Nueva York, 7 de abril del 2004—El Comité para la Protección
de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) reitera su llamado
al gobierno cubano a que libere a los 29 periodistas independientes sentenciados
a prolongadas penas de prisión el 7 de abril del pasado año.
Las detenciones de los disidentes políticos y los periodistas,
quienes fueron acusados de ser «contrarrevolucionarios» al servicio de
los Estados Unidos, comenzaron el 18 de marzo del 2003, durante la primera
semana de la guerra de Irak, y continuaron durante tres días. Agentes
de la policía allanaron y registraron los hogares de los periodistas,
confiscando libros, máquinas de escribir, materiales de archivo,
cámaras, computadoras, impresoras y aparatos de fax.
Los juicios sumarios de los periodistas se llevaron a cabo el 3 y el 4
de abril a puerta cerrada. Muchos periodistas no tuvieron acceso a sus
abogados antes de los juicios. En varios casos, los abogados que representaban
a los periodistas sólo tuvieron una pocas horas para preparar los
alegatos de defensa.
Algunos periodistas fueron juzgados según el Artículo 91
del Código Penal, que prevé largas sanciones de privación
de libertad o muerte para todo el que actúe contra «la independencia
o la integridad territorial del Estado». Otros periodistas fueron procesados
por violar la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional
y la Economía de Cuba, que dispone sanciones de privación
de libertad de hasta 20 años para toda persona que cometa actos
que «persiguen subvertir el orden interno de la Nación y destruir
su sistema político, económico y social».
El 7 de abril, los tribunales de la isla anunciaron sanciones de privación
de libertad de 14 a 27 años para los periodistas, quienes permanecieron
en cárceles del Departamento de Seguridad del Estado hasta el 24
de abril, cuando la mayoría de ellos fueron enviados a prisiones
ubicadas a cientos de kilómetros de sus hogares. En junio, el Tribunal
Supremo Popular, el tribunal de máxima instancia, rechazó
los recursos de casación que los periodistas habían presentado
en abril y ratificó las condenas.
En una conferencia de prensa que contó con la participación
de los corresponsales extranjeros y la prensa oficial, celebrada el 25
de marzo del 2004 en La Habana, el Ministro de Relaciones Exteriores cubano
Felipe Pérez Roque habló sobre los juicios sumarios y afirmó
que Cuba, como cualquier otra nación, tenía derecho a defenderse
y a castigar a «los que colaboran con una potencia extranjera que agrede
a su país». Pérez Roque también expresó que
los juicios sumarios no habían violado las garantías del
debido proceso de los periodistas.
Los periodistas encarcelados, quienes están en pabellones de máxima
seguridad, han denunciado las deficientes condiciones sanitarias, la inadecuada
atención médica, el aislamiento al que son sometidos y la
falta de acceso a la prensa escrita y la televisión. También
se han quejado de recibir alimentos que huelen mal o están en mal
estado. Muchos periodistas, entre ellos Manuel Vázquez Portal,
a quien le fue otorgado el Premio Internacional a la Libertad de Prensa
2003 del CPJ, han sido ubicados en celdas de aislamiento.
En reclamo de mejores condiciones, algunos periodistas encarcelados se
han declarado en huelga de hambre en varias ocasiones. Después
de enterarse de las huelgas de hambre, otros periodistas presos se les
han sumado en una muestra de solidaridad. Debido a que las autoridades
penitenciarias se han negado a permitir cualquier contacto externo con
los huelguistas o a revelar información sobre ellos, sus familias
no han podido verificar su estado de salud. Como castigo por la participación
en las huelgas, los periodistas han sido dispersados y trasladados a otras
prisiones.
«Los 29 valientes periodistas no han hecho más que ejercer
su profesión», declaró Ann Cooper, la Directora Ejecutiva
del CPJ. «Exigimos que se les libere y se les permita continuar ejerciendo
el periodismo».
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