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Ataques a la Prensa

2013

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En tanto que las fuerzas armadas luchaban contra los carteles de la droga --y los carteles se enfrentaban entre sí-- la prensa fue objeto de violencia por parte de la delincuencia organizada y funcionarios corruptos que buscaban controlar el flujo informativo. Los periodistas fueron blanco de desapariciones y de amenazas por ejercer la profesión, o se vieron obligados a huir de sus hogares, y varios medios de prensa fueron atacados. El periodista independiente Adrián Silva Moreno fue asesinado a tiros en Puebla poco después de haber recabado información sobre un robo de gasolina a gran escala y de haber presenciado un enfrentamiento entre soldados y delincuentes armados. Otros cinco periodistas resultaron asesinados durante el año. El CPJ continuaba sus investigaciones para determinar si los asesinatos estaban vinculados a la labor periodística de los comunicadores. Un diario, tras ser blanco reiterado de represalias, publicó un editorial donde declaró que dejaría de informar sobre la violencia desatada por los carteles. Como síntoma del rechazo público a la sangrienta ofensiva del mandatario Felipe Calderón Hinojosa contra los carteles, el opositor Partido Revolucionario Institucional regresó a la presidencia de la mano de Enrique Peña Nieto. La administración de Calderón sí alcanzó un logro histórico en materia de libertad de prensa en su último año. Después de varios años de esfuerzos por parte del CPJ y otras organizaciones de libertad de prensa, el Congreso y los estados aprobaron una enmienda constitucional respaldada por Calderón que federaliza los delitos contra la libertad de expresión, un paso clave para combatir la corrupción y la impunidad en todas las jurisdicciones del país. No obstante, aún no se ha aprobado la normativa legal necesaria para implementar la enmienda. Al menos 14 periodistas fueron asesinados en represalia por su labor durante la gestión de Calderón (diciembre del 2006 a diciembre del 2012), por lo cual su período ha sido uno de los más violentos para la prensa que jamás se haya registrado en el mundo.

Los periodistas que informan sobre temas sensibles como el narcotráfico, la corrupción gubernamental y los conflictos por la tierra con frecuencia enfrentan amenazas y ataques en un país tan convulsionado por la violencia y la ilegalidad que se ha convertido en una de las líderes en homicidios a escala mundial. El secuestro y asesinato de Ángel Alfredo Villatoro, uno de los periodistas más conocidos del país y amigo del mandatario Porfirio Lobo, captó los titulares de los medios durante semanas y motivó protestas contra la violencia dirigida a la prensa en todo el país. Las autoridades no señalaron ningún móvil pero acusaron del asesinato a tres personas. Como reflejo de la profunda polarización que sucedió al golpe de estado en 2009 con el respaldo de los militares, las agresiones contra reporteros considerados como partidarios del derrocado presidente Manuel Zelaya, recibieron mucho menos atención y respuestas del gobierno. Las investigaciones del CPJ indican que las autoridades han actuado con lentitud y negligencia a la hora de investigar numerosos asesinatos de periodistas y otros delitos contra la prensa desde el golpe de 2009, y que inclusive han tratado de restarle importancia a la dimensión de la violencia. La negligencia oficial en las investigaciones --el CPJ determinó que las autoridades a menudo ni siquiera entrevistaban a testigos ni recolectaban pruebas-- ha provocado que sea difícil esclarecer los motivos de numerosos asesinatos. Mientras que el Senado de Estados Unidos declaró que retendría una parte de su asistencia para Honduras debido a presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía, el Departamento de Estado anunció la creación de un Grupo de Trabajo Bilateral sobre Derechos Humanos para ayudar al gobierno hondureño con las investigaciones de los asesinatos de periodistas.

Los periodistas sintieron los efectos de la violencia generalizada provocada por las pandillas o maras. El personal del sitio web de noticias El Faro enfrentó actos de intimidación después de informar sobre una red criminal en la cual estaban implicados empresarios y políticos, y después de revelar negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas. Sujetos no identificados siguieron y fotografiaron a periodistas de El Faro, declaró su director Carlos Dada. El ministro de Seguridad, David Munguía Payés, reconoció que el medio se encontraba en una situación de riesgo, pero en un inicio declinó otorgarle protección. El caso también puso de relieve la falta de solidaridad en la prensa salvadoreña, ya que pocos periodistas inicialmente salieron en defensa de El Faro. A nivel nacional, el índice de homicidios pareció descender después de que el gobierno negoció una tregua con las pandillas, aunque algunos funcionarios dieron a entender que al mismo tiempo las desapariciones iban en aumento. A pesar de la violencia social prevaleciente, los asesinatos de periodistas no son comunes en El Salvador. Las autoridades, que en mayo obtuvieron la condena del responsable del homicidio de un camarógrafo, ocurrido en 2011, en general tienen un historial satisfactorio en las investigaciones de asesinatos de periodistas, según datos del CPJ.

El clima de libertad de prensa continuó su pronunciado deterioro durante la gestión del Presidente Rafael Correa. Los tribunales ratificaron el fallo condenatorio por el delito de injurias calumniosas contra los ejecutivos del diario El Universoy los autores del libro El Gran Hermano en relación con su cobertura informativa crítica del gobierno. El mandatario, quien interpuso las querellas, posteriormente indultó a los periodistas, pero los fallos judiciales podrían inhibir las investigaciones periodísticas. Correa otorgó asilo político a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, en una decisión que resaltaba su antipatía hacia Estados Unidos y que se proponía contrarrestar su imagen de enemigo de la libre expresión. Los estados miembros de las Naciones Unidas emitieron 24 recomendaciones en materia de libertad de expresión durante el Examen Periódico Universal de Ecuador. El gobierno ecuatoriano rechazó tres de las recomendaciones, entre ellas la que lo exhortaba a derogar las leyes que criminalicen la opinión. Correa también comenzó un ataque sostenido contra la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una iniciativa que amenazaba desmantelar a una institución vital en la defensa de la prensa regional. Una actitud contraria a la prensa prevaleció en todos los poderes del Estado ecuatoriano. Los legisladores debatieron un proyecto de ley que permitiría a un ente regulatorio de medios imponerle sanciones arbitrarias a la prensa y restringir la libertad de expresión. El organismo regulatorio de las telecomunicaciones cerró al menos 11 radioemisoras, más de la mitad de las cuales eran críticas de la gestión gubernamental. Y un fotógrafo fue muerto en el ejercicio de la profesión, el primer asesinato de periodista confirmado en Ecuador desde 2005.

Aunque Cuba proyectó la imagen de un país en proceso de apertura económica y política, no tomó ninguna medida de peso para promover la libertad de expresión. Las autoridades anunciaron planes para eliminar el permiso de salida del país requerido a los cubanos que desearan viajar al extranjero, un requisito que por mucho tiempo limitó los viajes desde Cuba, pero algunos críticos expresaron escepticismo acerca del compromiso del gobierno con esa reforma. A la conocida bloguera Yoani Sánchez las autoridades le han negado el permiso de salida como mínimo 19 veces, según datos del CPJ. Venezuela, que financió un proyecto de conexión de cable de fibra óptica a Cuba, celebrado con fanfarria por ambos gobiernos, declaró que se había concluido la instalación del cable, pero La Habana no dio ninguna señal respecto a la puesta en marcha de la tecnología. La penetración de la Internet se mantuvo baja, y las conexiones públicas en uso eran lentas y caras. Cuba ocupó el noveno puesto en un estudio global del CPJ sobre los países con mayor censura, y las autoridades continuaron reprimiendo toda disidencia. Tras estar fuera durante un año de la lista de países con periodistas encarcelados del CPJ, Cuba volvió a figurar en el censo. Un periodista independiente estaba preso cuando el CPJ realizó su estudio anual global. Aunque las detenciones prolongadas fueron menos comunes que en años anteriores, las organizaciones de derechos humanos e informes de prensa documentaron detenciones breves y actos de acoso durante eventos de gran cobertura informativa internacional, tal como la visita del Papa Benedicto XVI en marzo. Las autoridades detuvieron a Sánchez y a otros dos blogueros en julio cuando se dirigían a cubrir el juicio abierto por la muerte en un accidente automovilístico del conocido disidente Oswaldo Payá. La periodista y abogada Yaremis Flores fue detenida por dos días después de informar sobre críticas vertidas contra el gobierno por su respuesta al huracán Sandy, en artículos publicados en el sitio web Cubanet, radicado en Miami. Dos años después de la excarcelación de los periodistas detenidos en la Primavera Negra, muchos de ellos enfrentaban serias dificultades económicas en el exilio. Un periodista, Albert Santiago Du Bouchet Hernández, cometió suicidio en abril.

Los periodistas debieron hacer frente a la reanudación de actos violentos por parte de grupos armados ilegales en los meses que antecedieron al anuncio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de entablar conversaciones de paz con el grupo guerrillero de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este grupo retuvo al reportero francés Roméo Langlois por más de un mes, el primer secuestro de un periodista extranjero en Colombia desde 2003, según datos del CPJ. Fernando Londoño, presentador de un programa radial y ex ministro, resultó herido, y su chofer y uno de sus guardaespaldas murieron en un atentado con bomba en Bogotá. Las fuerzas policiales también estuvieron implicadas en un incidente de violencia contra la prensa. En noviembre, el periodista independiente Guillermo Quiroz Delgado, quien cubría una protesta en el departamento de Sucre, murió tras ser arrestado. Desde el hospital, Quiroz declaró que agentes de la policía lo habían agredido. Los tribunales emitieron varios fallos judiciales que favorecieron a la prensa. Molestos por ser objeto de crítica en un artículo de opinión, los siete magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un acto sin precedentes, interpusieron una querella penal por los delitos de injuria y calumnia contra la columnista Cecilia Orozco Tascón. Tras ser blanco de críticas generalizadas, los magistrados desistieron de la querella. La Fiscalía General clasificó los actos de secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya, ocurridos en el año 2000, como un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible. Y dos ex funcionarios del organismo de inteligencia nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fueron sentenciados a seis años de cárcel cada uno por su participación en un programa de espionaje ilegal que, entre otros, estaba dirigido a periodistas críticos.

Aunque el perfil internacional de Brasil sigue en ascenso, su gobierno dejó de mostrar liderazgo en materia de libertad de prensa de manera sistemática. La violencia contra los periodistas se intensificó, y cuatro periodistas resultaron asesinados por el ejercicio de la profesión. La posición del país en el Índice de Impunidad del CPJ, que resalta los países donde los asesinatos de periodistas se suceden con regularidad y las autoridades no resuelven los crímenes, también empeoró. Junto con India y Pakistán --otros dos países con pésima posición en el Índice de la Impunidad-- Brasil planteó objeciones a una propuesta integral de la UNESCO que pretendía ayudar a las naciones a combatir la impunidad y proteger a los periodistas. Reaccionando a las duras críticas, la embajadora de Brasil ante la ONU, Maria Luiza Ribeiro Viotti, posteriormente expre su amplio apoyo hacia la libertad de prensa y algunos elementos del plan de la UNESCO. No obstante, el compromiso del gobierno brasileño con la libertad de expresión quedó en duda en otro importante asunto internacional. Brasil apoyó una iniciativa liderada por Ecuador para debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo fiscalizador de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En diciembre, Mauri König, periodista de investigación y ganador del Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ, abandonó Brasil tras recibir amenazas de muerte vinculadas con su trabajo informativo sobre corrupción policial. La presidenta Dilma Rousseff sí apoyó dos iniciativas que promueven el derecho de la sociedad a saber. Rousseff promulgó una ley de acceso a la información oficial y creó una comisión para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas durante los varios regímenes militares que gobernaron el país en el período de 1964 a 1985.

El conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los principales medios de comunicación se intensificó. Pese a un fallo de la Corte Suprema que ordenó un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial, el gobierno continuó negándoles anuncios oficiales a los medios críticos de su gestión, mientras no escatimaba avisos en los medios que le brindaban una cobertura informativa favorable, de acuerdo con un informe especial del CPJ. Tanto la Corte Suprema como un tribunal de apelaciones federal le aplicaron una multa al ejecutivo por incumplir el fallo, pero éste no mostró ninguna señal de que lo acataría. El gobierno continuó con la práctica de atacar e insultar a periodistas y ejecutivos vinculados a las dos principales empresas de medios del país, Clarín y La Nación, a veces mediante campañas de descrédito en programas de la televisión pública. A su vez, esos grupos de medios criticaron incesantemente al gobierno. Como resultado, se creó un clima de gran polarización, donde los medios dedican considerables espacios a descalificarse el uno al otro, y los ciudadanos quedan privados de fuentes informativas objetivas sobre asuntos vitales de interés público.

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