Por John Otis/corresponsal del CPJ en los Andes
El 11 de septiembre de 2012, el gobierno ecuatoriano interrumpió el noticiero de la mañana en el canal de televisión Teleamazonas para transmitir un boletín oficial. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Un golpe de Estado? ¿Un terremoto? ¿Un brote de cólera?
Nada de eso. El gobierno sólo buscó aclarar detalles del desayuno del Presidente Rafael Correa.
La cuestión surgió una semana antes cuando una legisladora de la oposición afirmó en una entrevista en Teleamazonas que el desayuno de Correa en un mercado local durante su visita a una ciudad del interior había sido en realidad preparado en un hotel cercano. No era exactamente un escándalo político. Sin embargo, la secretaría de comunicación montó una refutación completa de tres minutos con entrevistas a las vendedoras del mercado que confirmaron que habían preparado las empanadas y el café consumido por Correa.
Bajo la Constitución de Ecuador de 2008, que garantiza el “derecho de réplica” a los que afirman haber sido difamados por la prensa, Teleamazonas, un canal privado que es a menudo crítico con el gobierno, no tuvo otra opción que emitir el segmento.
Esta costumbre de interrumpir emisiones en medios privados para transmitir anuncios oficiales, conocidos como cadenas, está establecido en la ley de radiodifusión de 1974, promulgada bajo un gobierno militar. En ese entonces, el estado no tenía ningún canal de televisión y la cláusula fue diseñada para garantizar espacio para importantes anuncios de gobierno y comunicados en tiempos de crisis, según afirmó César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.
Hasta hace poco tiempo, la medida se utilizó en forma esporádica, indicó Alfonso Espinosa, conductor del canal de televisión privado Ecuavisa, quien se ha desempeñado como periodista durante 46 años. En contraste, afirmó Espinosa al CPJ, el gobierno de Correa utiliza las cadenas como una herramienta habitual para forzar su presencia en el aire, responder a los críticos sobre temas importantes y triviales, e inundar el espacio radioeléctrico con propaganda.
Desde enero de 2007, cuando Correa asumió su primer mandato, hasta agosto de 2012, su gobierno he emitido 1.365 cadenas por un total de 11.793 minutos, según Fundamedios. Eso equivale a ocho días al aire.
Fundamedios, que ha sido crítico de la embestida del gobierno de Correa contra la prensa, fue también objeto de 10 cadenas, señaló Ricuarte. Sólo en el último año, Teleamazonas ha sido obligado a emitir 69 horas de cadenas.
Algunos de los segmentos interrumpen la programación a nivel nacional para transmitir noticias sobre las actividades del gobierno. Pero otros, funcionan como réplicas a informes y entrevistas específicos acerca de Correa y sus funcionarios. En estos casos, la Secretaría de Comunicación a menudo informa al canal el día anterior que debe emitir la réplica del gobierno en un horario específico sin ningún tipo de avance sobre el contenido de la respuesta.
“No hay forma de prepararse para para una cadena porque uno no tiene idea porqué el gobierno está molesto”, afirmó Janet Hinostroza, quien conduce el programa “30 Plus” en Teleamazonas, cuyos informes han provocado varias cadenas. “Uno se sorprende en el aire”.
Ricaurte, de Fundamedios, asegura que las cadenas son especialmente abusivas porque el gobierno tiene numerosas formas de comunicar su perspectiva. Por un lado, invierte grandes sumas en publicidad. Por otro lado, el gobierno ha erigido un vasto imperio de medios públicos que consiste en 21 medios, incluyendo diarios, canales de televisión y radios que con frecuencia reflejan el punto de visto del gobierno. Además, los periodistas buscan entrevistas con funcionarios en forma constante. Pero alegando que están sesgados, Correa ha ordenado que ningún de sus ministros o funcionarios hablé con los medios críticos.
Patricio Barriga, el secretario encargado de comunicación, indicó al CPJ que muchas de las cadenas son educativas. Agregó que estos segmentos son necesarios porque los canales privados de televisión, que tienen las mayores audiencias, se centran en el entretenimiento y no hacen lo necesario para educar e informar al público.
Las réplicas oficiales pregrabadas, señaló Barriga, están diseñadas para contrarrestar lo que afirma es un aluvión de mentiras sobre el gobierno en los medios privados. El gobierno ya no ofrece a sus funcionarios para entrevistas en los programas porque eran casi siempre utilizados para proporcionar una apariencia de equilibrio en informes sesgados contra Correa, afirmó Barriga.
Al ser consultado sobre las razones por las cuales el gobierno de Correa cree necesario utilizar más cadenas que cualquier otro gobierno en la historia de Correa, Barriga afirmó: “La ley es la ley, y si la ley permite, se le hace”.
A pesar de que las cadenas son una molestia, especialmente cuando ocupan espacio en el horario central, ejecutivos de la televisión ecuatoriana afirman que son sólo una de las varias maneras en las que el gobierno de Correa está intentando socavar a las emisoras.
Por ejemplo, un referendo aprobado en 2011 establece que los dueños de las empresas de medios deben desinvertir otros negocios. La medida fue supuestamente diseñada para prevenir conflictos de interés en la cobertura informativa. Sin embargo, los críticos sostienen que la medida podría generar que las empresas de medios sean más dependientes de la publicidad estatal -y menos críticas- ya que sus propietarios no confiarían en otras ganancias derivadas de negocios externos para fortalecer a medios en dificultades.
También existe una pelea pendiente sobre contenidos. Luego de años de transmitir partidos de fútbol, Teleamazonas y Ecuavisa recientemente perdieron sus derechos sobre los encuentros nacionales, que generan una audiencia masiva, cuando la Federación Ecuatoriana de Fútbol firmó un nuevo y lucrativa acuerdo con la televisión pública. En ambos casos, según ejecutivos de Teleamazonas y Ecuavisa, la oferta del gobierno sobrepasó lo que podían proponer y sospechan motivos políticos.
El gobierno “quiere minimizar la influencia, las ganancias y los ratings de los canales de televisión”, afirmó un ejecutivo de TV quien pidió no ser identificado. “Y existen muchas formas para lograrlo”.
[Informe desde Quito, Ecuador]
John Otis, corresponsal en los Andes del programa de las Américas del CPJ, también trabaja como corresponsal de la revista Time y del Global Post. Es autor del libro “Law of the Jungle”, publicado en 2010, sobre contratistas militares estadounidenses secuestrados por la guerrilla colombiana, y está radicado en Bogotá, Colombia.