Ataques a la Prensa   |   Georgia

Ataques a la Prensa en 2000: JAMAICA


JAMAICA
EN LO QUE CONSTITUYÓ UNA GRAN VICTORIA PARA LA PRENSA JAMAICANA, el gobierno acordó enmendar una nueva ley que tipificaba como delito el informar acerca de ciertas investigaciones gubernamentales.

El gobierno del primer ministro Percival Patterson presentó en un inicio la llamada Ley de (Prevención de la) Corrupción como parte de sus esfuerzos para lograr que las leyes nacionales estuvieran en conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996. Según este proyecto de ley, los periodistas pueden ser sancionados con multas de hasta 12 500 dólares estadounidenses o penas de cárcel de hasta tres años, o ambas sanciones inclusive, por publicar información sobre la labor de cualquier comisión estatal anticorrupción.

En septiembre, la Asociación de Medios de Jamaica (Media Association of Jamaica, MAJ), una asociación de propietarios de los medios, organizó un importante seminario para centrar la atención del público en el proyecto de ley. En diciembre, el Senado adoptó la Ley de (Prevención de la) Corrupción sin las cláusulas objetadas.

A principios de año, el 22 de febrero, la MAJ también organizó un seminario sobre la propuesta de Ley de Libertad de Información. El proyecto de ley, presentado inicialmente en 1995, es sumamente débil y contiene numerosas exoneraciones que permiten, por ejemplo, que el gobierno retenga cualquier documento del que «con razón pueda esperarse que tenga un efecto substancial sobre la capacidad del gobierno para dirigir la economía». A pesar de las promesas de reformar el proyecto de ley, en el 2000 no se propuso un nuevo borrador. Mientras tanto, la onerosa Ley de Secretos Oficiales de 1911 aún sigue vigente.

El 31 de julio, el Tribunal de Apelaciones redujo un fallo por difamación contra Gleaner Company Limited de 80,7 millones de dólares jamaicanos (1,8 millones de dólares estadounidenses) a 35 millones de dólares jamaicanos (800 000 dólares estadounidenses), según el asesor legal de la compañía, Jennes Anderson. El caso surgió a raíz de unos reportajes en el diario Gleaner y su tabloide vespertino The Star sobre un artículo de The Associated Press en 1987 que sostenía que el exministro de Turismo Eric Anthony Abrahams había aceptado sobornos. De acuerdo con Anderson, el tribunal también le permitió a Gleaner Company apelar al Privy Council en el Reino Unido, con la condición de que la compañía pagara 5 millones de dólares jamaicanos (mas de 100 000 dólares estadounidenses) a Abrahams en un plazo de 60 días. Anderson espera que el Privy Council pronuncie un fallo para septiembre del 2001. (Jamaica es un país independiente miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones, y el monarca británico es su jefe de estado titular.)

Aunque los casos de difamación son tratados por lo general en tribunales civiles, la Ley de Calumnia e Injuria de 1961 dispone penas de cárcel de hasta tres años. Aun así, los periodistas locales parecen demostrar cierto optimismo acerca del futuro. «Los medios jamaicanos gozan de un estado saludable y relativamente libre a pesar de las restricciones de las leyes actuales contra la difamación y la Ley de Secretos Oficiales de 1911», sostuvo Donna Ortega, presidenta de la Asociación de Prensa de Jamaica (Press Association of Jamaica). «Existe, sin embargo, un manto que mantiene en secreto las actividades de la administración pública... Se espera que las enmiendas a la Ley de Libertad de Información, al igual que un programa de educación de los funcionarios públicos, sea un avance importante que permita lograr un verdadero cambio en este terreno.»

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