Periodista colombiano huye tras amenazas por subir video

"Las autoridades colombianas deben investigar estas amenazas y adoptas las medidas necesarias para proteger a Bladimir Sánchez Espitia", afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas. "Es imprescindible que los periodistas pueden cumplir con su labor informativa y compartir información sobre temas de interés público sin temor a represalias".

Sánchez indicó al CPJ que estaba filmando las protestas el 14 de febrero para un documental independiente sobre el movimiento en contra de la represa hidroeléctrica, que va a ser construida por la filial colombiana de Endesa, una empresa de energía española. El proyecto inundaría 21 mil hectáreas de tierra y provocaría el desarraigo de unas 1.500 personas, según informes de prensa. 

El periodista filmó a la policía antidisturbios utilizando gas lacrimógeno, gas de pimienta y bombas de humo para desalojar a decenas de pescadores y otros residentes del sitio propuesto para la represa sobre el Río Magdalena, cerca de la ciudad de Gigante. El video muestra a un pescador sangrando de un ojo gravemente herido y otros tirándose al río para evadir a los policías que avanzaban. Estas escenas se combinan con entrevistas. El video de 14 minutos, que Sánchez envió a varios amigos y publicó en redes sociales bajo el nombre "El video que el gobierno colombiano no quiere que veamos", se convirtió en un fenómeno viral. Luego el periodista subió el video a YouTube, donde ha sido visto por más de 910 mil personas en nueve días.

El 19 de febrero, luego de que el video fuera distribuido ampliamente, Sánchez recibió una llamada anónima en la que alguien le acusó de ser un guerrillero y le advertía  que se cuidara, Sánchez indicó al CPJ. Tres días después, Sánchez fue entrevistado por una radio popular, la W, y acusó a la policía de utilizar una fuerza abrumadora. Luego de la entrevista, el periodista recibió otras dos llamadas amenazantes de  personas no identificadas. Una de ellas le señalo: "Lo vamos a desparecer",  según informó la FLIP.  Sánchez indicó al CPJ que cree que la policía de Huila es responsable por las llamadas. "Me siento muy inseguro", señaló.

El coronel Juan Francisco Pelaéz, de la policía de Huila, afirmó a la FLIP que no sabía nada acerca de las amenazas contra Sánchez. Recomendó que Sánchez presentara una denuncia formal y afirmó que si las acusaciones fueran comprobadas, el periodista recibiría protección policial. 

David González, representante de la FLIP, indicó al CPJ que Sánchez decidió abandonar a Huila indefinidamente por su seguridad y viajó hoy a Bogotá, donde tiene reuniones programadas con funcionarios del Ministerio del Interior para hablar sobre su seguridad.

El informe anual del CPJ, Ataques a la Prensa, encontró que el número de amenazas contra periodistas colombianos aumentó en 2011, obligando a algunos a trasladarse a otros lugares.