Bogotá, Colombia 3 de mayo de 1999 — En 1986, cuando el director de El Espectador Guillermo Cano fue asesinado en un semáforo de Bogotá, todos en Colombia sabían quién ordenó el ataque. Pablo Escobar, cabecilla del cartel de Medellín, supuestamente ofreció varias fiestas extravagantes para celebrar la muerte de Cano.
Pero no hubo ninguna fiesta el 19 de mayo de 1998, cuando un hombre armado mató a balazos al periodista Bernabé Cortés cuando salía de un taxi. Nadie sabía a ciencia cierta quién lo quería muerto.
Claro que habían rumores; se decía que narcotraficantes molestos por sus reportajes sobre el negocio de la droga habían ordenado el ataque; o que quizás habían sido las guerrillas o militares irritados por un reportaje de Cortés sobre una matanza en un puesto de control vial. Se dijo que quizás Cortés fue asesinado por gente a quien debía dinero, que quizás habia recibido dinero de narcotraficantes.
Trece años después del asesinato de Guillermo Cano, lo único seguro es que los periodistas en Colombia siguen viviendo bajo riesgos enormes. Bernabé Cortés fue sólo uno de cuatro periodistas asesinados en cumplimiento de su deber el año pasado en Colombia, el país con el mayor número de periodistas asesinados. En la década pasada, 43 periodistas colombianos perdieron la vida de manera violenta, cifra sólo superada por Argelia.
En el pasado los narcotraficantes eran la principal amenaza para los periodistas, pero las circunstancias del asesinato de Cortés demuestran cómo la caída de los principales carteles de la droga ha creado nuevos peligros para los periodistas, tanto en Colombia como en el resto de Latinoamérica. Las nuevas tácticas de los narcotraficantes son menos centralizadas — y por lo tanto más difíciles de controlar — pero además se han mezclado tanto con agentes políticos locales (gobiernos, guerrillas y paramilitares) que a veces se torna imposible distinguir cuándo se trata de violencia criminal y cuándo de violencia política.
Hoy, un premio en honor de un periodista asesinado a manos de narcotraficantes está siendo otorgado a otro periodista, Jesús Blancornelas, quien milagrosamente sobrevivió un ataque muy similar. Me parece que es un buen momento para reflexionar sobre el peligro que presenta el narcotráfico para los periodistas de la región. De acuerdo a datos del Comité para la Protección de Periodistas, por lo menos 15 periodistas han sido asesinados por narcotraficantes en las Américas desde el asesinato de Guillermo Cano el 17 de diciembre de 1986.
LAS NUEVAS TACTICAS DE LOS NARCOTRAFICANTES
Al momento del asesinato de Guillermo Cano, el narcotráfico internacional era dominado por dos carteles: el de Cali y el de Medellín. El de Medellín atacaba especialmente a los periodistas en su campaña de violencia contra el gobierno y contra carteles rivales. A medida que el gobierno colombiano contra-atacaba, y Estados Unidos restringía las tradicionales rutas narcotraficantes de Miami, los carteles empezaron a buscar nuevas rutas a traves de México y el Caribe.
Para fines de la década pasada, los narcotraficantes habían establecido una imponente red de productores de coca en Perú y Bolivia, con intermediarios en México y el Caribe y consumidores en Estados Unidos y Europa.
Bajo una intensa presión estadounidense, el gobierno colombiano endureció su ofensiva anti-narcóticos a comienzo de los 90. En 1993, el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue ultimado en un tiroteo con la policía; en los años subsiguientes los líderes del cartel de Cali fueron arrestados y encarcelados.
Sin embargo, la caída de los carteles de la droga no redujo el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, ni llevó a un clima más seguro para los periodistas. De hecho, la descentralización del narcotráfico muchas veces implica más amenazas para la prensa, especialmente en México, donde poderosas mafias de la droga controlan el flujo de cocaína hacia Estados Unidos. La descentralización también le ha permitido a los narcotraficantes forjar alianzas con líderes políticos, como gobernadores, grupos guerrilleros o paramilitares. Estas fuerzas suelen dar protección a los narcotraficantes a cambio de un porcentaje de las ganancias.
LA MUERTE DE BERNABE CORTéS
En la mañana del 19 de mayo, Bernabé Cortés estaba en su casa, tomándose unas vacaciones de su trabajo como reportero de la televisora CVN de Cali. A eso de las once de la mañana le dijo a su esposa que iba a visitar a una tía suya y se montó en un taxi frente a su casa. Probablemente no se dio cuenta que estaba siendo seguido por un Mazda color negro.
Quizás lo último que Cortés vio fue a un hombre armado acercándose cuando el taxi se paraba frente a la casa de su tía. El asesino primero mató a Cortés y, quizás para no dejar ningún testigo, también mató al taxista. Se montó en el Mazda y huyó.
El asesinato de Cortés provocó gran inquietud en Cali y en toda Colombia, especialmente porque ocurrió justo cuando muchos colombianos se preparaban para realizar una serie de manifestaciones pidiendo el fin de la violencia y a favor de la paz. En Cali, donde la cabellera gris de Cortés era famosa por los reportajes televisivos que hacía, miles de personas acudieron al funeral.
En enero, yo visité Bogotá y Cali para investigar el asesinato de Cortés. Tras hablar con sus colegas, otros periodistas y las autoridades, pude llegar a las siguientes conclusiones:
Poco después de que el Mazda se alejó del lugar, las autoridades pudieron rastrear el número de la placa a una pareja dueña de una finca en las afueras de la ciudad. La pareja dijo a la policía que le había prestado el automóvil a un empleado que nunca regresó. Pocos días antes del crimen, otra pareja le dijo a la policía que fue despojada de su Mazda negro por dos ladrones vestidos de forma elegante que se hicieron pasar por compradores de autos. Una semana después, ese otro auto fue recuperado en un puesto de control vial. Las autoridades sospechan que ese fue el vehículo utilizado en el crimen y que sus placas fueron reemplazadas por las del auto de la pareja de la finca. Semejante operación requiere de un nivel alto de sofisticación.
Poco después, la policía, siguiendo una pista anónima, arrestó a Julio César Ospina Chavarro en la población de Yumbo, en las afueras de Cali, y lo acusaron del asesinato. La policía allanó la casa de Yumbo y encontró las placas del Mazda robado y halló además un arma vinculada, segun las pruebas balísticas, a la empleada en el asesinato de Cortés.
Ospina Chavarro se niega a hablar, pero las autoridades creen que está vinculado con un grupo narcotraficante radicado en Corinto, una población como a una hora de Cali. El 11 de julio de 1997, Cortés había ido a la zona con unos soldados para reportar sobre la destrucción de un importante laboratorio de cocaína allí. Cortés partió junto con sus asistentes a la medianoche y llegó al laboratorio como a las nueve de la mañana, después de marchar por tres horas a través de montañas.
El equipo periodista grabó imágenes de los soldados desechando barriles enteros de sustancias químicas y arrancando matas de coca por las raíces. Las autoridades estiman que el laboratorio producía unas dos toneladas de cocaína mensuales.
Luego de destruir el laboratorio, el convoy militar fue atacado por guerrilleros de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el mayor grupo guerrillero del país. Varios policías fueron heridos en el ataque. El reportaje de Cortés fue transmitido a nivel nacional y resultó ser una de las primeras pruebas de que los guerrilleros protegían a los narcotraficantes. Aunque los líderes de las FARC han reconocido que ofrecen protección a campesinos que cultivan la hoja de coca, el reportaje de Cortés indica que probablemente existe una relación mucho más íntima entre las FARC y los narcotraficantes. Por este reportaje, Cortés fue premiado con el premio de periodismo Alfonso Aragón.
Los periodistas con quien hablé en mi visita a Cali me dijeron que el asesinato de Cortés es ejemplo de los nuevos peligros ante los periodistas ahora que el cartel de Cali ha sido debilitado. Aunque el nivel de violencia ha bajado, al mismo tiempo se ha tornado más impredecible debido a que grupos más pequeños, sin una estructura de mando definida, han reemplazado a las grandes organizaciones narcotraficantes. Los periodistas locales aseguran que los grupos guerrilleros, tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se financian cada vez más con ayuda de los narcotraficantes, lo cual podría explicar en parte la reciente intensificación de la actividad guerrillera. Debido a este peligro, los periodistas dicen que casi nunca salen de Cali sin escolta militar.
En mi viaje a Colombia en enero también pude confirmar que otros tres periodistas fueron asesinados en 1998 en represalia por su trabajo profesional. Los tres casos estaban vinculados, directa o indirectamente, al narcotráfico.
- El periodista de corridas de toros Oscar García Calderón fue obligado a montarse en un taxi cuando salía de las oficinas de&nbap;El Espectador el 2 de febrero de 1998. Su cuerpo fue hallado con tres impactos de bala cerca de la Fiscalía General. Sus colegas en el diario creen que fue asesinado porque intentaba conseguir una entrevista con el Fiscal General sobre cómo los narcotraficantes estaban utilizando las corridas de toros y el cultivo de ganado para lavado de dinero.
- El periodista de radio Nelson Carvajal Carvajal fue abatido en la población de Pitalito el 16 de abril. El 5 de enero de 1999, la policía detuvo a un ex alcalde y a dos políticos dueños de una compañía de construcción y los acusó de ser los autores del crimen. Carvajal había denunciado que el ex alcalde había malversado dineros. El Comité para la Protección de Periodistas ha recibido informes según los cuales las empresas estaban también siendo utilizadas para lavado de dinero.
- El 11 de agosto de 1998, Amparo Leonor Jiménez Morales fue asesinada a balazos por paramilitares frente a su casa en Valledupar, al parecer en represalia por un reportaje de ella de agosto de 1996 sobre una masacre de campesinos que habían invadido un terreno. Aunque no se ha establecido un vínculo directo entre este asesinato y el narcotráfico, se cree ampliamente que grupos paramilitares están siendo financiados por el narcotráfico, particularmente en la región alrededor de Medellín.
LOS CAIDOS
Como organización dedicada a la protección de la libertad de expresión en el mundo, el Comité para la Protección de Periodistas no tiene una posición con respecto a las políticas públicas a seguir con respecto al narcotráfico. Nuestra única posición al respecto es que el narcotráfico y su secuela de violencia son temas de interés público y por lo tanto deben ser cubiertos por la prensa. Por eso estamos sumamente preocupados por la suerte de periodistas que cubren este tópico.
En este contexto, es importante examinar las maneras en que las nuevas tácticas del narcotráfico afectan la seguridad de los periodistas. Por ejemplo, es evidente que el narcotráfico está ayudando a financiar el conflicto interno colombiano cuando en el resto del continente la lucha armada ha quedado como cosa del pasado. Librar una guerra es costoso y tras el colapso de la Uni&oaucte;n Soviética, el declive económico de Cuba y el fin del apoyo estadounidense a grupos antisubversivos en Latinoamérica, significa que ya no hay muchos fondos disponibles para grupos guerrilleros ni para los ejércitos de la región.
Los tratados de paz han puesto fin a las guerras civiles. Entretanto, en Colombia el conflicto interno parece estar siendo financiado por el narcotráfico, y tanto guerrilleros como paramilitares como miembros de las fuerzas armadas parecen estar recibiendo parte de las ganancias. Es importante examinar qué implicaciones tiene esto para los periodistas que cubren el narcotráfico.
La represión contra los narcotraficantes en Colombia ha conllevado además a un incremento del comercio de drogas en toda la región, particularmente en México, donde los periodistas se encuentran particularmente en peligro debido al surgimiento de poderosos carteles. Otros paises de alto riesgo son Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Perú.
Desde 1987, los narcotraficantes han causado de una manera u otra la muerte de hasta 15 periodistas en Latinoamérica, de acuerdo a datos del Comité. Yo he recopilado los nombres de los periodistas asesinados al parecer por su cobertura del narcotráfico. Sin embargo, no podemos estar cien por ciento seguros del motivo, pues los autores de los crímenes no han sido detenidos.
TOMANDO ACCION
A pesar de estos ejemplos, la violencia contra periodistas en América Latina ha disminuido. De hecho, ahora el Comité no maneja tanto casos de violencia sino de ataques legales, especialmente mediante demandas por difamación. Aún así, el narcotráfico presenta una importante amenaza para los periodistas de toda la región. El control de este riesgo es uno de los principales retos que enfrenta la prensa hoy en día.
Cuando los periodistas caen víctimas de un gobierno autoritario, nosotros los activistas por la libertad de expresión contamos con una amplia gama de tácticas y estrategias para exigir que las autoridades respondan por sus acciones. Nos podemos reunir con representantes del gobierno y presionarlos directamente, o podemos utilizar a la prensa para atraer la atención hacia abusos cometidos. Pero proteger a los periodistas de ataques cometidos por organizaciones criminales es mucho más dificil porque tales agrupaciones, por su misma naturaleza, carecen por lo general de líderes identificables susceptibles a la presión internacional. No obstante, creo que hay algunas medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo que corren los periodistas que cubren el narcotráfico.
- Investigar el crimen: Los periodistas deben cubrir los ataques contra la prensa no sólo por solidaridad profesional sino porque son un tema de legítimo interés público, al igual que un ataque contra un dirigente político o un juez. Un ataque contra un periodista en represalia por su trabajo es de hecho un ataque contra el derecho de toda la sociedad de recibir información, de estar informada. Esto no quiere decir que los periodistas deben abandonar su tradicional escepticismo cuando cubren este tópico; deben investigar a fondo el hecho para poder entender por qué ocurrió. En estos casos las agrupaciones defensoras de la libertad de prensa desempeñan un papel importante, pues los medios de comunicación locales suelen carecer de los recursos necesarios para emprender semejantes investigaciones. La creación de un “equipo de reacción r´pida” de la Sociedad Interamericana de Prensa, que sería enviado a lugares para investigar ataques contra periodistas, bien podría ser un importante factor de disuasión.
- Hacerle seguimiento al caso: Una vez que quede claro que un periodista fue atacado o asesinado por su trabajo, otros periodistas deben hacerle seguimiento al caso y proyectarlo de manera prominente. Si una organización criminal sabe que un ataque contra un periodista generará un mayor escrutinio público, la táctica será el mejor factor de disuasión contra quienes intenten utilizar la violencia para amordazar a la prensa.
- Denunciar y publicar la noticia: Los periodistas pueden involucrarse mediante el uso de páginas editoriales y agrupaciones gremiales que pidan reunirse con representantes del gobierno para exigirles una investigación exhaustiva del hecho.
En días recientes hablé con un veterano reportero que ha cubierto la Mafia siciliana en Estados Unidos por muchos años. Le pregunté si alguna vez se preocupaba por su seguridad. Me respondió que en Estados Unidos, la Mafia se había dado cuenta que si atacaba a un periodista, la reacción de la sociedad sería tan intensa que cometer el crimen seria contraproducente. “Si ellos no quieren salir en los diarios, simplemente no le hablan a los periodistas”, dijo este reportero. “Mientras uno no personalice la cuestión, hay muy poco peligro”.
Será difícil que los narcotraficantes en Latinoamérica aprendan esa lección, pero no imposible. Los narcotraficantes de Tijuana que ordenaron matar a Jesús Blancornelas saben que sus esfuerzos por reprimir los reportajes sobre sus actividades han sido contraproducentes. El malestar público desatado por el caso desató una intensa represión del gobierno contra el cartel de Tijuana: sus actividades han sido detalladas en reportajes tanto en México como en el resto del mundo; los atacantes han sido identificados y se hallan prófugos. Al darle este reconocimiento a Blancornelas hoy, la Fundación Cano y la UNESCO dan aliento a todos los periodistas en Latinoamérica que cubren temas peligrosos, pues están demostrando que la comunidad internacional respalda a aquellos periodistas dispuestos a dar su vida por la noticia. Todos aquí esperamos que la atención atraída al tema llevará a las autoridades mexicanas a arrestar y encausar a quienes ordenaron y llevaron a cabo el atentado contra Blancorn