Ciudad de Guatemala, 24 de octubre del 2003—Una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) verificó el clima de amenazas e intimidación que vive la prensa guatemalteca, tras una visita de cinco días a Guatemala.

La visita del CPJ tuvo como objetivo constatar en el terreno la situación de la libertad de prensa en Guatemala; solicitar del gobierno guatemalteco información sobre el estado de las investigaciones de los casos de amenazas y agresiones contra periodistas; exhortar al gobierno a que en esta coyuntura electoral garantice la seguridad de los trabajadores de la prensa para que puedan cumplir con su labor informativa; y manifestar nuestra solidaridad y la de la comunidad internacional con la prensa local.

La delegación del CPJ, integrada por el coordinador y el investigador del programa de las Américas, Carlos Lauría y Sauro González Rodríguez, intercambió impresiones con periodistas, activistas de los Derechos Humanos, personal de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua) y funcionarios del gobierno.

La misión del CPJ fue motivada por una serie creciente de abusos contra la libertad de prensa en los últimos meses coincidentes con la delicada coyuntura electoral. El 24 de julio, partidarios del candidato del oficialista Frente Republicano Guatemalteco (FRG) Efraín Ríos Montt provocaron serios disturbios en las calles de la capital y hostigaron a varios periodistas, entre ellos a Héctor Ramírez, quien murió de un ataque al corazón luego de ser perseguido por los manifestantes.

Más allá de las agresiones contra periodistas de la capital, que reciben amplia cobertura por parte de los medios, la delegación del CPJ pudo comprobar que los riesgos que enfrentan los periodistas son incluso mayores en el interior del país, donde se encuentran más desprotegidos que sus colegas de la capital. Dado este panorama, el CPJ considera que Guatemala se ha convertido en uno de los países de las Américas más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

En lo que va de año, el CPJ ha investigado y documentado amenazas y agresiones contra los periodistas Pablo Efraín Rax Chub, Alberto Sandoval, Edgar René Saenz, José Rubén Zamora, Juan Luis Font, Carmen Judith Morán Cruz, Luis Eduardo de León, Juan Carlos Torres y Marvin del Cid, entre otros.

En encuentros con periodistas de diferentes medios, el CPJ recogió información sobre violaciones de la libertad de prensa que van desde amenazas de muerte anónimas hasta agresiones físicas. De acuerdo con los casos documentados por el CPJ, los periodistas guatemaltecos realizan su labor en un clima de hostilidad donde son blanco de amedrentamiento por parte de políticos corruptos, el narcotráfico y el crimen organizado, y grupos clandestinos.

Si bien el Presidente Alfonso Portillo Cabrera abandonará el poder luego de la asunción del nuevo jefe de Estado a comienzos del 2004, el gobierno tiene la obligación de crear un clima en el cual los guatemaltecos puedan ejercer plenamente el derecho a elegir sus representantes de gobierno. Una prensa libre es un componente esencial de cualquier elección democrática y, a menos que el gobierno tome medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, la legitimidad de los próximos comicios será cuestionada.

La delegación del CPJ trató estas cuestiones en reuniones con Marco Antonio Cortez, fiscal especial de delitos contra periodistas y sindicalistas del Ministerio Público; Marcel Arévalo, asesor del Ministro de Relaciones Exteriores; y Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos.

Cortez expuso sobre el trabajo de la unidad de la Fiscalía que dirige y los avances registrados en la apertura de investigaciones. Explicó que, en relación con los sucesos del 24 y 25 de julio, su unidad ha solicitado antejuicios para altos funcionarios del gobierno, legisladores del FRG e inclusive del propio Presidente Alfonso Portillo Cabrera.

A pesar de la ausencia de resultados concretos en las investigaciones de más de 60 casos de amenazas y agresiones contra periodistas en lo que va del 2003, situación que ha profundizado el clima de impunidad imperante en el país, el fiscal manifestó su compromiso en llegar a la profundidad de las investigaciones. Por su parte, el CPJ planteó al fiscal Cortez la necesidad de llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias y someter a la justicia a los responsables de agresiones a periodistas. A partir de la disposición manifestada por Cortez, el CPJ requerirá en forma periódica información sobre el estado de las investigaciones realizadas por la fiscalía especial de delitos contra periodistas y sindicalistas.

En el actual contexto de marcada polarización política y hostiles relaciones entre gobierno y prensa, el CPJ, al igual que otras organizaciones de derechos humanos, está preocupado por la posibilidad de una escalada de violencia que ponga en riesgo el derecho de la sociedad guatemalteca a mantenerse informada sobre acontecimientos fundamentales de la vida nacional. En consecuencia, instamos al gobierno guatemalteco a cumplir con las siguientes recomendaciones:

• Manifestarse pública y enérgicamente a favor de la libertad de expresión y actuar con firmeza para prevenir actos intimidatorios contra periodistas.
  
• Tomar medidas contundentes para poner fin a la impunidad que rodea a las amenazas y actos intimidatorios contra periodistas, de manera tal que no queden dudas de la voluntad del gobierno de llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias.
  
• Comprometerse a investigar la actuación de grupos clandestinos armados, desmantelar las actividades de estos grupos y con ello enviar un mensaje claro a la sociedad de que los actos de violencia no serán tolerados.
  

Por último, el CPJ hace también un llamado a los candidatos a la presidencia de Guatemala a que se abstengan de hacer declaraciones que puedan ser interpretadas como una luz verde para atacar a los periodistas que cubren las elecciones.