo del 2005—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena el fallo judicial emitido ayer contra Sally Bowen y Jane Holligan, dos periodistas británicas procesadas por el delito de difamación. La querella penal contra ellas fue interpuesta por un conocido empresario, quien objetó una oración de un libro que ellas publicaron en el 2003.
El juez Alfredo Catacora Acevedo condenó a Bowen y a Holligan por el delito de difamación y les ordenó a ellas y a la editorial que publicó la obra, pagar 10,000 soles (unos 3,000 dólares estadounidenses) como reparación civil por difamar al empresario Fernando Zevallos, según noticias difundidas por la prensa local e internacional. Además, Catacora dispuso la reserva del fallo condenatorio y sometió a las periodistas a un período de prueba de un año, que comprende restricciones de viaje y demás reglas de conducta que les impidan realizar otro delito.
Bowen vive en Lima, la capital, donde ha estado radicada en los últimos 16 años, mientras que Holligan vive en Escocia. Jorge Santistevan, abogado de las periodistas y ex Defensor del Pueblo, declaró que las periodistas no podrían publicar ningún tema referido a Zevallos porque el juez podría dejar sin efecto la reserva de la sentencia y condenarlas, según el diario limeño El Comercio.
Bowen indicó que apelaría el fallo. Zevallos también anunció que interpondría un recurso de apelación, aduciendo que la sentencia era poco severa.
La querella penal que interpuso Zevallos alegaba que Bowen y Holligan habían causado un daño irreparable a su imagen con el libro El espía imperfecto: La telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos. La obra relata las actividades del ex asesor de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos, quien se encuentra preso.
En una oración del libro, se citan declaraciones de un ex colaborador de la DEA, organismo antidrogas estadounidense, quien manifestó que Zevallos era un narcotraficante que mantenía vínculos con Montesinos. Al emitir su fallo, Catacora señaló que Zevallos nunca había sido condenado por ningún delito, de acuerdo con informaciones difundidas.
Zevallos —fundador, ex propietario y asesor corporativo de la aerolínea peruana AeroContinente— con frecuencia ha sido acusado de estar involucrado en actividades de narcotráfico y lavado de dinero. En el 2001, lo procesaron en Perú por complicidad con el narcotráfico, pero lo absolvieron al año siguiente por falta de pruebas. En el 2003, la Corte Suprema de Justicia peruana ordenó realizarle un nuevo juicio con el argumento de que durante el primer juicio los jueces no habían evaluado todas las pruebas pertinentes. El segundo juicio está en curso en estos momentos.
A principios del 2004, las autoridades de inmigración estadounidenses le prohibieron a Zevallos el reingreso a los Estados Unidos, donde tiene una residencia en Miami. En junio del 2004, el gobierno estadounidense lo identificó como “importante narcotraficante extranjero” y les prohibió a empresas y personas estadounidenses realizar negocios con él o sus intereses. En noviembre del 2004, el Departamento del Tesoro estadounidense colocó a la empresa sucesora de AeroContinente, Nuevo Continente, en una lista de entidades sospechosas de mantener vínculos con el narcotráfico. Zevallos ha negado todas las acusaciones de narcotráfico que se le han hecho.
“Las acusaciones contra estas periodistas por el delito de difamación carecen de todo mérito y estamos consternados por este fallo judicial, pero el verdadero problema es que la difamación no debe ser materia del ámbito penal”, declaró Ann Cooper, Directora Ejecutiva del CPJ. “La amenaza de ser enviado a prisión puede provocar un efecto paralizante en todos los periodistas peruanos”.
En abril del 2004, Zevallos interpuso una querella penal por difamación contra los propietarios del diario El Comercio y periodistas investigativos del diario que habían escrito artículos que vinculaban a Zevallos con narcotraficantes.