Estimado Sr. Mitchell:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está alarmado por los recientes intentos del gobierno de Granada de intimidar a los medios locales, que incluye el empleo de acciones legales contra la prensa por informar sobre delitos supuestamente cometidos por usted.
El 30 de marzo, el boletín de noticias de Internet con sede en Miami OffshoreAlert publicó un artículo donde se afirma que usted aceptó 500 mil dólares estadounidenses a cambio de la designación de un ciudadano de Estados Unidos en un puesto diplomático. Usted negó la imputación y dijo que no había hecho nada inapropiado.
El 10 de mayo, el opositor Congreso Democrático Nacional sostuvo una conferencia de prensa denunciando la supuesta corrupción gubernamental, como informara OffshoreAlert. El Servicio de Información del gobierno de Granada advirtió entonces a los medios que, de emitir o publicar el contenido de la conferencia de prensa, podrían enfrentar acción legal. A los pocos días, el gobierno entabló una demanda penal por difamación en Granada iniciada por usted contra OffshoreAlert y su editor, David Marchant, un ciudadano británico.
El 11 de mayo, Odette Campbell, directora de noticias de Grenada Broadcasting Network, empresa en la que su gobierno controla el 40 por ciento, se retiró de una conferencia de prensa ofrecida por el ministro de turismo, en protesta por la actitud del gobierno hacia la prensa. Cerca de una docena de periodistas también participaron de la protesta. Campbell fue suspendida por una semana por sus acciones y el 25 de mayo renunció a su cargo. Campbell indicó al CPJ que cree que el gobierno fue responsable por su suspensión pero que no podía confirmar sus sospechas.
El 27 de mayo, Leroy Noel, un reportero freelance granadino, fue detenido para ser interrogado sobre el contenido de un artículo publicado el 21 de mayo en el semanario de Granada Spice Isle Review. El artículo, «NNP days are numbered» (Los días del NNP están contados), informó sobre los vínculos entre integrantes del partido gobernante Nuevo Partido Nacional y personas acusadas de corrupción. El periodista, que regularmente colabora con Caribbean Net News de las Islas Caimán, señaló al CPJ que cuatro agentes de la policía lo detuvieron mientras iba camino al trabajo, alrededor de las 6:15 a.m. Las autoridades liberaron a Noel cuatro horas más tarde y sin formular cargos.
El 2 de junio, Noel dijo haber recibido una amenaza de muerte anónima en su teléfono celular. Noel relató al CPJ que un hombre no identificado le ordenó que no escribiera más sobre el primer ministro o sería asesinado. Después de que Noel recibió la amenaza, su abogado, Anselm Clouden, pidió al jefe de policía de Granada que inicie una investigación del hecho y provea seguridad a Noel.
Los recientes actos de intimidación adoptados por su gobierno son un claro intento de impedir que los periodistas granadinos cumplan con su labor de diseminar información. Con todo el debido respeto, sus acciones abren interrogantes sobre su compromiso personal con la democracia. Lo exhortamos a abandonar toda acción legal contra periodistas y a desistir de cualquier esfuerzo para restringir el trabajo de la prensa.
Sinceramente,
Ann Cooper
Directora Ejecutiva