Nueva York, 6 de febrero del 2003—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está alarmado ante la investigación que el Ministerio de Infraestructura abrió a los canales de televisión Televén y Venevisión para determinar el presunto incumplimiento de la normativa sobre transmisiones de radio y televisión. El Ministerio podría multar a los canales, suspenderlos o incluso revocar sus concesiones.
El 30 de enero y el 5 de febrero, respectivamente, funcionarios del referido ministerio notificaron a Televén y a Venevisión que se habían abierto procedimientos administrativos contra ambos canales por la presunta transgresión de normas que rigen el funcionamiento de los medios, entre ellas el Artículo 53 del Reglamento de Radiocomunicaciones, que prohíbe la transmisión de discursos en los cuales “se incite a la rebelión y al irrespeto a las instituciones y sus autoridades” así como la transmisión de “propaganda tendiente a subvertir el orden público social; y de señales y noticias falsas, engañosas o tendenciosas”.
Televén y Venevisión disponen de 15 días hábiles para presentar los argumentos y medios de prueba de la defensa. Una vez que el ministerio reciba los alegatos defensivos de los dos canales, tiene 120 días para tomar una decisión.
Como elementos de las presuntas violaciones, el ministro de Infraestructura Diosdado Cabello Rondón menciona declaraciones efectuadas por líderes de la oposición y militares en desobediencia, así como propagandas políticas de grupos de oposición transmitidas por Televén entre octubre del 2002 y enero del 2003.
Cabello también acusó a Televén de transmitir coberturas noticiosas especiales de un paro opositor y avances informativos y cuñas de la oposición en el horario comprendido entre las 3 p.m. y las 6 p.m., el cual, de conformidad con el Artículo 11 del Reglamento Parcial sobre Transmisiones de Televisión, debe ser dedicado a programas dirigidos a la atención de los niños.
Los elementos acusatorios presentados contra Venevisión se refieren a declaraciones de militares en desobediencia transmitidas por Venevisión.
El 20 de enero pasado, funcionarios del citado ministerio notificaron a los canales caraqueños Globovisión y RCTV que se habían abierto procedimientos administrativos similares contra ambos canales. La Televisora Regional del Táchira, un canal con sede en el estado andino del Táchira, enfrenta también un procedimiento administrativo. Para mayor información, dirigirse a http://www.cpj.org/news/2003/Ven23jan03_Sp.html.
En el período de diciembre del 2002 a enero del 2003, el presidente venezolano Hugo Chávez Frías ha amenazado varias veces con cancelar las concesiones de transmisión de los canales televisivos privados. En declaraciones efectuadas el 4 de febrero, el ministro Cabello indicó: “Los canales de televisión que transmitan programación que saben no deben transmitir, que asuman su responsabilidad”. Cabello agregó que en el curso de esta semana podrían salir nuevos procedimientos administrativos contra otros canales de televisión y radioemisoras.
Estos últimos acontecimientos en el conflicto entre el presidente Chávez y los medios de comunicación ocurren tras el fin de un paro de dos meses de duración convocado por la mayor central obrera, la asociación de empresarios Fedecámaras, y la coalición opositora Coordinadora Democrática. La mayoría de los medios venezolanos han apoyado enérgicamente a la oposición y han respaldado el paro, que terminó el 2 de febrero. En un clima de extrema polarización, tanto los medios privados como los estatales han suprimido toda apariencia de objetividad de la cobertura informativa.
