Ataques a la Prensa   |   Georgia

Ataques a la Prensa en 2000: BRASIL


BRASIL
SI BIEN PERIODISTAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES BRASILEÑAS REVELARON varios escándalos políticos, sus colegas del interior del país sufrieron violentas represalias de políticos y terratenientes locales por sus reportajes. Un periodista de provincia fue asesinado.

En julio, la activa prensa urbana retomó un escándalo latente sobre un plan de malversación de 169 millones de reales (90 millones de dólares estadounidenses) relacionado con la construcción de una sala de tribunales en Sã'o Paulo. Aunque el escándalo había sido antes objeto de una investigación congresional, esta era la primera vez que se involucraba directamente al gobierno. El semanario ISTOÉ informó que un juez implicado en el caso que estaba entonces prófugo y que ahora está detenido, había mantenido 117 conversaciones telefónicas con el ex asesor principal del presidente Fernando Henrique Cardoso (no hay indicios de que Cardoso haya estado involucrado directamente en el caso, según una fuente local confiable). Las investigaciones seguían en pie para fines de año.

El 12 de noviembre, el diario Folha de S. Paulo agravó los ya considerables problemas de Cardoso al informar que más de 10 millones de reales (5 millones de dólares estadounidenses) en aportes a la campaña de reelección de Cardoso en 1998 nunca fueron reportados. Aproximadamente al mismo tiempo, el semanario Veja reveló que la Agencia de Inteligencia de Brasil (ABIN) investigaba asuntos fuera de su competencia, como por ejemplo las actividades de Itamar Franco, un ex presidente que ahora gobierna un estado y milita en las filas de oposición. El director de la ABIN fue destituido posteriormente.

Si bien los periodistas de las principales ciudades de Brasil recibieron elogios por dar a conocer estas noticias, los periodistas de provincia que hicieron intentos similares fueron amenazados, atacados y hasta asesinados. Zezinho Cazuza, periodista de Rádio Xingó FM en Canindé de Sã'o Francisco, un pequeño poblado en el nororiental estado de Sergipe, fue asesinado a balazos el 13 de marzo tras acusar reiteradamente de corrupción al alcalde local. Según ISTOÉ, el alcalde Genivaldo Galindo da Silva había amenazado públicamente con matar a Cazuza, y la policía arrestó a un sospechoso que declaró haber sido contratado por el alcalde para perpetrar el crimen.

El 8 de marzo, un reportero de Veja fue secuestrado y amenazado a punta de pistola cuando investigaba la venta ilegal de tierras en el norteño estado de Pará. El secuestrador dijo al periodista que sería asesinado si publicaba el reportaje, según la Associaçã'o Nacional de Jornais (ANJ), una asociación de propietarios de diarios. En abril, sujetos desconocidos asaltaron la vivienda de un periodista de televisión del mismo estado y lo amenazaron, luego de que el periodista había testificado en un tribunal sobre la participación de funcionarios locales en el tráfico de drogas, según la Federaçã'o Nacional dos Jornalistas, un sindicato de la prensa nacional que da seguimiento a los abusos contra la libertad de prensa.


En octubre, un juez del estado de Acre prohibió que la prensa local cubriera las elecciones municipales, con el argumento de que tales reportajes constituían propaganda política. La prensa de Acre reaccionó publicando recetas de cocina o dejando espacios en blanco en las páginas de los diarios, según Sérgio Buarque de Gusmã'o, periodista y director del grupo fiscalizador Instituto Gutenberg. (Estas mismas tácticas eran usadas para denunciar la censura impuesta por las dictaduras militares en los años 70.)

Los intentos por reformar la Ley de Prensa de 1967 seguían estancados en la Cámara de Diputados. Aunque la mayoría de los periodistas brasileños apoya el proceso de reforma, se oponen a una propuesta de enmienda que estipularía cuantiosas multas por difamación y que expondría a los dueños de los medios a pagar sumas ilimitadas por concepto de daños y perjuicios. Si la propuesta se convierte en ley, los medios de prensa más pequeños podrían ir a la quiebra por un solo caso de difamación.

A fines de año, el Senado aún estudiaba legislación que les prohibiría a funcionarios públicos filtrar a la prensa cualquier información que pudiera perjudicar la reputación, el honor o la privacidad de cualquier persona objeto de investigación. Los funcionarios que proporcionen tal información podrían ser destituidos, multados, encarcelados por hasta dos años y estarían imposibilitados de ejercer cargo público alguno por tres años.

El influyente diario O Estado de S. Paulo calificó tal medida de «un precio que vale la pena pagar», pero otros periodistas la condenaron como el equivalente a una ley mordaza. Una iniciativa similar que hubiera prohibido a fiscales y jueces divulgar información sobre casos judiciales fue derrotada en la Cámara de Diputados tras protestas generalizadas, según la ANJ.

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