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ARGENTINA Si bien Argentina se sumergió aun más en la crisis económica durante el 2001, y como consecuencia de ello el presidente Fernando de la Rúa se vio obligado a renunciar, los medios de comunicación por lo general funcionaron sin obstáculo alguno. No obstante, el empeoramiento de la situación económica perjudicó la publicidad y las ventas, y la Corte Suprema de Justicia asestó duros golpes a la libertad de prensa. El 2001 fue el cuarto año consecutivo de la recesión en Argentina, y el país presenció protestas y huelgas callejeras generalizadas contra medidas de austeridad que tenían como fin eliminar el déficit presupuestario nacional. El Fondo Monetario Internacional otorgó un paquete de emergencia de 8 mil millones de dólares estadounidenses en agosto, pero para fines de año, el organismo retuvo un pago de 1,26 mil millones de dólares estadounidenses. Al cierre de la edición del presente volumen, Argentina había cesado el pago de su deuda externa y había devaluado su moneda, el peso argentino. El 1 de mayo, el ministro de Economía Domingo Cavallo decretó un impuesto al valor agregado (IVA) del 21 por ciento sobre todas las ventas de los medios, según Gabriel Matijas, gerente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Matijas declaró al CPJ que antes del 1 de mayo, los medios impresos sólo estaban obligados a pagar el IVA sobre los ingresos por concepto de publicidad. Debido a que el nuevo impuesto podría haber ocasionado la quiebra de muchos medios impresos —en especial medios más pequeños del interior— el gobierno redujo el impuesto a la mitad y permitió que las editoriales descontaran de los pagos destinados al seguro social una cantidad igual a la que pagaron en el IVA. Pocos ataques contra la libertad de prensa ocurrieron en el 2001, lo que puede atribuirse a la energía y la combatividad de los medios argentinos, los que se dieron gusto divulgando los intentos de imponer restricciones. Aun así la prensa estuvo indefensa ante la Corte Suprema, la cual está llena de partidarios del ex presidente Carlos Saúl Menem. El 20 de noviembre, la Corte Suprema desestimó cargos pendientes contra Menem, quien había permanecido en arresto domiciliario desde junio por acusaciones de tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia —un escándalo sacado a la luz por los medios—. En un dictamen ampliamente criticado, el tribunal aprovechó la oportunidad para advertir a otros jueces sobre la presión de la opinión pública, «sea formada espontáneamente u orientada por los medios masivos de comunicación». La Corte Suprema le otorgó a Menem otra victoria el 25 de septiembre en una demanda contra la revista informativa NOTICIAS. El tribunal falló que el semanario había violado el derecho a la privacidad de Menem al informar acerca de una relación extramatrimonial que él había tenido con una antigua maestra. Además de exigirle a la revista que le pagara 60 000 pesos (60 000 dólares estadounidenses) a Menem, la Corte Suprema ordenó a NOTICIAS publicar el fallo. El 15 de noviembre, Horacio Verbitsky y Eduardo Bertoni, secretario general y asesor legal, respectivamente, de la organización argentina pro libertad de prensa PERIODISTAS, presentaron el caso de NOTICIAS ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), radicada en Washington, D.C. Acompañados del miembro de la junta del CPJ y columnista del Chicago Tribune, Clarence Page, y la directora ejecutiva del World Press Freedom Committee (Comité Mundial para la Libertad de Prensa), Marilyn Greene, Verbitsky y Bertoni presentaron ante el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton, una denuncia a nombre de PERIODISTAS y NOTICIAS en la cual solicitaban que la CIDH suspendiera el fallo mientras examinaba el caso. A finales de año, la comisión se encontraba estudiando el caso. Verbitsky viajó a los Estados Unidos para recibir uno de los Premios Internacionales a la Libertad de Prensa 2001 del CPJ, galardón que le fue otorgado por su labor periodística, la cual ha sentado pautas, y sus esfuerzos en la lucha por un mejor marco legal para la libertad de prensa. Un proyecto de ley que busca erradicar las disposiciones penales sobre la difamación de las leyes argentinas y que fue firmado por el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá el 27 de diciembre, actualmente espera la aprobación del Congreso. Luego de que la CIDH negociara una solución amistosa en 1999 entre PERIODISTAS y el gobierno argentino en relación con varias demandas penales por difamación, PERIODISTAS elaboró la legislación, que introduce y codifica las normas de «real malicia» y reproducción fiel. De conformidad con las normas de «real malicia», articuladas por vez primera por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso New York Times Co. v. Sullivan, de 1964, la parte demandante debe primero probar no sólo que la información publicada es falsa sino que también los periodistas sabían o debían saber que era falsa en el momento de la publicación. La norma de reproducción fiel, ya aceptada por la Corte Suprema de Argentina en un caso de 1986, plantea que la parte demandante no puede querellar a un periodista por reproducir con exactitud información de una fuente explícitamente mencionada. Aunque la nueva ley sólo prohíbe las demandas penales por difamación en el caso de las figuras públicas, proporciona nuevas y significativas garantías a los periodistas argentinos. El 23 de agosto de 2001, la Corte Suprema ratificó su decisión de 1986 sobre las normas de reproducción fiel. El fallo confirmó la decisión de una corte de segunda instancia que rechazó la demanda del ex militar Arnaldo Luis Bruno contra el diario La Nación por un artículo que lo vinculaba al atentado perpetrado en 1992 contra la embajada israelí en Buenos Aires. En la investigación acerca del asesinato en 1999 de Ricardo Gangeme, propietario y director del semanario El Informador Chubutense, tres sospechosos encarcelados fueron puestos en libertad el 21 de septiembre por haber estado dos años en prisión sin haber sido procesados, según Juan Carlos Rojas, secretario de redacción de La Jornada, diario que Gangeme dirigió hasta 1998. A fines de año todavía no se había fijado la fecha del juicio, dijo Rojas. |