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BALANCE REGIONAL: LAS AMÉRICAS por Marylene Smeets Teniendo como telón de fondo economías y democracias en apuros, las Américas presenciaron un incremento en los ataques violentos y verbales contra los periodistas durante el 2001. El número de periodistas asesinados en la región ha aumentado, con un saldo de 11 comunicadores asesinados por realizar su trabajo en el 2001, en comparación con siete en el 2000 y seis en 1999. Los actos de violencia también están ocurriendo en más países de la región. En particular, en Costa Rica —nación considerada desde hace mucho como una de las más libres y democráticas de Latinoamérica— el asesinato de Parmenio Medina Pérez fue el primer asesinato que el CPJ haya documentado en la historia reciente de ese país. El asesinato de Medina resultó ser una anomalía también en otro aspecto: Medina, productor y presentador de un programa radial de la capital costarricense, San José, y quien se caracterizaba por su estilo franco y directo, fue el único periodista latinoamericano asesinado en una gran urbe en el 2001. Desde finales de la década del 90, las investigaciones del CPJ han demostrado que en Latinoamérica los periodistas del interior corren los mayores riesgos. En el pasado, prominentes periodistas de las grandes ciudades eran blanco frecuente. Hoy día, los periodistas del interior son víctimas de la mayoría de los asesinatos y actos de violencia no mortales. En el recrudecido conflicto armado colombiano, los tres periodistas que fueron asesinados en represalia por su trabajo eran del interior, al igual que los tres que fueron asesinados por desempeñar su labor en el 2000. El auge de las organizaciones locales de base y pro libertad de prensa, las que han sacado a relucir las amenazas contra los periodistas del interior, puede explicar parcialmente los resultados antes citados. Por otra parte, generalmente se atribuye la disminución en la violencia en los grandes centros urbanos a las enérgicas protestas contra los asesinatos de periodistas de renombre. Aun cuando el activismo decidido ha elevado el costo político de atacar a periodistas, algunos líderes no vacilaron en arremeter contra los medios cuando se vieron enfrentados a la pérdida de popularidad y el agravamiento de problemas socioeconómicos. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías se refirió a la prensa venezolana como «medios de comunicación antisociales» y amenazó públicamente con expulsar a los extranjeros que criticaran al país. Debido a que sus seguidores a menudo han tomado las palabras del presidente al pie de la letra, la retórica de Chávez contra la prensa creó un clima que puede llevar a ataques violentos contra los medios. En Haití, el presidente Jean-Bertrand Aristide lanzó su campaña de «cero tolerancia» contra la delincuencia en junio, y dio a entender que los delincuentes callejeros que fueran sorprendidos en el acto podrían ser castigados sumariamente sin juicio alguno. Un diputado del partido oficialista más tarde anunció que se debía aplicar esta política a Brignolle Lindor, director de noticias de la radioemisora privada Radio Echo 2000. Lindor ya había recibido numerosas amenazas por parte de las autoridades locales por haber invitado a miembros de la coalición opositora a que se presentaran en su programa. Posteriormente Lindor fue asesinado a machetazos por una turba de seguidores del partido oficialista. En Haití, nación plagada por la violencia, el año terminó con una intentona golpista que ha sido calificada por los partidos opositores como un pretexto para aplastar las voces discrepantes. Cientos de partidarios del gobierno armados con machetes y pistolas hostigaron a por lo menos una docena de periodistas. Además, partidarios de Aristide atacaron radioemisoras y vehículos pertenecientes a organizaciones noticiosas privadas. Como consecuencia, por lo menos 15 periodistas tuvieron que abandonar el país, y por lo menos 40 pasaron a la clandestinidad, según despachos de la prensa internacional. A pesar de estos enormes retos, la prensa latinoamericana puede enorgullecerse de su eficaz activismo en favor de reformas legales. Muchas propuestas de reformas legales presentadas por organizaciones de prensa latinoamericanas abordaron la falta de acceso a la información pública, lo que según muchos constituye un importante escollo para el quehacer periodístico en la región. La organización de comunicadores Sindicato de Periodistas del Paraguay, por ejemplo, ayudó a redactar un proyecto de ley de acceso a la información tras protestas que condujeron a la derogación de una versión más limitada que apoyaba el gobierno. Y, después de protestas que motivaron la derogación de desastrosas leyes en el 2000, Panamá promulgó una ley de acceso a la información propuesta por la organización no gubernamental Transparencia Internacional. Los instrumentos de protección regional a la libertad de expresión también se consolidaron en el 2001. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidades de la Organización de los Estados Americanos, emitieron decisiones que demostraron que la libertad de expresión se ha convertido en una prioridad. Por primera vez en un caso sobre la libertad de prensa, la Corte Interamericana otorgó una «medida provisional» —que generalmente sólo se concede en casos de «extrema gravedad… y cuando se haga necesario evitar daños irreparables», según la ley interamericana—, y ordenó a jueces costarricenses suspender un fallo previo sobre un caso de difamación mientras el Sistema Interamericano examina el caso. Funcionarios de la Comisión hicieron hincapié en cuestiones de la libertad de prensa durante una visita a Panamá y recibieron denuncias de Argentina, Colombia y Venezuela, entre otras naciones. Los periodistas de todo el hemisferio parecieron haberse percatado de que podían conseguir reparaciones por medio del Sistema Interamericano, en vez de continuar sometidos a los caprichos represivos de sus respectivos tribunales nacionales. No obstante, algunos países como Venezuela se han mostrado renuentes a cumplir las órdenes del Sistema Interamericano. Y, además, las demandas penales por difamación continúan siendo un flagelo para la labor de los periodistas, a veces pese a la reforma de las leyes sobre la difamación. Muchos funcionarios aún utilizan toda medida legal a su alcance para suprimir la crítica de los medios. La tendencia presente en Latinoamérica de proteger el honor y la reputación a toda costa puede demorar por lo menos una generación más en desaparecer. A pesar de las onerosas disposiciones penales contra la difamación, sólo dos periodistas de la región permanecían encarcelados a finales de año. En Estados Unidos, la periodista independiente Vanessa Leggett fue privada de su libertad por negarse a entregar material de investigación acerca de un asesinato ocurrido en 1997. Leggett decidió ir a la cárcel para proteger la reserva de sus fuentes. Luego de estar encarcelada cinco meses —se dice que más que cualquier otro periodista en la historia estadounidense—, Leggett fue liberada el 4 de enero del 2002. En Cuba, Bernardo Rogelio Arévalo Padrón permaneció encarcelado por desacato al presidente Fidel Castro Ruz y otros funcionarios. En general, los funcionarios gubernamentales parecen haberse dado cuenta de que encarcelar a periodistas sencillamente tiene un elevado costo político. En cambio, optaron por dictar penas de cárcel condicionales y ordenaron a los periodistas pagar cuantiosas sumas por concepto de daños y perjuicios. En particular, la situación es grave en Panamá, donde se estima que la tercera parte de todos los periodistas en estos momentos enfrentan demandas penales por difamación. Algunos gobiernos y empresas tomaron represalias contra la prensa otorgando publicidad de modo discriminatorio, una táctica que ha sido particularmente eficaz debido a la recesión económica. La amenaza de perder el ingreso por concepto de anuncios, en potencia devastadora, llevó a algunos medios a evitar poner al descubierto actos ilícitos por parte de las empresas y el gobierno. El efecto combinado de economías con lento crecimiento y el a menudo decepcionante desempeño de las instituciones del Estado —en muchas de las cuales abunda la corrupción— ha ocasionado que la democracia reciba un apoyo cada vez menor en la región. Según el Financial Times, un estudio de la Corporación Latinobarómetro, empresa privada con sede en Santiago de Chile, halló que «los latinoamericanos tienen mayor fe en la iglesia católica, la televisión y las fuerzas armadas —en ese orden— que en sus respectivos presidentes, fuerzas policiales y poderes judiciales». Si bien los periodistas latinoamericanos han dado una activa cobertura informativa a la corrupción, algunos también están involucrados en ella. Se han difundido denuncias sobre reporteros corruptos en varios países del continente; con frecuencia se culpa a los bajos salarios por la corrupción. Los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos han tenido repercusiones inesperadas en la prensa estadounidense, la cual goza de eficaz protección legal y está acostumbrada a trabajar con poca interferencia gubernamental. Los medios estadounidenses tuvieron que presionar al gobierno para que les diera acceso a información acerca de la guerra contra el terrorismo, mientras que la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, pidió a los ejecutivos de la televisión que utilizaran cautela al mostrar grabaciones de video de Osama bin Laden. La influencia estadounidense también se sintió alrededor del planeta. El secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, pidió a funcionarios del gobierno de Qatar que controlaran a Al-Jazeera, canal de televisión por satélite con sede en ese país, por lo que Estados Unidos consideró era el sesgo antiestadounidense del canal. FIN Marylene Smeets is Americas program coordinator at CPJ. Sauro González Rodríguez is Americas program researcher; he did extensive research for this section. Bogotá-based free-lance journalist Michael Easterbrook and New York-based Trenton Daniel, a former Reuters correspondent in Haiti and staff writer for the Haitian Times, also contributed to this report. Cécile Hambye helped with the research. The Robert R. McCormick Tribune Foundation provided substantial support toward CPJ’s work in the Americas in 2001. The Tinker Foundation is supporting CPJ’s campaign to end criminal defamation in the Americas.
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