Reportaje especiale: Costa Rica

San José, Costa Rica, 5 de julio de 2002 — La noche del sábado 7 de julio de 2001, Parmenio Medina debía de recibir un premio en defensa de la libertad de expresión de parte de una organización costarricense sin fines de lucro. Esa mañana, él grabó su programa de radio, «La Patada», tal como lo había hecho durante los últimos 28 años. A las 4:30 p.m., a media cuadra de su casa, él recibió tres disparos a quemarropa. Murió en una ambulancia camino al hospital.

El asesinato estremeció a toda Costa Rica –país que abolió el ejército en 1949 y se considera una democracia pacífica–. Pero lo más alarmante es que un año después de haberse cometido el crimen, los responsables del asesinato de Medina aún no han sido enjuiciados.

De hecho, no fue sino hasta la semana pasada que el Fiscal General, Carlos Arias, finalmente dio una conferencia de prensa para anunciar que la Fiscalía investigaba a posibles sospechosos y sus móviles probables. De acuerdo con dos diarios nacionales, Al Día y La Nación, y dos noticiarios de televisión, «Repretel» y «Telenoticias», cuatro integrantes de una pandilla criminal son sospechosos de haber sido contratados para asesinar a Medina. Dos de los sospechosos ya están en prisión cumpliendo condenas por otro delito, uno fue asesinado en un atraco, y el cuarto no ha sido localizado, según se informó.

Sin embargo, antes de la conferencia de prensa de la semana pasada, el silencio era la única respuesta que recibían los reporteros cuando se encaraban con las autoridades acerca de la muerte de Medina. Además, los periodistas –los propios colegas de Medina– se han rehusado a investigar el asesinato por su propia cuenta porque, conforme al severo Código Penal vigente en Costa Rica, temen que publicar los resultados de sus investigaciones pueda provocar acusaciones de difamación por parte de funcionarios públicos.

Los periodistas costarricenses aseguran que se sienten amenazados por las normas vigentes en el país relativas a la difamación. En dos encuestas a reporteros realizadas por el diario nacional La Nación, más de la mitad de los entrevistados admitió haber recibido algún tipo de amenaza como resultado de su trabajo. En la encuesta más reciente, publicada el 3 de mayo, de los 81 periodistas entrevistados, el 56 por ciento afirmó que habían sido intimidados por funcionarios públicos que se sentían ofendidos por sus reportajes. Siete periodistas entrevistados habían recibido amenazas contra su integridad física. Y el treinta y siete por ciento indicó que habían sido amenazados con demandas por calumnia, injuria y difamación, delitos que en Costa Rica son castigados con elevadas multas o penas de cárcel.

De nacionalidad colombiana, Medina llegó a Costa Rica en 1968 escapando de la violencia de su país y trabajó hasta llegar a la producción radial nacional. Su programa «La Patada» mantuvo su popularidad por tres décadas y se convirtió en una tradición dominical que se transmitía antes y después de los partidos de fútbol. Con una sátira incisiva y valiente, Medina dirigió sus críticas a los dirigentes de los equipos de fútbol, los representantes de la clase política, y finalmente al blanco de su última gran controversia: la Iglesia católica.

A principios del 2001, «La Patada» informó sobre una presunta malversación de fondos en Radio María, una emisora católica que en ese entonces contaba con los niveles de audiencia más altos del país. El 26 de mayo del mismo año, el arzobispo de San José, Román Arrieta, anunció que Radio María cerraría debido a dificultades económicas. Dichas dificultades probablemente surgieron a raíz de los problemas de contabilidad financiera que Medina había dado a conocer en su programa.

Un mes y medio después del cierre de Radio María, Medina fue asesinado, y con él, «La Patada» fue silenciada. Nadie retomó el programa y no ha vuelto a aparecer ningún programa similar.

Pero ese no es el único silencio que se ha dado después de la muerte de Medina. Normas oficiales prohíben a la Fiscalía, la cual está a cargo de la investigación, divulgar los nombres de los sospechosos. Por casi 12 meses, los investigadores no dieron conferencias de prensa y la única respuesta dada al ser interrogados era que las pesquisas estaban avanzadas. Sin embargo, aún si los fiscales dieran a conocer los nombres, los periodistas no los publicarían, ya que el Código Penal costarricense castiga a cualquiera que reproduzca declaraciones que otros puedan considerar ofensivas –aun si la persona que hace las declaraciones es el Fiscal General de la República–. Aunque la prensa ha hecho algunos intentos por realizar sus propias investigaciones acerca de los hechos del caso, cuando los reporteros descubren algo, se autocensuran por temor a ser acusados de injuria o difamación.
En Costa Rica, «cuando uno investiga uno puede llegar a algunas conclusiones, pero no hay pruebas para decirlas sin ser demandado», dice Esteban Castro, uno de los encargados de la cobertura del crimen de Medina para el noticiario «Telenoticias», del Canal 7.

De hecho, Ernesto Rivera, reportero investigativo de La Nación, reconoce que no publicó detalles de su investigación sobre el asesinato para evitar demandas por difamación.

Este temor a ser acusado y castigado tiene precedentes. Mauricio Herrera, periodista de La Nación, fue hallado culpable de difamación en 1999 por publicar informaciones basadas en acusaciones contra un ex diplomático costarricense aparecidas en medios europeos. Herrera y La Nación fueron multados y Herrera ahora posee antecedentes penales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad de la Organización de los Estados Americanos, ha admitido el caso.

Tras la muerte de Medina la Asamblea Legislativa estableció una «Comisión de Libertad de Prensa» para que analizara posibles reformas a las normas sobre la difamación. La comisión examinó nueve proyectos de reformas, pero sólo aprobó uno que eliminaba el delito de desacato, que conllevaba penas de cárcel para quien ofendiera a un funcionario público. La comisión no analizó el obstáculo principal para la prensa: la ley de «delitos contra el honor», la cual dispone multas y penas de cárcel para todo el que calumnie, injurie, difame o reproduzca declaraciones ofensivas contra una persona, incluso funcionarios públicos.

El 3 de febrero de 2002, la nueva Asamblea Legislativa fue electa y se conformó una nueva Comisión de Libertad de Prensa. Al mismo tiempo, otro grupo en el congreso estudia una reforma general del Código Penal, la cual modificaría los delitos contra el honor. Aunque esta reforma introduciría más mecanismos de defensa para los periodistas, también aumentaría las penas y mantendría como delito la reproducción de declaraciones ofensivas.

Tristemente, existe la sensación en los medios costarricenses de que los asesinos no serán enjuiciados. «La gente da por un hecho que el crimen no se va a resolver», concluye Esteban Castro, de «Telenoticias», quien teme, además, que el asesinato haya servido de antecedente para quienes quieren intimidar a los reporteros.

El director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Roberto Cuéllar, califica la atmósfera que respira la prensa en Costa Rica como «el silencio». Y es silenciosa en más de una manera. Existe el silencio de Medina, el de los investigadores del caso, y el de los medios. Y el silencio, por ahora, continúa.

Montserrat Solano Carboni es una periodista costarricense.