Nueva York, 22 de enero de 2014–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) pide una investigación exhaustiva de informaciones que apuntan a que funcionarios costarricenses vigilaron de manera secreta los registros telefónicos de la publicación de San José Diario Extra como parte de una investigación de una filtración de información.
El lunes Diario Extra informó que el Organismo Investigativo Judicial (OIJ), junto con agentes de la Fiscalía de Crimen Organizado y la sección de Estupefacientes, había estado rastreando las llamadas salientes y entrantes del conmutador del periódico, así como los teléfonos particulares de algunos de sus periodistas. La nota de Diario Extra no precisó el número de periodistas cuyas llamadas habían sido rastreadas, aunque otras publicaciones identificaron al periodista de Diario Extra Manuel Estrada como el principal objeto del espionaje. El diario también informó que el rastreo pretendía detectar las fuentes de Diario Extra y que había durado más de 10 meses, pero no ofreció detalles sobre cuándo se inició ni si seguía en pie. El diario también afirmó que los funcionarios del OIJ fotografiaban secretamente a los periodistas de Diario Extra cuando se acercaban para conversar con otros funcionarios de gobierno.
Diario Extra afirmó que había tenido conocimiento del espionaje gracias a un extenso expediente que una fuente anónima le había entregado.
En una declaración divulgada en la tarde del lunes mediante su página de Facebook, el OIJ expresó que la investigación se había iniciado para descubrir la identidad de una funcionaria de gobierno que había suministrado información a los periodistas de Diario Extra sobre un caso de secuestro ocurrido en 2013. El OIJ añadió que el objetivo de la vigilancia era la funcionaria de gobierno acusada, no los periodistas ni el medio de prensa.
El martes, la presidenta de la Corte Suprema Zarela Villanueva declaró a los periodistas que el tribunal le solicitaría al OIJ una investigación acerca del asunto y un informe sobre las conclusiones.
“Utilizar órdenes judiciales excesivamente amplias y secretas para obtener acceso a los registros de periodistas con el fin de identificar sus fuentes, puede inhibir gravemente la capacidad de la prensa para informar sobre cuestiones sensibles de interés público”, declaró Carlos Lauría, coordinador jefe del Programa de las Américas del CPJ. “Las autoridades costarricenses deben ofrecer una explicación detallada al respecto”.
El espionaje secreto de los registros telefónicos de periodistas como modo de identificar a los funcionarios que filtran a la prensa información con carácter confidencial, se convirtió en una cuestión de repercusión internacional en mayo de 2013, cuando se reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había interceptado secretamente las comunicaciones de la Associated Press y de un reportero de la cadena Fox News como parte de dos investigaciones distintas sobre filtraciones informativas. Un informe especial del CPJ divulgado en octubre llegó a la conclusión de que los programas de vigilancia electrónica excesivamente amplios y las agresivas investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos de los funcionarios que filtran información confidencial, disuaden a las fuentes gubernamentales de comunicarse con los periodistas.