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PANAMÁ
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EL GOBIERNO PANAMEÑO NO SÓLO INCUMPLIÓ SU PROMESA de derogar las llamadas leyes mordaza del país, sino que intentó varias veces imponer nuevas restricciones en el 2000. Entretanto, varios periodistas fueron condenados a penas de cárcel por difamación.
Las leyes mordaza abarcan una amplia gama de artículos, leyes y decretos —muchos de ellos promulgados por regímenes militares— que tipifican como delito el criticar a un funcionario público y que, además, permiten la censura previa. En las décadas que han transcurrido desde la aprobación de las primeras leyes mordaza tras un golpe de estado en 1969, se han utilizado tales leyes para suprimir y controlar la labor de la dinámica prensa panameña. El 8 de septiembre de 1999, una semana después de que Mireya Moscoso asumió la presidencia, una delegación del CPJ se reunió con la nueva mandataria y le pidió derogar las leyes mordaza. Pocos meses después, Moscoso firmó un proyecto de ley que revocó algunas de las cláusulas más restrictivas, entre ellas parte de una ley de 1978 que permitía el cierre de un medio por publicar «noticias falsas». De conformidad con la nueva ley, el gobierno estaba obligado a proponer para junio del 2000 medidas que se esperaba pusieran las leyes de prensa panameñas a la altura de los estándares internacionales. Sin embargo, el gobierno no cumplió esta obligación. El 25 de mayo, la Comisión de Transporte y Comunicaciones de la Asamblea Legislativa aprobó el borrador de un proyecto de ley que en realidad fortalecía algunos aspectos de las leyes penales contra la difamación. Tras las protestas de la prensa panameña, el proyecto de ley fue retirado el 28 de junio. El 31 de julio, la presidenta Moscoso dio otro paso atrás al firmar la Ley 38, un abarcador código de procedimientos administrativos que en efecto eliminó el concepto de la información pública. El Artículo 70 de la ley impuso una serie de sanciones administrativas a funcionarios que, al filtrar documentos oficiales a la prensa o al público, violaran criterios de confidencialidad sumamente ambiguos. Se esperaba que la ley tendría un gran efecto negativo sobre el periodismo panameño, pues castigaba a las fuentes oficiales que hablaran con periodistas y definía casi toda la información gubernamental como confidencial. El CPJ emitió una alerta sobre esta ley el 3 de agosto. Junto con organizaciones pro libertad de prensa panameñas e internacionales, exhortamos al gobierno a revocar el Artículo 70. Hacia finales de año, la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones que atenuaron los efectos de la ley al eliminar su amplia definición de confidencialidad. Entretanto, los llamados en favor de la eliminación de las leyes de desacato en Panamá, según las cuales los funcionarios públicos gozan de mayores protecciones legales que los ciudadanos comunes, fueron ignorados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictaminado que tales leyes violan «el principio más fundamental de un sistema democrático, según el cual un gobierno queda sujeto al escrutinio de sus ciudadanos, de tal manera que se pueda evitar o controlar el abuso de poder». En julio, luego de que Moscoso se reunió con Santiago A. Canton, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, y se comprometió a derogar las leyes de desacato, el CPJ le escribió y pidió que lo hiciera sin demora. Lamentablemente, el gobierno de Moscoso no tomó ninguna medida significativa al respecto. A finales de año, la Asamblea Legislativa rechazó una propuesta de proyecto de ley para revocar las leyes de desacato que el defensor del pueblo Italo Isaac Antinori Bolaños había presentado el 27 de junio. Entretanto, el procurador general José Antonio Sossa empleó las leyes de desacato para castigar a periodistas que informaban sobre su vida privada, supuestamente escandalosa. El 22 de junio, en virtud de una ley que otorga al procurador el poder de encarcelar a alguien por hasta ocho días, Sossa ordenó encarcelar a Carlos Singares, director del diario El Siglo, de Ciudad de Panamá, por publicar denuncias sobre la presunta afición de Sossa por las prostitutas menores de edad. (Sossa también había tratado de encarcelar a Singares el mes anterior, debido a un artículo que afirmaba que Sossa había intentado ejercer influencia indebida en un proceso judicial contra otros tres periodistas, pero que había desistido cuando la presidenta Moscoso lo criticó.) Las leyes de desacato no fueron los únicos instrumentos legales empleados contra la prensa. Incluso mientras Singares cumplía su condena de ocho días de cárcel, un tribunal superior confirmó una sentencia de 20 meses contra él por supuestamente haber difamado al expresidente Ernesto Pérez Balladares en un artículo publicado en 1993. Pocas semanas antes, un juez había dictado una sentencia de 18 meses de cárcel contra el periodista Jean Marcel Chéry, quien trabaja actualmente para el diario de Ciudad de Panamá El Panamá América. Chéry fue hallado culpable de difamación en el ámbito penal por un artículo de 1996, publicado en el diario El Siglo, que informó sobre denuncias de que la policía se había robado unas joyas durante un allanamiento. Se están apelando ambas sentencias. El 8 de agosto, la policía llegó a los hogares de Gustavo Gorriti, director afiliado del diario de Ciudad de Panamá La Prensa, y de los reporteros de ese diario Rolando Rodríguez y Mónica Palm, para obligarlos a testificar en otra demanda penal por difamación entablada por Sossa. La demanda se basaba en unos reportajes publicados por La Prensa en 1999 sobre presuntos vínculos de Sossa con narcotraficantes estadounidenses. Los tres periodistas, junto con la editora de la sección de Negocios de La Prensa Miren Gutiérrez, quien también fue demandada pero cuya vivienda se dijo no pudo ser ubicada por la policía, comparecieron voluntariamente en la Procuraduría ese mismo día. El 17 de enero de 2001, el caso fue suspendido temporalmente. Muchos otros casos de difamación en el ámbito penal contra periodistas locales siguen pendientes y pueden reanudarse en cualquier momento. En diciembre, Sossa prohibió la entrada de los periodistas a las excavaciones en un antiguo cuartel militar donde se habían descubierto restos humanos sepultados, lo que hacía presumir que albergaba un cementerio clandestino. Sossa, además, prohibió a los funcionarios hablar del asunto con la prensa. El 27 de diciembre, Moscoso revocó las órdenes de Sossa, de acuerdo con La Prensa. Según el diario, la mandataria declaró que a partir de entonces «nada se ocultará sobre estas investigaciones». |
