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URUGUAY
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URUGUAY SIRVE DE ESCENARIO A UNA DE LAS PRENSAS MÁS ACTIVAS de las Américas; pero a menudo los funcionarios públicos interponen cargos penales por difamación contra periodistas, mientras la publicidad estatal se emplea para premiar a los medios que brindan un tratamiento informativo favorable al gobierno.
Los periodistas uruguayos sostienen que en la última década las acusaciones de difamación en el ámbito penal contra los periodistas han sido una práctica común. Bajo el artículo 26 de la ley 16.099, la Ley de Prensa uruguaya, «los delitos de difamación e injuria cometidos a través de los medios de comunicación se castigarán siempre con pena privativa de libertad dentro de los límites previstos para cada delito en el Código Penal». Cometer dichos delitos a través de los medios se califica de circunstancia «agravante de la responsabilidad penal», según este artículo. El 9 de octubre un juez desestimó una demanda entablada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las Fuerzas Armadas (Caofa) contra de Federico Fasano Mertens, director del diario La República de Montevideo. La demanda se basaba en un reportaje aparecido en la edición del 6 de octubre de 1999 de La República, que indicaba que la anterior junta directiva de Caofa era responsable de la pérdida financiera de millones de dólares de la cooperativa de ahorro. Dos semanas después, la actual junta directiva de Caofa demandó al periódico, alegando que las denuncias dañaron a la institución y eran inciertas. El fallo de octubre a favor de La República tuvo lugar luego de que un fiscal local halló que la información publicada por el periódico era verosímil y no tenía la intención de difamar a Caofa. Irónicamente, Fasano posteriormente interpuso una demanda penal por difamación e injuria contra Claudio Paolillo, secretario de redacción del semanario rival Búsqueda de Montevideo, quien utilizó las palabras «chantaje, asociación para delinquir y estafa» en un artículo de opinión para referirse al director de La República. Fasano retiró los cargos el 24 de octubre, pero el caso demuestra cómo los periodistas pueden sentirse tentados de utilizar contra sí mismos las leyes de prensa vigentes. Los periodistas uruguayos aún no han llegado a un consenso sobre el tema de redefinir la difamación como un asunto que corresponde a los tribunales civiles. La postura del CPJ es que la difamación, especialmente en el caso de funcionarios públicos o personalidades públicas, no debe ser un delito. El senado uruguayo actualmente está debatiendo un proyecto de ley sobre el derecho a la información que se redactó en 1996 y se presentó al Congreso en 1998. El proyecto de ley, cuyo objetivo es complementar la ley de prensa, que no garantiza el acceso a la información pública y gubernamental, garantizaría el derecho a obtener acceso a los documentos públicos que se encuentren en los archivos gubernamentales y les daría un tratamiento preferencial a las solicitudes de los medios de comunicación para obtener acceso a dicha información. Las publicaciones extranjeras de bajo costo (en especial las argentinas), los altos costos de distribución y la fuga de la publicidad hacia la televisión y la Internet, han hecho que los medios impresos sean susceptibles a las presiones por parte del estado, el mayor anunciante de Uruguay. Los periodistas han objetado el hecho de que el gobierno permita a los directores de las agencias y empresas estatales usar a su discreción los fondos destinados a la publicidad. También han hecho un llamado para que haya transparencia en la distribución de la publicidad estatal y han propuesto la creación de una base de datos en línea con información detallada acerca de los gastos publicitarios del estado en los últimos tres años. Se ha informado que algunas publicaciones dependen casi por completo de la publicidad oficial, lo cual sólo las hace más vulnerables a la influencia del gobierno. En agosto el semanario de Montevideo Guambia se vio forzado a cesar su publicación debido a lo que su director Antonio Dabezies llamó «falta de apoyo publicitario». Algunos periodistas también han denunciado sobornos por parte de funcionarios gubernamentales que buscaban influir en la cobertura informativa. En un caso aislado, Julio César Da Rosa, dueño y director de la estación independiente Radio del Centro, en el norteño departamento de Artigas, fue asesinado por un exfuncionario local, Carmelo Nery Colombo, quien le disparó al periodista y se suicidó después de que Da Rosa dio a entender que Colombo no estaba capacitado para ejercer un cargo público. |
