• Periodistas locales enfrentan amenazas de todos los actores del conflicto armado.
• Condenas obtenidas en el asesinato de un periodista; progreso en otros casos.
Estadística Clave
2003: Año en el cual la agencia nacional de inteligencia comenzó a espiar a periodistas y a otros críticos.
La tensa relación entre el gobierno y la prensa independiente de Bogotá empeoró luego de que los medios de prensa revelaran que la agencia nacional de inteligencia espiaba a sectores críticos, incluyendo a periodistas. La prensa siguió atrapada en medio del conflicto armado, en tanto algunos funcionarios formularon fuertes acusaciones y grupos paramilitares de extrema derecha y guerrilleros de izquierda aterrorizaron a los periodistas del interior del país. En un importante paso en la lucha contra la impunidad, un tribunal condenó a los autores intelectuales del asesinato de un periodista en 2003. Si bien la investigación del CPJ ha mostrado una reducción gradual en el número de periodistas caídos por su labor en los últimos cinco años, un reportero cayó en represalia por su tarea informativa en 2009.
ATAQUES A LA
PRENSA EN EL 2009
• Prólogo
• Introducción
Análisis Regional:
• En las Américas,
Gran Hermano observa
a los reporteros
Informes por país
• Argentina
• Brasil
• Colombia
• Cuba
• Ecuador
• Honduras
• México
• Nicaragua
• Estados Unidos
• Venezuela
• En un Vistazo
Semana, la revista de noticias líder conocida por investigaciones que sacudieron al gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, publicó en febrero una nota sobre un plan de espionaje orquestado por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el servicio nacional de inteligencia. La revista informó que existían funcionarios que espiaban a periodistas críticos, a miembros de la oposición, a jueces de la Corte Suprema, a funcionarios gubernamentales y a grupos internacionales de derechos humanos. Miles de mensajes de correo electrónico y conversaciones telefónicas fueron interceptadas y la información habría sido luego pasada a grupos criminales, informó Semana. Los periodistas más conocidos del país figuraban entre aquellos que estaban siendo monitoreados.
Uribe negó su participación y responsabilizó por el espionaje a mafias dentro del servicio de inteligencia. La Fiscalía General ordenó un allanamiento inmediato de la sede central del DAS y una investigación de las acusaciones. Los investigadores determinaron más tarde que el plan se había extendido entre 2003 y bien avanzado 2009, conforme a informes de prensa. El matutino de Miami El Nuevo Herald informó en junio que, entre otras cosas, el DAS monitoreaba los mensajes de correo electrónico y las conversaciones telefónicas entre periodistas colombianos y grupos internacionales de derechos humanos, incluyendo el CPJ.
En septiembre, luego del arresto de 10 funcionarios de alto rango del DAS, el gobierno de Uribe presentó un proyecto de ley ante el Congreso para crear una organización de inteligencia más pequeña con funciones más limitadas. El DAS, que está bajo la supervisión directa del presidente, se había visto asediado por escándalos durante los dos mandatos de Uribe.
Entre los detenidos por el escándalo de espionaje figuró el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, según informes de prensa. Semana informó que el ex funcionario del DAS también mantenía vinculaciones con el líder paramilitar Carlos Castaño y estaba siendo investigado en relación con el asesinato del periodista Jaime Garzón. Conductor de noticias de Caracol y columnista del semanario Cambio, Garzón fue baleado de muerte a cuatro cuadras de su oficina en 1999. Al año siguiente, las autoridades acusaron y condenaron al líder paramilitar Castaño en ausencia. (Se cree que Castaño, quien desapareciera a principios de la década, está muerto.) En 2009, con la Ley de Justicia y Paz, un combatiente paramilitar desmovilizado indicó que Narváez había ordenado el asesinato y había instado a Castaño para que lo ejecutara, según informó Semana. Bajo la Ley de Justicia y Paz, miembros de grupos armados ilegales reciben concesiones judiciales generosas a cambio de su desmovilización y de las confesiones completas de sus crímenes. Narváez no fue acusado de inmediato en el caso Garzón. La Ley de Justicia y Paz ha sido criticada por provocar acusaciones falsas.
Hollman Morris, reportero conocido por su cobertura crítica del conflicto armado, fue blanco de los ataques del gobierno luego de que viajara al sudoeste de Colombia para entrevistarse con combatientes guerrilleros para un documental sobre secuestros. El 1 de febrero, Morris relató que miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo instaron a que entrevistara a tres oficiales de la policía y a un soldado que estaban retenidos como rehenes. El periodista relató al CPJ que una vez que dio cuenta de que las respuestas de los rehenes habían sido obtenidas por coerción, solamente les preguntó sus nombres y la cantidad de tiempo que llevaban en cautiverio. Ese mismo día, las FARC liberaron a los cuatro rehenes ante una misión humanitaria liderada por la Cruz Roja Internacional.
Cuando se informó sobre la reunión de Morris con los rehenes, el gobierno reaccionó de un modo enérgico, veloz y agresivo. El Vicepresidente Francisco Santos Calderón indicó que Morris había actuado sin “objetividad ni imparcialidad”. Luego, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos afirmó que era “afín a las FARC”. Y Uribe acusó al periodista de ser un “cómplice del terrorismo”.
Morris relató al CPJ que las acusaciones desencadenaron una serie de amenazas vía correo electrónico. El 5 de febrero, el CPJ y Human Rights Watch le enviaron una carta a Uribe objetando las tendenciosas aseveraciones e instando al presidente a poner fin a los comentarios vinculando a periodistas con cualquiera de los actores del conflicto armado. La investigación del CPJ mostró que estas declaraciones públicas han puesto en peligro a los periodistas. El gobierno ha recurrido con frecuencia a similares acusaciones politizadas, según afirmó la organización Human Rights First de Nueva York en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizada en marzo. Los fiscales colombianos, afirmó el grupo, han iniciado una cantidad de investigaciones penales “engañosas” e infundadas en contra de colombianos, incluyendo a periodistas y activistas por los derechos humanos.
Los periodistas que trabajaban en las provincias enfrentaron hostigamiento proveniente de todos los actores en el conflicto armado que lleva ya cinco décadas. En febrero, los cuatro rehenes liberados por las FARC ante la misión humanitaria expresaron que las guerrillas habían declarado a los periodistas locales “blancos militares”. En marzo, dos supuestos miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le disparó a Gustavo Adolfo Valencia Ayala dentro de su hogar en la ciudad oriental de Popayán. Valencia, director de la emisora nacional de radio Todelar, sufrió una herida en su pierna. En abril, seis atacantes no identificados mantuvieron a Gustavo Álvarez Gardeazábal amenazado a punta de pistola en su hogar en la ciudad occidental de Tuluá. Los atacantes saquearon la casa del periodista, conductor del programa político “La Luciérnaga” en Radio Caracol, pero no le hicieron daño. Una cámara de seguridad registró a los asaltantes cuando huían y los investigadores identificaron el camión que conducían como un vehículo militar. El ejército negó su participación y Uribe ofreció 20 millones de pesos (10,000 dólares estadounidenses) a quien brindara información sobre el caso.
Un periodista cayó en cumplimiento de su labor informativa. José Everardo Aguilar, de 72 años, corresponsal de Radio Súper en la ciudad de Patía, al sur del país, y conductor del programa de noticias de la emisora radial comunitaria Bolívar Estéreo, fue abatido a tiros afuera de su domicilio en el mes de abril. Sus colegas afirmaron al CPJ que Aguilar había denunciado vinculaciones entre políticos locales y paramilitares. Una persona fue acusada del crimen, pero un tribunal local lo absolvió en noviembre. Según la Policía Nacional, el crimen fue en represalia por la tarea informativa de Aguilar
Dos periodistas fueron asesinados en circunstancias poco claras. El cuerpo acribillado a balazos de Diego Jesús Rojas Velásquez, reportero y camarógrafo de Supía TV, fue hallado en septiembre en una autopista en la ciudad central de Supía. En diciembre, Hárold Humberto Rivas Quevedo, conductor de un programa de comentarios políticos transmitido por CNC Bugavisión, murió víctima de los disparos que recibió cuando salía de los estudios de la televisora en la ciudad occidental de Buga. El CPJ continúa investigando si los asesinatos tuvieron relación con el trabajo de los periodistas.
Las autoridades informaron sobre un avance en un caso de asesinato que llevaba ya ocho años. Dos ex combatientes paramilitares confesaron, amparados por la Ley de Justicia y Paz, el asesinato de Flavio Iván Bedoya, corresponsal regional del periódico Voz de Bogotá, del partido comunista, en 2001. Bedoya, acribillado a balazos cuando se bajaba de un autobús en la ciudad portuaria de Tumaco, al sudoeste del país, había publicado informes críticos sobre los vínculos entre las fuerzas de seguridad locales y grupos paramilitares en el departamento de Nariño. De acuerdo con un informe de abril difundido por la Fundación para la Libertad de Prensa, bajo el amparo de esta ley ya hubo combatientes paramilitares que confesaron su participación en otros siete asesinatos de periodistas.
En un caso que marcó un hito en la lucha contra la impunidad, un tribunal en el departamento norteño de Santander condenó a tres ex funcionarios públicos por haber conspirado para asesinar al comentarista de radio José Emeterio Rivas en 2003. El testigo clave de la fiscalía fue el combatiente paramilitar desmovilizado Pablo Emilio Quintero Dodino, quien confesó durante una audiencia motivada por la Ley de Justicia y Paz. El ex Alcalde de Barrancabermeja Julio César Ardila Torres fue sentenciado a 28 años de prisión, mientras que los ex funcionarios de obras públicas Abelardo Rueda y Fabio Pajón Lizcano recibieron cada uno condenas de 26 años y ocho meses de prisión. Rivas, de 44 años, comentarista de la emisora local Radio Calor Estéreo fue asesinado en represalia por sus informes sobre la corrupción local y las vinculaciones entre el gobierno de Ardila y los grupos paramilitares, comentó la Fiscalía General.