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By Carlos Lauría/Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ

Poniendo énfasis en las preocupaciones de grupos de derechos humanos sobre el deterioro de las condiciones de libertad de prensa bajo la administración del Presidente Rafael Correa, 17 estados miembros de las Naciones Unidas presentaron recomendaciones a Ecuador sobre temas de libertad de expresión ante  el Consejo de Derechos Humanos esta semana. Mientras Ecuador intenta neutralizar las críticas que atribuye al desconocimiento de la situación, las observaciones efectuadas por los estados dejaron en evidencia que la comunidad internacional tiene conocimiento de las tácticas represivas de Correa contra los medios locales.       

Por Mike O'Connor/Representante del CPJ en México

Ellos dirían que los asesinos no han permitido que informen sobre temas importantes durante años, si se considera información seria la que trasciende para el público. Por ejemplo, ¿por qué la policía no investiga la mayoría de los casos de asesinatos, secuestros y extorsión? ¿Por qué las drogas se venden de manera tan abierta? ¿Por qué tres ex gobernadores están siendo investigados por lavado de dinero para el cartel de la droga que tiene el control de la mayor parte del estado de Tamaulipas?

Por Peter Nkanga/Consultor de la CPJ en África Occidental.

Para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa celebrado el 3 de mayo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó una lista de los diez países donde existe más censura, que ubica a Guinea Ecuatorial en el quinto lugar. Como respuesta, el ministro de información y portavoz del Gobierno, Jerónimo Osa Osa Ecoro, desestimó el análisis de la situación de la prensa en su país y lo acusó de ser parcial.

Por Andrés Morales/Bloguero Invitado del CPJ

El problema de impunidad afecta el real acceso a la justicia de los colombianos en general y no es solo un problema de los crímenes contra periodistas. Diversos organismos institucionales y no gubernamentales de derechos humanos han coincidido en reconocer la dramática situación de impunidad que vive el país, especialmente por los crímenes cometidos durante el conflicto armado que todavía continúa.

Por Javier Garza/Subdirector Editorial de El Siglo de Torreón

Eran las tres de la mañana del martes 15 de noviembre de 2011 cuando un automóvil se estacionó frente a la puerta del edificio del periódico El Siglo de Torreón, el diario de mayor circulación en los estados de Coahuila y Durango en el norte de México. El conductor subió el auto a la banqueta, lo roció de gasolina y le prendió fuego. Desde otro automóvil, dispararon una ráfaga de AK-47 contra una oficina de ventas del mismo periódico al otro lado de la calle.

El ataque duró menos de cinco minutos, tiempo suficiente para cometerlo con total libertad. Afortunadamente, los accesos al edificio estaban cerrados a esa hora y los trabajadores que quedaban adentro se encontraban en el área de prensa, resguardados de la agresión. Nunca supimos quiénes quemaron el automóvil y dispararon contra las oficinas. Durante ese 15 de noviembre recibimos llamadas de todo tipo de autoridades prometiendo una investigación a fondo que nunca se hizo.

Por Ricardo González Alfonso/Bloguero Invitado

Existen realidades desesperantes que convocan a la esperanza. No se trata de un juego de palabras, porque con el hambre y el porvenir, propio y familiar, no se juega. Se trata de adentrarse en otra versión de las circunstancias. De ver el arco iris donde otros contemplan un sol triste y una llovizna tozuda, impertinente.

Por María Salazar-Ferro/Coordinadora de la Campaña de Impunidad y del Programa de Asistencia

En 2010, tras negociaciones de mitad de verano entre la Iglesia Católica y el gobierno del Presidente Raúl Castro, las autoridades cubanas comenzaron a liberar periodistas presos, enviándolos a un exilio forzado con sus familias. En abril de 2011, el último de más de 20 periodistas llegó a España. Les habían concedido libertad y respiro, y se les había prometido apoyo de las autoridades españolas mientras se adaptaban al nuevo país. Pero casi dos años después de la llegada del primer grupo de periodistas a España, los cuatro que permanecen en el país viven en condiciones difíciles, luchando incluso para alimentarse.

María Salazar-Ferro/ Coordinadora de la Campaña de Impunidad y del Programa de Asistencia

El miércoles por la mañana, Albert Santiago Du Bouchet Hernández, periodista cubano en el exilio, se suicidó, según informes de prensa en los medios cubanos del exilio. Fue el último de más de 20 periodistas cubanos independientes en ser liberados de la cárcel y enviados a España tras las negociaciones entre el gobierno del Presidente Raúl Castro y la Iglesia Católica. Du Bouchet Hernández, quien cubría noticias sobre la oposición política, sufrió un trato inhumano en su país y, en esta última etapa, enfrentó dificultades en el exilio.

Por Carlos Lauría/Coordinator Senior del Programa de las Américas

"El Salvador está comprometido en garantizar la seguridad de El Faro y sus periodistas para que puedan continuar su tarea investigativa", afirmó David Rivas, vocero del Presidente Mauricio Funes Cartagena, en una reciente conversación telefónica. El compromiso del gobierno se produjo después de un excelente trabajo de investigación periodística por parte del diario digital sobre negociaciones secretas en el que pandillas locales, conocidas como Maras, anunciaron que limitarían el número de asesinatos a cambio de concesiones del gobierno, como el traslado de pandilleros encarcelados a una prisión de menor seguridad.     

Por Mike O'Connor/Representante del CPJ en México

En México, donde la impunidad en casos de asesinatos de periodistas ha generado terror y censura en la prensa local, legisladores afirmaron que el Senado federal está a punto de aprobar una enmienda constitucional que otorgaría jurisdicción a las autoridades federales sobre delitos contra la libertad de prensa. La aprobación significaría que los fiscales y la policía federal, que en general son menos corruptos y más efectivos, tendrían jurisdicción sobre las autoridades estatales en los casos de periodistas asesinados y amenazados.