Las Américas
Panamá
Fue un año de bruscos altibajos para los medios panameños. Comenzó con una racha de acciones legales bajo las tristemente famosas «leyes mordaza» de ese país. Después de que el gobierno saliente quiso fortalecer las leyes mordaza so pretexto de reformarlas, el año terminó con el nuevo gobierno derogando algunas de las disposiciones más onerosas de las leyes.

En los 20 años transcurridos desde la adopción de las primeras leyes mordaza tras el golpe de 1969, se ha utilizado una serie de leyes, decretos y resoluciones para ahogar al periodismo independiente en Panamá. La ley 11, por ejemplo, prohibía la publicación de noticias falsas, hechos relacionados con la vida privada de las personas, o comentarios, alusiones e insinuaciones sobre los impedimentos físicos de una persona. Las leyes número 67 y 68 otorgaban al gobierno la autoridad de extender licencia a los periodistas.

El ex presidente Ernesto Pérez Balladares, quien dejó el poder en septiembre al completar su período de cinco años, prometió en varias ocasiones derogar las leyes. Pero lejos de derogarlas, las utilizó para entablar acciones judiciales contra aquellos periodistas que criticaron a su administración. La intolerancia de Pérez Balladares creció en la antesala de las elecciones presidenciales del año pasado. Los primeros meses de 1999 fueron testigo de una racha de acciones legales contra los periodistas, muchas de ellas entabladas por funcionarios públicos.

En una misiva con fecha 4 de marzo dirigida al presidente Pérez Balladares, el CPJ le instó a derogar las leyes mordaza. Un mes más tarde el defensor del pueblo Italo Isaac Antinori Bolaños publicó un informe criticando la «sistemática y permanente campaña para silenciar, amordazar y perseguir a los comunicadores sociales». Santiago Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, llamó a las leyes mordaza «una herramienta de uso frecuente por parte de los funcionarios públicos, con el fin de acallar las críticas en su contra».

Lejos de derogar las leyes, Pérez Balladares se volvió más inflexible. Menos de dos meses antes de la fecha estipulada para su salida del poder, el gobierno propuso onerosas disposiciones nuevas, disfrazadas de una iniciativa de reforma de las leyes mordaza. En una misiva con fecha 26 de julio dirigida a Pérez Balladares, el CPJ escribió: «Creemos conveniente sugerir que el ampliar los métodos legales para reprimir a los periodistas no sería el legado apropiado de un presidente que llegó al poder prometiendo fomentar el desarrollo de la democracia Panamá».

El proyecto de ley fue retirado a final de cuentas, ante las protestas nacionales e internacionales. Otro esfuerzo desesperado por hacer aprobar a la fuerza unas enmiendas a las leyes mordaza iguales de restrictivas también fracasó. El 1° de septiembre, Mireya Moscoso, quien había derrotado al heredero aparente de Pérez Balladares, Martín Torrijos, en las elecciones de mayo, asumió la presidencia. Una semana después, una delegación del CPJ se reunió con la presidenta en Ciudad de Panamá y le instó a derogar las leyes mordaza. Durante la reunión, Moscoso prometió hacerlo a la brevedad posible, pero advirtió que el proceso tomaría algún tiempo. En su ponencia ante el foro de prensa latinoamericana del Freedom Forum el día siguiente, Moscoso señaló que las leyes de prensa restrictivas no tenían «posible justificación alguna» dentro de la sociedad panameña.

El 30 de noviembre, la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que derogaba algunas de las disposiciones más onerosas de las leyes mordaza. Aprobada con el voto a favor de 70 de los 71 miembros de la Asamblea Legislativa, la ley derogó parcialmente la Ley 11 (que prohibía las violaciones de la privacidad y la publicación de noticias falsas); y se derogó en su totalidad la Ley 68, que daba al gobierno autoridad de extender licencia a los periodistas.

La presidenta Moscoso firmó el proyecto de ley el 20 de diciembre, en una ceremonia a la cual asistió el miembro de la Junta de Directores del CPJ Alberto Ibargüen, y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Tony Pederson, quien encabezó una delegación de la SIP.

Al gobierno de Moscoso le correspondía presentar una propuesta de ley antes de junio del 2000 que pondría a las leyes de prensa de Panamá a la altura de las normas internacionales. Una de las leyes restantes más notorias era el Decreto 251, que autoriza la Junta Nacional de Censuras.

El código penal establece penas de hasta dos años de cárcel por difamación criminal. El año pasado el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, creó dos comisiones encargadas de estudiar no sólo la eliminación de las restantes leyes mordaza, sino también la posible despenalización de la difamación en Panamá.

La buena nueva de que una de las leyes de prensa más restrictivas de Latinoamérica había sido desmantelada, fue atenuada por una ensañada campaña de calumnias contra La Prensa, principal diario de Panamá, y su director asociado, Gustavo Gorriti, un ciudadano de Perú que había tenido repetidos enfrentamientos con Pérez Balladares. El ex presidente había intentado deportar a Gorriti en agosto de 1997, luego de que La Prensa informó que un traficante de drogas había ayudado a financiar la campaña del presidente. Pérez Balladares posteriormente se retractó ante la intensa presión nacional e internacional.

Esta vez los enemigos de Gorriti utilizaron una estrategia distinta. A principios de octubre, una misteriosa organización denominada «Comité por la Libertad de Expresión en Panamá» colocó afiches de Gorriti en Ciudad de Panamá con una leyenda que rezaba: «Conozca al asesino de la libertad de expresión en Panamá». Se le señaló como espía extranjero, y se le llamó «una persona no confiable y predispuesta a la traición».

Aunque una disputa laboral en La Prensa sirvió de catalizador para la campaña, ésta comenzó aparentemente después de que La Prensa publicara una serie de artículos a principios de agosto sobre presuntos vínculos entre el procurador general de la nación José Antonio Sossa, dos narcotraficantes estadounidenses, un panameño naturalizado llamado Marc Harris, y un abogado local llamado Carlos Jones.

La Prensa dio a conocer que como parte de esa campaña de difamación, a otros periodistas panameños se les ofreció dinero para que escribieran artículos negativos sobre el periódico. Sossa, cuya supuesta corrupción había recibido cobertura con frecuencia en La Prensa, acusó públicamente a Gorriti de emprender «una campaña de desprestigio y infundios» en su contra. Y el Frente de Abogados Independientes, encabezado por Jones, llamó a Gorriti persona non grata y le exigió que abandonara el país. La prensa local citó a Jones: «Gorriti es más que un periodista, es un agente infiltrado disfrazado de periodista».

Después de que La Prensa publicó algunos artículos que detallaban su investigación de Sossa, una comisión de la Asamblea Legislativa lo convocó a dar declaraciones para responder a las acusaciones hechas por el periódico. Una vez que oyó el testimonio de Sossa, la comisión remitió la investigación a la Corte Suprema de Justicia, con la recomendación de que a Sossa se le destituyera como procurador general.

Pese a la derogación parcial de las leyes mordaza, los periodistas panameños siguen enfrentando hostigamiento legal por el desempeño de sus labores. Si bien la intensidad de la campaña de difamación comenzó a menguar hacia fines de año, La Prensa seguía luchando contra una serie de demandas entabladas por Pérez Balladares, Harris, Jones y Sossa.