Nueva York, 2 de septiembre del 2004—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena el prolongado encarcelamiento de más de dos docenas de periodistas cubanos, varios de los cuales han recibido atención médica inadecuada o han sido hostigados por protestar contra las condiciones en que se encuentran.
El gobierno cubano arrestó a 29 periodistas en marzo del 2003 en una masiva campaña contra la prensa independiente. Los periodistas, acusados de ser «contrarrevolucionarios» al servicio de los Estados Unidos, fueron condenados en juicios sumarios celebrados a puerta cerrada. Solamente dos de ellos han sido liberados.
El estado de salud de varios de los periodistas presos se ha deteriorado.
Jorge Olivera Castillo fue trasladado de un hospital en la provincia oriental de Guantánamo a la prisión de Agüica, en la provincia occidental de Matanzas, según la esposa, Nancy Alfaya. Olivera, quien padece de varias enfermedades, permanece en la enfermería de la prisión sin recibir tratamiento, indicó Alfaya.
Otro periodista, Oscar Espinosa Chepe, ya lleva más de un año hospitalizado y su salud ha empeorado. La esposa, Miriam Leyva, ha denunciado que la familia no tiene acceso a los médicos, los análisis ni al tratamiento de Espinosa Chepe.
Raúl Rivero, quien padece de enfisema pulmonar, ha sido hostigado por oficiales de la prisión, de acuerdo con la esposa, Blanca Reyes. Al finalizar la última visita familiar de Rivero, el 19 de agosto, el director de los servicios médicos de la prisión le dijo a Reyes que ella no podía pasarle medicinas a Rivero. Reyes, a quien la Seguridad del Estado le advirtió que no hiciera declaraciones sobre la situación de Rivero, relató al CPJ que los oficiales de la prisión le habían suspendido a Rivero la visita matrimonial del 11 de septiembre después de que éste tuviera un altercado con un oficial de la seguridad del Estado.
Fabio Prieto Llorente, periodista encarcelado en la prisión de Kilo 8 en la provincia central de Camagüey, se declaró en huelga de hambre el 11 de agosto en reclamo de un traslado a una prisión más cercana a su casa, según la agencia noticiosa independiente Decoro. Prieto Llorente, quien es del municipio especial Isla de la Juventud, posteriormente terminó la huelga de hambre y el 30 de agosto recibió visita de la madre y la hermana. Prieto Llorente ha sido hostigado por protestar contra las condiciones en que se encuentra encerrado, añadió Decoro.
También en el mes de agosto, el periodista Héctor Maseda fue trasladado a una celda con delincuentes reincidentes en la prisión de La Pendiente, informó la esposa, Laura Pollán. Maseda está preocupado por la posibilidad de que las autoridades penales utilicen a los presos comunes para hostigarlo. Pollán refirió al CPJ que ella y otros familiares de los periodistas y activistas opositores presos habían presentado una solicitud formal ante las autoridades cubanas en reclamo de una amnistía, pero los funcionarios gubernamentales no habían respondido a la solicitud.
«El gobierno cubano continúa haciendo caso omiso a los llamados internacionales y nacionales para que libere a los periodistas presos», declaró Ann Cooper, directora ejecutiva del CPJ. «Mientras estos periodistas continúen presos, en violación de normas internacionales en materia de libertad de expresión, continuaremos exigiendo su liberación inmediata e incondicional».
Antecedentes
El gobierno cubano arrestó a un total de 29 periodistas en marzo del 2003 y los sometió a juicios sumarios a puerta cerrada el 3 y el 4 de abril, mientras la atención del mundo se concentraba en la guerra de Iraq.
Algunos periodistas fueron juzgados según el Artículo 91 del Código Penal, que prevé largas sanciones de privación de libertad o muerte para todo el que actúe contra «la independencia o la integridad territorial del Estado». Otros periodistas fueron procesados por violar la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que dispone sanciones de privación de libertad de hasta 20 años para toda persona que cometa actos que «persiguen subvertir el orden interno de la Nación y destruir su sistema político, económico y social».
El 7 de abril del 2003, los tribunales de la isla anunciaron sanciones de privación de libertad de 14 a 27 años para los periodistas. En junio del mismo año, el Tribunal Supremo Popular, máxima instancia judicial, rechazó los recursos de casación que los periodistas habían presentado y ratificó las condenas.
En junio del 2004, las autoridades cubanas concedieron una licencia extrapenal por motivos de salud al periodista preso Carmelo Díaz Fernández y lo enviaron a casa. Antes de liberarlo, le advirtieron que si se ponía bien de salud o no tenía una «buena conducta», sería remitido de nuevo a la prisión. También en el mes de junio, el periodista Manuel Vázquez Portal, galardonado en el 2003 con uno de los Premios Internacionales a la Libertad de Prensa del CPJ, fue liberado sin recibir explicación. El día de su liberación, dos oficiales de la Seguridad del Estado le sugirieron que abandonara el país.
Los periodistas encarcelados, la mayoría de los cuales están en pabellones de máxima seguridad, han denunciado las deficientes condiciones sanitarias y la inadecuada atención médica. También se han quejado de recibir alimentos que huelen mal o están en mal estado. A diferencia de la población penal general, que tiene visitas con mayor frecuencia, la mayoría de los periodistas presos reciben visitas familiares cada tres meses y conyugales cada cinco meses.