Por Carlos Lauría/Coordinador Senior del Programa de las Américas
En abril pasado, antes de viajar a Ecuador para una misión de investigación, intenté contactar por teléfono y correo electrónico a Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la presidencia, con la esperanza de reunirme con él para conversar sobre preocupaciones en materia de libertad de prensa surgidas durante el mandato del Presidente Rafael Correa. Pero el secretario fue uno entre varios funcionarios de la administración que declinaron responder a los pedidos del CPJ para reuniones y los esfuerzos posteriores de obtener comentarios oficiales para el informe especial, "Ecuador bajo Correa: confrontación y represión". Por ese motivo, fue interesante advertir que una semana después de haber lanzado el informe en Quito, Alvarado escribiera una carta abierta al CPJ en su blog personal. "No sorprende que el Comité de Protección de Periodistas llegue a tan absurdas conclusiones, si sus fuentes son Fundamedios, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y Janeth Hinostroza", escribió Alvarado, haciendo referencia a los grupos de prensa y a la conductora de Teleamazonas. Afirmó, además, que nuestras recomendaciones parecían escritas por políticos opositores.