Nueva York, 13 de junio del 2000 —– Decenas de prominentes periodistas, abogados y académicos de todo el continente americano, reunidos en una conferencia sobre libertad de expresión en Buenos Aires entre el 8 y 9 de junio, pidieron la eliminación de leyes antidifamatorias y afirmaron que ningún periodista debe ser “procesado penalmente por lo que publique, transmita o exprese”.
En la conferencia, auspiciada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la agrupación argentina Periodistas, los participantes formularon la llamada “Declaración de Buenos Aires”, en la que prometieron defender a periodistas acusados penalmente por su trabajo. Además, expresaron su apoyo al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y elogiaron los esfuerzos del gobierno argentino de despenalizar la difamación en casos de funcionarios públicos.
La conferencia de dos días reunió a periodistas y expertos judiciales de todo el continente, incluyendo a representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch/Americas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Los líderes políticos y dirigentes de gobierno de las Américas no son los únicos en creer que necesitan las leyes (de difamación criminal) para protegerse de las críticas”, declaró la directora ejecutiva del CPJ, Ann Cooper, al inaugurar el evento. “Pero creemos que es importante comenzar aquí, en las Américas, porque creemos que aquí es donde los periodistas pueden lograr los primeros avances en la eliminación de esas leyes”.
De hecho, de acuerdo con un estudio preparado por la SIP, muchos países latinoamericanos poseen leyes que estipulan largas condenas de cárcel por “insultar” a un funcionario público u otros. La mayoría de esas leyes no aceptan la demostración de la verdad como defensa judicial; y en la mayoría de los casos se les confiere a los funcionarios públicos una protección legal inaccesible para los ciudadanos comunes; tampoco se acepta como defensa la admisión de error cometido de buena fe. Los periodistas y abogados presentes en la conferencia describieron en detalle cómo tales leyes son utilizadas en muchos países para intimidar u hostigar a periodistas que critican a funcionarios públicos.
Un país que ha realizado esfuerzos destacables para modificar estas leyes anacrónicas es Argentina, que revocó la llamada ley de desacato en 1993. Horacio Verbitsky, vicepresidente de la agrupación argentina Periodistas, copatrocinante de la conferencia, ha trabajado con legisladores argentinos en un proyecto de ley que despenalizaría la difamación en el caso de funcionarios públicos. En su discurso ante la conferencia, el ministro de Justicia argentino Ricardo Gil Lavedra ofreció su apoyo al proyecto de ley, destacando que “la protección de información relacionada con el interés público representa una gran responsabilidad para el estado”.
La propuesta de ley argentina adoptaría el principio de intención maliciosa incluida por primera vez en el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos relativo a un caso de 1964, conocido como New York Times Co. v. Sullivan. Bajo tal parámetro, la parte acusadora debe demostrar no sólo que la información publicada es falsa, sino que el periodista responsable sabía o debía saber que era falsa al momento de divulgarla.
La Declaración de Buenos Aires expresó también su apoyo al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Santiago Canton. En su informe anual sobre el estado de la libertad de expresión en las Américas, presentado el mes pasado en Washington, Canton arguyó que las leyes que penalizan las expresiones sobre funcionarios públicos son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos.
La conferencia fue financiada por la Tinker Foundation, como expresión de su apoyo a la campaña del CPJ por eliminar la penalización de la difamación en las Américas.
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