Nueva York, 2 de septiembre del 2004—El Comité
para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)
condena el prolongado encarcelamiento de más de dos docenas de
periodistas cubanos, varios de los cuales han recibido atención
médica inadecuada o han sido hostigados por protestar contra las
condiciones en que se encuentran.
El gobierno cubano arrestó a 29 periodistas en marzo del 2003 en
una masiva campaña contra la prensa independiente. Los periodistas,
acusados de ser «contrarrevolucionarios» al servicio de los Estados Unidos,
fueron condenados en juicios sumarios celebrados a puerta cerrada. Solamente
dos de ellos han sido liberados.
El estado de salud de varios de los periodistas presos se ha deteriorado.
Jorge Olivera Castillo fue trasladado de un hospital en la provincia
oriental de Guantánamo a la prisión de Agüica, en la
provincia occidental de Matanzas, según la esposa, Nancy Alfaya.
Olivera, quien padece de varias enfermedades, permanece en la enfermería
de la prisión sin recibir tratamiento, indicó Alfaya.
Otro periodista, Oscar Espinosa Chepe, ya lleva más de un año
hospitalizado y su salud ha empeorado. La esposa, Miriam Leyva, ha denunciado
que la familia no tiene acceso a los médicos, los análisis
ni al tratamiento de Espinosa Chepe.
Raúl Rivero, quien padece de enfisema pulmonar, ha sido hostigado
por oficiales de la prisión, de acuerdo con la esposa, Blanca Reyes.
Al finalizar la última visita familiar de Rivero, el 19 de agosto,
el director de los servicios médicos de la prisión le dijo
a Reyes que ella no podía pasarle medicinas a Rivero. Reyes, a
quien la Seguridad del Estado le advirtió que no hiciera declaraciones
sobre la situación de Rivero, relató al CPJ que los oficiales
de la prisión le habían suspendido a Rivero la visita matrimonial
del 11 de septiembre después de que éste tuviera un altercado
con un oficial de la seguridad del Estado.
Fabio Prieto Llorente, periodista encarcelado en la prisión de
Kilo 8 en la provincia central de Camagüey, se declaró en
huelga de hambre el 11 de agosto en reclamo de un traslado a una prisión
más cercana a su casa, según la agencia noticiosa independiente
Decoro. Prieto Llorente, quien es del municipio especial Isla de la Juventud,
posteriormente terminó la huelga de hambre y el 30 de agosto recibió
visita de la madre y la hermana. Prieto Llorente ha sido hostigado por
protestar contra las condiciones en que se encuentra encerrado, añadió
Decoro.
También en el mes de agosto, el periodista Héctor Maseda
fue trasladado a una celda con delincuentes reincidentes en la prisión
de La Pendiente, informó la esposa, Laura Pollán. Maseda
está preocupado por la posibilidad de que las autoridades penales
utilicen a los presos comunes para hostigarlo. Pollán refirió
al CPJ que ella y otros familiares de los periodistas y activistas opositores
presos habían presentado una solicitud formal ante las autoridades
cubanas en reclamo de una amnistía, pero los funcionarios gubernamentales
no habían respondido a la solicitud.
«El gobierno cubano continúa haciendo caso omiso a los llamados
internacionales y nacionales para que libere a los periodistas presos»,
declaró Ann Cooper, directora ejecutiva del CPJ. «Mientras estos
periodistas continúen presos, en violación de normas internacionales
en materia de libertad de expresión, continuaremos exigiendo su
liberación inmediata e incondicional».
Antecedentes
El gobierno cubano arrestó a un total de 29 periodistas en marzo
del 2003 y los sometió a juicios sumarios a puerta cerrada el 3
y el 4 de abril, mientras la atención del mundo se concentraba
en la guerra de Iraq.
Algunos periodistas fueron juzgados según el Artículo 91
del Código Penal, que prevé largas sanciones de privación
de libertad o muerte para todo el que actúe contra «la independencia
o la integridad territorial del Estado». Otros periodistas fueron procesados
por violar la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional
y la Economía de Cuba, que dispone sanciones de privación
de libertad de hasta 20 años para toda persona que cometa actos
que «persiguen subvertir el orden interno de la Nación y destruir
su sistema político, económico y social».
El 7 de abril del 2003, los tribunales de la isla anunciaron sanciones
de privación de libertad de 14 a 27 años para los periodistas.
En junio del mismo año, el Tribunal Supremo Popular, máxima
instancia judicial, rechazó los recursos de casación que
los periodistas habían presentado y ratificó las condenas.
En junio del 2004, las autoridades cubanas concedieron una licencia extrapenal
por motivos de salud al periodista preso Carmelo Díaz Fernández
y lo enviaron a casa. Antes de liberarlo, le advirtieron que si se ponía
bien de salud o no tenía una «buena conducta», sería remitido
de nuevo a la prisión. También en el mes de junio, el periodista
Manuel Vázquez Portal, galardonado en el 2003 con uno de los Premios
Internacionales a la Libertad de Prensa del CPJ, fue liberado sin recibir
explicación. El día de su liberación, dos oficiales
de la Seguridad del Estado le sugirieron que abandonara el país.
Los periodistas encarcelados, la mayoría de los cuales están
en pabellones de máxima seguridad, han denunciado las deficientes
condiciones sanitarias y la inadecuada atención médica.
También se han quejado de recibir alimentos que huelen mal o están
en mal estado. A diferencia de la población penal general, que
tiene visitas con mayor frecuencia, la mayoría de los periodistas
presos reciben visitas familiares cada tres meses y conyugales cada cinco
meses.
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