Américas

En áreas provinciales en donde el cumplimiento de la ley es débil, los reporteros se encontraron en situación de vulnerabilidad ante las agresiones motivadas por su labor periodística sobre temas de corrupción. En los grandes centros urbanos, los periodistas enfrentaron riesgos mientras cubrían temas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Dos periodistas cayeron en represalia directa por su labor en 2011 y el CPJ sigue investigando las circunstancias en otros cuatro casos. El aumento en los casos de violencia letal en 2011 determinó el regreso de Brasil al Índice de Impunidad del CPJ, que destaca aquellos países donde los casos de periodistas asesinados permanecen sin resolverse. Los fallos judiciales politizados continuaron impidiendo la cobertura de temas sensibles. Una orden de censura contra el diario O Estado de S. Paulo siguió vigente más de dos años después de haber sido impuesta, impidiendo que el periódico informara sobre una investigación de corrupción que involucraba a la familia del presidente del Senado José Sarney. En noviembre, la Presidente Dilma Rousseff promulgó una ley de acceso a la información pública que regula la clasificación de documentos e impone un máximo de 50 años como período para retener archivos secretos. El proyecto de ley fue elogiado como un paso importante para la transparencia del gobierno y una herramienta útil para los periodistas que cubren casos de corrupción.

La Corte Suprema de Justicia resolvió en marzo que el gobierno debía aplicar un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial. Al dictar su fallo en un caso planteado en 2006 por Editorial Perfil, la mayor empresa editora de revistas del país, la corte intentó frenar la vieja práctica de recompensar a los medios afines al gobierno con publicidad oficial, mientras se castiga a la prensa crítica negándole avisos. No obstante, Perfil y otros críticos del gobierno adujeron que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ganó la reelección en octubre, siguió utilizando el mismo sistema de distribución no equitativa. Las relaciones entre el Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país, y el gobierno de Kirchner empeoró en marzo luego de que manifestantes, incluyendo a miembros del sindicato de Camioneros, bloquearan las salidas para camiones en la planta impresora del diario Clarín, impidiendo que la edición dominical del periódico fuese distribuida. La circulación del diario La Nación también se vio interrumpida durante varias horas. En diciembre, Kirchner firmó una medida que obligaba al único fabricante de papel para periódicos, Papel Prensa, a someterse a la regulación del gobierno. Grupos de editores indicaron que éste era otro ataque a Clarín y La Nación, que son dueños de una participación mayoritaria en la empresa. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó una serie de abusos en el interior del país, incluyendo un ataque a un periodista radial, un caso de incendio intencional y un episodio en el cual se disparó contra un equipo de camarógrafos. Un tribunal federal sentenció en octubre a 16 ex militares a condenas a prisión entre 18 años y cadena perpetua por el asesinato del periodista Rodolfo Walsh y otras 85 personas durante la dictadura militar argentina de los años 1976-83.

Por Pedro Nikken/Bloguero invitado

La sentencia contra los señores Emilio Palacio Urrutia (periodista), Carlos Eduardo Pérez Barriga, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Nicolás Pérez Lapentti (editores) y contra el diario ecuatoriano El Universo por supuestas ofensas al presidente ecuatoriano Rafael Correa por el artículo "No a las mentiras" publicado en ese diario por el primero de los nombrados, es una acabada manifestación del perverso concepto de libertades públicas que manipulan ciertos gobiernos electos, que pervierten su legitimidad de origen en el desenfado autoritario que impregna su ejercicio del poder.

Nueva York, 16 de febrero de 2012--La  decisión adoptada hoy por el máximo tribunal de justicia ecuatoriano, que confirmó la sentencia por injurias calumniosas contra el diario El Universo tras una demanda iniciada por el Presidente Rafael Correa, representa un serio golpe contra la libertad de expresión y un retroceso para la democracia, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). 

Nueva York, 13 de febrero de 2012--Las autoridades brasileñas deben investigar el asesinato del periodista Paulo Roberto Cardoso Rodrigues en forma rápida y exhaustiva, señaló hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). El periodista fue asesinado a balazos el domingo por la noche. Fue el segundo asesinato de un periodista brasileño en menos de una semana.

Nueva York, 10 de febrero de 2012--El cuerpo del periodista brasileño Mario Randolfo Marques Lopes fue encontrado el jueves en la ciudad de Barra do Piraí en el estado de Río de Janeiro, según informes de prensa. Randolfo informaba sobre corrupción local y había sobrevivido al menos a un atentado contra su vida en los últimos años, indicaron informes de prensa.

Por Carlos Lauría/Coordinador Senior del Programa de las Américas

La respuesta de los funcionarios cubanos no tomó a nadie por sorpresa. A la conocida bloguera cubana Yoani Sánchez le había sido negado, una vez más, permiso para salir del país luego de haber recibido una visa de la embajada brasileña para asistir a un festival de cine. "Me siento como el rehén secuestrado por alguien que no escucha, ni da explicaciones. Un gobierno con pasamontañas y pistola en el cinto", según el tweet que envió Sánchez el viernes cuando el gobierno cubano negó su pedido para viajar a Brasil. Fue, según informó la bloguera, la decimonovena ocasión en la que su solicitud para salir de la isla le ha sido negada. Como en el pasado, los funcionarios no proporcionaron ninguna razón para explicar el rechazo.

Nueva York, 1 de febrero de 2012--El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exhortó hoy a las autoridades paraguayas y brasileñas a investigar en forma exhaustiva las amenazas de muerte contra el periodista Cándido Figueredo y a garantizar su seguridad. Agentes de la policía confirmaron el mes pasado que habían interceptado una llamada entre dos criminales en la que hablaban de asesinar al periodista paraguayo, según informes de prensa locales.