Ataques a la Prensa en 2000: GUATEMALA

Quizás la noticia más importante del año fue la revelación en agosto de que legisladores guatemaltecos habían conspirado secretamente para reducir un nuevo impuesto sobre las bebidas alcohólicas. Entre los implicados en el escándalo estaba el presidente del Congreso, el antiguo dictador militar Gral. Efraín Ríos Montt. «A diferencia de lo ocurrido en el pasado, hicimos nuestro trabajo y no nos quedamos callados», declaró Dina Fernández, columnista y editora de Prensa Libre, el diario de Ciudad de Guatemala que dio la primicia.

El amargo legado de violencia del país, sin embargo, continuó provocando tensiones. Muchos se sorprendieron cuando el presidente Alfonso Portillo Cabrera, miembro del derechista Frente Republicano Guatemalteco y cercano aliado del general Ríos Montt, manifestó su firme apoyo a los derechos humanos. A sólo semanas de la toma de posesión del presidente Portillo el 14 de enero, tres oficiales militares fueron acusados del asesinato del obispo Juan Gerardi, un conocido defensor de los derechos humanos que fue asesinado a golpes en 1998.

Al mismo tiempo, un tribunal español estaba investigando cargos de genocidio contra Ríos Montt y dos exdictadores guatemaltecos. (La investigación fue engavetada en diciembre.) Estas investigaciones provocaron nuevos ataques contra defensores de los derechos humanos locales, inclusive varios asesinatos.

El 15 de mayo, el diario de Ciudad de Guatemala elPeriódico publicó un artículo que contenía afirmaciones detalladas de que el Estado Mayor Presidencial mantenía una agencia secreta de inteligencia bajo la dirección de un oficial en retiro de las fuerzas armadas. La noche antes de que se publicara la noticia, un reportero de elPeriódico fue seguido por un carro sin señas con las placas cubiertas. Algunos otros reporteros que trabajaron en la noticia también fueron seguidos o recibieron amenazas telefónicas. El CPJ expresó su preocupación por estos incidentes en una carta dirigida al presidente Portillo y fechada 19 de mayo.

El diario de Ciudad de Guatemala Siglo Veintiuno informó el 23 de mayo que otros periodistas que informaban sobre las actividades de los militares también fueron intimidados. Un periodista de Nuestro Diario recibió una amenaza telefónica; a un reportero del noticiero radial «Guatemala Flash» le enviaron por fax una amenaza de muerte; y dos reporteros del propio Siglo Veintiuno fueron víctimas de amenazas telefónicas, según el diario. La agencia noticiosa izquierdista CERIGUA también informó que recibió varias amenazas.

El 21 de julio, un anuncio pagado que no presagiaba nada bueno y llevaba por título «Carta Abierta de Patriotas pro Ejército al Pueblo de Guatemala» apareció en Siglo Veintiuno. El anuncio recriminaba a aquellos que «pretenden destruir el Ejército», en una alusión indirecta al director de elPeriódico José Rubén Zamora. «De aquí en adelante debe quedar clara y firme nuestra intención de defender la institucionalidad del Ejército y nuestra soberanía», decía el anuncio.

Si bien ninguna de las amenazas llegaron a cumplirse, los periodistas guatemaltecos quedaron consternados con la muerte de Roberto Martínez, fotógrafo de Prensa Libre, quien fue asesinado en abril mientras cubría una manifestación causada por el alza de tarifa del transporte público. Aunque llevaba un cámara y se le podía identificar claramente como miembro de la prensa, a Martínez le dispararon vigilantes privados que abrieron fuego contra los manifestantes. Otros dos periodistas también fueron lesionados en el ataque.

El mismo día, una recién creada organización en pro de la libertad de prensa llamada Centro para la Defensa de la Libertad de Expresión (Cedex), condenó el asesinato de Martínez en su primer comunicado.

Además de las amenazas y la violencia, los periodistas guatemaltecos alegan que la concentración de la propiedad de los medios ha frustrado el desarrollo de un periodismo de televisión y radiodifusión independiente. El mexicano Ángel González es dueño de los cuatro canales de televisión privados de Guatemala, en violación de las prohibiciones constitucionales sobre los monopolios y la propiedad extranjera de los medios de comunicación. En febrero, González canceló un incisivo noticiero llamado «T-mas de Noche», y algunos dijeron que el Presidente Portillo estaba detrás de la acción.

Para acabar con la controversia que sobrevino, Portillo invitó a Santiago Canton, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a que visitara Guatemala. Después de una investigación de tres días, Canton urgió al gobierno a investigar el monopolio televisivo. Canton también recomendó la suspensión de las subastas públicas de las frecuencias radiales. (Los pequeños radiodifusores no pueden afrontar la participación en estas subastas, aunque de conformidad con los acuerdos de paz de 1995 el gobierno debe dar a las comunidades indígenas acceso a las frecuencias radiales.) Poco después del llamado de Canton, el gobierno suspendió las subastas.