Los periodistas debieron hacer frente a la reanudación de actos violentos por parte de grupos armados ilegales en los meses que antecedieron al anuncio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de entablar conversaciones de paz con el grupo guerrillero de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este grupo retuvo al reportero francés Roméo Langlois por más de un mes, el primer secuestro de un periodista extranjero en Colombia desde 2003, según datos del CPJ. Fernando Londoño, presentador de un programa radial y ex ministro, resultó herido, y su chofer y uno de sus guardaespaldas murieron en un atentado con bomba en Bogotá. Las fuerzas policiales también estuvieron implicadas en un incidente de violencia contra la prensa. En noviembre, el periodista independiente Guillermo Quiroz Delgado, quien cubría una protesta en el departamento de Sucre, murió tras ser arrestado. Desde el hospital, Quiroz declaró que agentes de la policía lo habían agredido. Los tribunales emitieron varios fallos judiciales que favorecieron a la prensa. Molestos por ser objeto de crítica en un artículo de opinión, los siete magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un acto sin precedentes, interpusieron una querella penal por los delitos de injuria y calumnia contra la columnista Cecilia Orozco Tascón. Tras ser blanco de críticas generalizadas, los magistrados desistieron de la querella. La Fiscalía General clasificó los actos de secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya, ocurridos en el año 2000, como un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible. Y dos ex funcionarios del organismo de inteligencia nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fueron sentenciados a seis años de cárcel cada uno por su participación en un programa de espionaje ilegal que, entre otros, estaba dirigido a periodistas críticos.