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ECUADOR
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EN MEDIO DE LA TURBULENCIA SOCIAL Y POLÍTICA que siguió a un cambio de gobierno en enero y la dolarización de la economía, las autoridades interceptaron una serie de cartas bombas enviadas a periodistas.
El 21 de enero, el presidente Jamil Mahuad fue depuesto en un alzamiento liderado por oficiales militares de mediano rango y manifestantes indígenas que instalaron un «gobierno de salvación nacional». La mañana siguiente, uno de los líderes de la revuelta, el ex ministro de Defensa Carlos Mendoza, disolvió el nuevo gobierno y le puso fin al golpe. Mendoza le cedió el poder al vicepresidente Gustavo Noboa, quien rápidamente fue juramentado como el nuevo presidente. El 16 de febrero, Rafael Cuesta Caputti, director de noticias de TC Televisión, resultó herido al abrir una carta bomba en su oficina. La bomba vino junto con un video que había sido enviado por correo desde la ciudad de Cuenca, en la sureña provincia de Azuay. Caputti sufrió cortadas superficiales en el rostro y en las manos. Entre el 9 y el 14 de febrero, por lo menos 10 cartas bombas más fueron enviadas a periodistas y políticos. Todas fueron interceptadas y desactivadas por la policía, y no causaron daños. La prensa local informó que antes de los ataques algunos periodistas recibieron amenazas por correo firmadas por un grupo hasta ese momento desconocido y llamado el Ejército de Liberación Nacional del Ecuador. En julio, presuntos agentes del servicio de inteligencia interrogaron a Muriel Merino, una pasante argentina del diario quiteño HOY, quien informaba acerca de los movimientos de protesta indígenas. Los agentes le advirtieron que debía escribir sobre supuestos vínculos de la población indígena con el movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia si quería permanecer en el país. Merino se negó y se quedó en el país hasta que terminó su pasantía. La Ley del Ejercicio Profesional del Periodista de 1975 del Ecuador requiere que todos los periodistas locales posean un título universitario en Periodismo y que estén inscritos en la Federación Nacional de Periodistas. Sin embargo, esta ley no se aplica con rigor. En 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en Costa Rica, dictaminó que las leyes que exigen la colegiatura obligatoria de los periodistas violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Artículo 81 de la Constitución de 1998 requiere que el estado garantice el derecho a la información otorgando el acceso a documentos públicos. El gobierno generalmente no hace caso a esta obligación, que hasta ahora no ha sido codificada en una ley ejecutable, según Diego Cornejo Menacho, subdirector de información de HOY. |
