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El CPJ exhorta a la OEA a no debilitar el sistema de derechos humanos

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18 de marzo de 2013

Estimados cancilleres de la OEA:

En los días previos a la asamblea de la Organización de los Estados Americanos el 22 de marzo, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) los exhorta a oponerse a cualquier intento de debilitar el sistema regional de derechos humanos. El fracaso de los estados miembro en la preservación de la autonomía y la independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su relatoría especial para la libertad de expresión dará como resultado que los ciudadanos en todo el hemisferio sean más vulnerables a las violaciones a los derechos humanos y representará un golpe a la democracia en las Américas. 

La asamblea de la OEA se reunirá en Washington D. C. para decidir sobre una serie de propuestas para reformar la comisión interamericana. Introducidos por Ecuador con el supuesto objetivo de fortalecer el sistema, en realidad los cambios inhabilitarían a la relatoría para conseguir apoyo financiero autónomo, reduciría su independencia al permitir que los estados miembro ejerzan más control e impediría que publique informes sobre la libertad de expresión. La serie de 53 recomendaciones consiguió aprobación inicial durante la asamblea general en Cochabamba, Bolivia, en 2012.  

La investigación del CPJ muestra que los cambios propuestos son parte de un esfuerzo encabezado por un grupo de estados en oposición al rol de la comisión en la promoción y protección de derechos humanos. La avanzada ha sido liderada por Ecuador con el apoyo de la Alianza Bolivariana para las Americas, o ALBA, que también incluye a Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Dominica, Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas. Varios países del ALBA tienen registros lamentables en materia de libertad de prensa. En Ecuador, por ejemplo, el gobierno ha dictado leyes restrictivas a la libertad de expresión, desprestigiado a los críticos, e iniciado demandas por difamación contra sus detractores. Sus acciones son similares a otras adoptadas por Venezuela, mientras que los gobiernos de Nicaragua y Bolivia han promovido políticas contrarias a la prensa.   

Países que han sido pilares del sistema y que deberían estar liderando su defensa, incluyendo a Brasil y a Argentina, han permanecido en silencio.

A fines de 2012, la comisión se comprometió a estudiar las recomendaciones, consultar a todos los actores, y hacer sus propios ajustes a las regulaciones. Este proceso, tal como ha sido expresado por la comisión, se llevará a cabo durante la primera mitad de 2013.  Permitir que la comisión examine propuestas y ajuste sus propias reglas es parte de una práctica designada a aislar al organismo de la influencia política de los estados miembro.

Durante una reunión realizada el 11 de marzo en Guayaquil entre la mayoría de los signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el gobierno ecuatoriano hizo aún otro esfuerzo para influir sobre los estados miembro, evadir el protocolo y en última instancia debilitar el sistema de derechos humanos.  El grupo, liderado por el presidente Rafael Correa y el canciller Ricardo Patiño, elaboró una resolución, firmada por 18 países, en la que se acordó que la OEA financiaría la totalidad del sistema de derechos humanos, lo que en la práctica restringiría seriamente el funcionamiento de la relatoría especial para la libertad de expresión, cuyos fondos son conseguidos mayormente de fuentes externas. Otros aspectos de la declaración podrían abrir reformas al estatuto de la comisión y potencialmente debilitar su estructura. Mientras que la declaración no tiene vinculo legal con la OEA, Nicaragua ya ha elaborada una resolución para asegurar que el documento sea parte del debate el 22 de marzo. 

Para más de 50 años, el sistema de derechos humanos de la OEA sirvió como la última línea de protección para los ciudadanos que enfrentaron un tratamiento abusivo en el hemisferio. Intervino directamente en casos de peligro inminente -ordenándoles a los gobiernos que brindaran seguridad a periodistas amenazados, por ejemplo- y emitió informes detallados que echan luz sobre abusos sistémicos a los derechos humanos. Considerado ampliamente como un modelo internacional, la comisión y su relatoría han bregado por principios democráticos fundamentales como el proceso debido, la separación de poderes y la libertad de expresión. El organismo tuvo una participación clave en documentar e informar sobre los abusos cometidos por los regímenes dictatoriales en los años '70 y '80. Al tiempo que la democracia comenzó a extenderse en la región, el sistema empezó a analizar el legado de las dictaduras y su impacto en las instituciones democráticas.

Al mismo tiempo, la relatoría especial para la libertad de expresión, creada en 1997, hizo hincapié en la necesidad de terminar con la impunidad en los crímenes contra la prensa, denunció casos de censura gubernamental, lideró campañas en contra de las leyes penales de difamación y promovió el acceso a la información pública. Gracias a sus esfuerzos, las leyes que penalizaban el desacato, o la difamación, fueron derogadas en Paraguay, Costa Rica, Perú, Chile, Honduras, Panamá, Nicaragua, Uruguay y Bolivia. México despenalizó las leyes de difamación a nivel federal, en tanto que Argentina eliminó las calumnias e injurias del código penal en asuntos de interés público.

Creemos que la aprobación de las propuestas por parte de la asamblea de la OEA dañarían seriamente la independencía de la comisión, neutralizaría el trabajo de un organismo líder en la promoción de derechos humanos fundamentales y despojaría de una protección vital a los ciudadanos en toda la región.

La reputación de cualquier país con un compromiso asumido de respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión se vería seriamente dañada si estos cambios son aprobados. Los instamos a rechazar estas propuestas.

Atentamente,

Joel Simon
Executive Director

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