El clima de libertad de prensa continuó en profundo deterioro bajo el gobierno del Presidente Rafael Correa. En septiembre, un informe especial del CPJ reveló que las políticas de Correa habían transformado a Ecuador en uno de los países del hemisferio más restrictivos para la prensa. En marzo, Correa inició un proceso penal por calumnias injuriosas contra los más altos ejecutivos del diario El Universo, uno de los principales periódicos y entre los más críticos del país. El caso, que se centró en una mordaz columna de opinión que condenaba las acciones de Correa en una revuelta policial en 2010, produjo condenas, sentencias a prisión y multas multimillonarias en dólares contra los ejecutivos y un ex editor. Ellos aún estaban libres bajo apelación a fines de año. Otros funcionarios también utilizaron las arcaicas leyes penales de difamación para intentar silenciar a periodistas. El presidente recurrió con frecuencia al uso de las cadenas, discursos presidenciales que ocupan toda la programación a nivel nacional, para desprestigiar a periodistas individualmente o a los medios. Aunque las cadenas tradicionalmente se usaron para divulgar información en tiempos de crisis, bajo el mandato de Correa se han convertido en un foro para la confrontación política. El gobierno utilizó otras tácticas para suplantar las voces independientes e imponer su propia perspectiva, al ordenar a las emisoras que sacrifiquen parte de su programación de noticias para dar espacio a las "refutaciones" del gobierno. En un referendo realizado en mayo, los votantes aprobaron iniciativas que permitirían al gobierno regular los contenidos en áreas vagamente definidas y obligaría a los dueños de medios a deshacerse de otras empresas.




