Nueva York, 17 de octubre del 2003—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está sumamente alarmado por los ataques y amenazas contra medios de prensa y periodistas esta semana durante las masivas protestas antigubernamentales que amenazan con derrocar al gobierno boliviano.
El miércoles 15 de octubre, atacantes no identificados volaron los equipos de transmisión del Canal 13 de televisión y de la radioemisora católica Radio Pío XII, ambos con sede en la ciudad de Oruro, lo que los obligó a salir del aire. De acuerdo con el periodista de Radio Pío XII Grover Alejandro, cerca de las 6 p.m. varios oyentes comenzaron a llamar a la radioemisora para informar que se había caído la señal del Canal 13, el que había estado bajando de forma intermitente la señal de Radio Pío XII.
Cerca de 15 minutos más tarde, más oyentes llamaron para decir que no podían recibir la señal de la radioemisora. Otros personas que llamaron dijeron haber escuchado dos explosiones. Alejandro señaló al CPJ que un guardia de seguridad del cerro donde los transmisores están ubicados declaró que varios hombres encapuchados y armados con pistolas lo sometieron y detonaron dos explosivos, destruyendo los equipos.
Tanto Radio Pío XII, afiliada a la cadena de Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), como el Canal 13, dirigido por la Universidad Técnica de Oruro, han dado amplia cobertura informativa a las masivas protestas contra el gobierno. Las autoridades universitarias culparon al gobierno del ataque, de acuerdo con el diario La Patria de Oruro. Radio Pío XII sigue fuera del aire, mientras que el Canal 13 pudo retomar sus transmisiones utilizando su equipo antiguo, según Alejandro.
También el 15 de octubre, oficiales del ejército amenazaron a Carlos Colque Muriel, corresponsal de ERBOL en Patacamaya, mientras cubría enfrentamientos entre mineros y el ejército en la localidad, ubicada 100 kilómetros al sur de La Paz. Coque indicó al CPJ que fue alcanzado en la espalda por una bala de goma disparada por los soldados pero no sufrió heridas, al parecer porque la bala fue disparada a larga distancia. Según Colque, mientras estaba trabajando, los soldados apuntaron las armas en su dirección en varias ocasiones.
El semanario Pulso de La Paz informó que su edición especial del 15 de octubre, que traía un editorial que exhortaba al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar, había sido parcialmente «decomisada». De acuerdo con Gustavo Guzmán, jefe de redacción de Pulso, varios individuos en una camioneta verde que simulaban ser del plantel del semanario, confiscaron ejemplares de la revista en una zona al sur de La Paz. Vendedores de diarios confirmaron más tarde la información al semanario. Pulso, que circuló normalmente en el resto de la ciudad, también descubrió que alguien había comprado una gran cantidad de ejemplares en el norte de La Paz. Guzmán sospecha que funcionarios del gobierno pueden haber intentado sacar de circulación ejemplares del semanario. Por su parte, el matutino El Diario de La Paz, afirmó que individuos no identificados habían confiscado varios ejemplares de su edición del 15 de octubre, que incluía un artículo que trataba la posible renuncia de Sánchez de Lozada.
También el 15 de octubre, partidarios del opositor Movimiento al Socialismo (MAS) atacaron a Eduardo Pinzón, camarógrafo español de Radio Televisión Española, de acuerdo con versiones de la prensa local. Las cadenas locales de televisión Canal 36-Cadena A y Radio Televisión Popular suspendieron sus transmisiones durante varias horas tras haber recibido amenazas, según el matutino de Santa Cruz El Deber.
En medio de la crisis, funcionarios del gobierno boliviano han acusado a algunos medios de prensa de incitar a la población a cometer actos ilegales, entre ellos «sedición». Sin embargo, el gobierno no ha emprendido acciones legales contra periodistas o medios.
Las protestas antigubernamentales, que comenzaron cerca de un mes atrás en La Paz y la vecina ciudad de El Alto y luego se extendieron al resto del país, congregaron a sindicalistas, asociaciones de vecinos, mineros, estudiantes y cultivadores de coca contra los planes del gobierno de desarrollar un gasoducto para exportar gas natural de Bolivia, país sin salida al mar, a través de Chile. Sin embargo, después de que el gobierno reprimiera con violencia las protestas, con un saldo de más de 50 muertos y cientos de heridos, los manifestantes ampliaron sus demandas y comenzaron a reclamar la renuncia del presidente.
«El gobierno boliviano debe garantizar la libertad de prensa y proteger a los periodistas en la actual crisis», señaló Ann Cooper, directora ejecutiva del CPJ. «Además, las autoridades deben iniciar una investigación de inmediato para determinar si funcionarios del gobierno han estado involucrados en la confiscación de medios escritos».
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