Nueva York, 12 de noviembre del 2003—El Comité para
la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés)
está sumamente preocupado por la falta de información sobre
la situación de los periodistas cubanos presos Mario Enrique Mayo
Hernández, Adolfo Fernández Saínz e Iván Hernández
Carrillo, quienes comenzaron una huelga de hambre el 18 de octubre.
Una semana después de que un grupo de familiares intentara infructuosamente
visitar a los periodistas y disidentes que se habían declarado
en huelga de hambre en la Prisión Provincial de Holguín,
en la región oriental de la isla, los huelguistas han sido dispersados
y trasladados a otras prisiones.
Según fuentes del CPJ, el grupo de familiares se dirigió
a la provincia de Holguín el 6 de noviembre para obtener información
sobre los periodistas y disidentes y para tratar de verlos. Ante la negativa
de las autoridades penitenciarias de aceptar el pedido del grupo, los
familiares pernoctaron en un descampado en las afueras de la prisión.
Al día siguiente, el director de la prisión, un capitán
que se identificó por el nombre de Israel, atendió al grupo.
Israel les dijo que mientras los periodistas y disidentes cometieran «indisciplinas»,
no se les permitiría ningún contacto con sus familias. Cuando
la esposa de Mayo Hernández, Maydelín Guerra Álvarez,
preguntó por su esposo, Israel manifestó que había
recibido órdenes de trasladar a Mayo Hernández a la prisión
de Mar Verde, en la vecina provincia de Santiago de Cuba. El grupo de
familiares decidió dejar la prisión el 7 de noviembre bajo
la promesa de Israel de que se les permitiría a los prisioneros
que llamaran a sus casas, pero hasta el día de hoy las familias
no habían recibido ninguna llamada telefónica de parte de
ellos.
Tras la partida de la prisión del grupo de esposas y madres, algunos
disidentes que se habían sumado a la huelga de hambre han sido
llevados a otras prisiones, según fuentes de la oposición
en la isla. Fernández Saínz ha sido trasladado a otro destacamento
en la misma prisión, de acuerdo con su esposa, Julia Núñez
Pacheco. El 11 de noviembre, Guerra Álvarez fue hasta la prisión
de Mar Verde pero no la dejaron ver a su esposo. Debido a que las autoridades
penitenciarias se han negado a permitir el contacto con los huelguistas,
sus familias no han podido confirmar si suspendieron la huelga de hambre
o en qué estado de salud se encuentran.
Mayo Hernández y Fernández Saínz se habían
sumado a cuatro disidentes presos en una huelga de hambre que comenzó
el 18 de octubre y que tenía como propósito protestar por
el trato dado a Hernández Carrillo, quien fue enviado a una celda
de castigo tras quejarse de un malestar.
El CPJ también ha recibido noticia de que el periodista Manuel
Vázquez Portal, quien está encerrado en la prisión
de Aguadores, en Santiago de Cuba, comenzó una huelga de hambre
el día de ayer. Según Yolanda Huerga, la esposa de Vázquez
Portal, ella había recibido información de que Vázquez
Portal había iniciado otra huelga de hambre más en apoyo
a los periodistas y disidentes encerrados en Holguín. Vázquez
Portal fue galardonado este año con uno de los Premios Internacionales
a la Libertad de Prensa que entrega el CPJ.
En los últimos cuatro meses, varios periodistas cubanos presos
se han declarado en huelga de hambre. En agosto, Mayo Hernández,
Fernández Saínz y Hernández Carrillo sostuvieron
una huelga de hambre durante 13 días en reclamo de una mejor alimentación
y una atención médica adecuada. El mismo mes, Vázquez
Portal y el periodista Normando Hernández González, en aquel
entonces en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, se mantuvieron
en huelga de hambre por una semana. Como represalia, Vázquez Portal
fue luego trasladado a la prisión de Aguadores, mientras que Hernández
González fue enviado a una prisión situada en la occidental
provincia de Pinar del Río.
Los periodistas, quienes han sido ubicados en pabellones de máxima
seguridad y son esposados cada vez que deben salir de sus celdas, han
denunciado las malas condiciones sanitarias, la inadecuada atención
médica, el aislamiento a que son sometidos y la falta de acceso
a la prensa escrita y la televisión. También se han quejado
de que los alimentos que reciben huelen mal o están en mal estado.
Un total de 28 periodistas independientes fueron detenidos como parte
de una intensa campaña gubernamental en marzo. Los juicios sumarios
de los periodistas, que duraron un día, se realizaron a principios
de abril a puerta cerrada. Algunos periodistas fueron procesados de conformidad
con el Artículo 91 del Código Penal, que prevé largas
sanciones de privación de libertad o muerte para todo el que actúe
contra «la independencia o la integridad territorial del Estado». Otros
periodistas fueron enjuiciados por violar la Ley 88 de Protección
de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que dispone
sanciones de privación de libertad de hasta 20 años para
toda persona que cometa acciones «que persiguen subvertir el orden interno
de la Nación y destruir su sistema político, económico
y social».
El 7 de abril, tribunales de toda la isla dictaron penas de cárcel
para los periodistas, que oscilan entre 14 y 27 años. Los periodistas
permanecieron encarcelados en celdas del Departamento de Seguridad del
Estado (DSE) hasta el 24 de abril, cuando la mayoría de ellos fueron
trasladados a cárceles ubicadas a cientos de kilómetros
de sus hogares. En junio, el Tribunal Supremo Popular, el órgano
judicial de máxima instancia, desestimó los recursos de
casación que los periodistas interpusieron en abril y ratificó
las condenas.

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