Columnista venezolano condenado a prisión por difamación

Nueva York, 14 de junio de 2010—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la sentencia de casi cuatro años de prisión contra el columnista venezolano Francisco ‘Pancho’ Pérez por supuesta difamación, según informes de prensa local y entrevistas del CPJ.

El Carabobeño publicó hoy un espacio en blanco con la leyenda “Censurado por decir la verdad”, justo donde se solía publicar la columna de Pérez.
El Carabobeño publicó hoy un espacio en blanco con la leyenda “Censurado por decir la verdad”, justo donde se solía publicar la columna de Pérez.

El viernes, un tribunal de Carabobo halló a Pérez, columnista del diario El Carabobeño, culpable de difamar al alcalde de Valencia, Edgardo Parra, según la prensa local. El columnista fue sentenciado a tres años y nueve meses de prisión. En dos columnas publicadas en octubre y noviembre de 2009, Pérez denunció que el alcalde había designado a familiares en cargos públicos de Valencia, aseguró al CPJ Antonio Marval, abogado del columnista.

Por tratarse de una condena menor a los cinco años de prisión, la ley venezolana le permite al columnista cumplir la sentencia en su domicilio, afirmó Marval. La corte también prohibió a Pérez ejercer el periodismo durante el término de la sentencia y lo condenó a pagar una multa de 94,000 Bolívares fuertes (21,000 dólares estadounidenses), informó El Carabobeño. Pérez indicó al CPJ que apelará la sentencia ante un tribunal superior.

“Condenamos la sentencia contra Pérez y exhortamos a la corte de apelaciones a revertir la decisión de primera instancia”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “La legislación venezolana sobre difamación aún permanece ajena al consenso regional que indica que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de difamación”.

En otro controvertido incidente, las autoridades venezolanas libraron una orden de arresto el viernes contra Guillermo Zuloaga, presidente de la televisora opositora Globovisión, y su hijo por supuesta usura y agavillamiento (asociación para delinquir). La orden fue librada una semana después de que el Presidente Hugo Chávez lamentara públicamente que Zuloaga permaneciera en libertad a pesar de los cargos en su contra tras haberse encontrado 24 vehículos almacenados supuestamente en forma ilegal en su casa, en mayo de 2009. La policía todavía no ha arrestado a Zuloaga.

Si el gobierno está usando el procesamiento de Zuloaga como un pretexto para silenciar e intimidar a la única televisora crítica, el derecho de los ciudadanos a estar informados se verá seriamente afectado y la democracia venezolana sufrirá otro golpe”, aseguró Lauría.

El 25 de marzo Zuloaga fue detenido y liberado luego de algunas horas, acusado de propagar noticias falsas y ofender a Chávez en comentarios realizados durante una reunión de la  Sociedad Interamericana de Prensa el 21 de marzo. Se le ha prohibido abandonar Venezuela y, si fuera condenado, podría ser sentenciado a cinco años de prisión por una disposición arcaica del código penal venezolano. 

El año pasado, Globovisión ha sido centro de investigaciones por parte del gobierno y de ataques por parte de grupos partidarios del gobierno.