Ecuador

En Ecuador, la democracia silenciada y abatida

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Por Pedro Nikken/Bloguero invitado

Personal de El Universo carga con un ataúd falso en protesta por la decisión de ratificar la sentencia contra los directivos del diario. (AFP/Camilo Pareja)

La sentencia contra los señores Emilio Palacio Urrutia (periodista), Carlos Eduardo Pérez Barriga, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Nicolás Pérez Lapentti (editores) y contra el diario ecuatoriano El Universo por supuestas ofensas al presidente ecuatoriano Rafael Correa por el artículo "No a las mentiras" publicado en ese diario por el primero de los nombrados, es una acabada manifestación del perverso concepto de libertades públicas que manipulan ciertos gobiernos electos, que pervierten su legitimidad de origen en el desenfado autoritario que impregna su ejercicio del poder.

La vulneración a la libertad de expresión es notoria y su ilegitimidad rotunda de cara a los estándares internacionales en la materia. Toda condena penal por supuestas ofensas al honor a funcionarios públicos es ilegítima, porque cercena el derecho a la crítica, porque mina el control de la sociedad sobre el poder y porque erosiona la tolerancia frente al parecer ajeno, que es consustancial a la democracia y sus valores. Igualmente, toda condena civil irrazonable o desproporcionada, que condena un diario a su cierre o a su expropiación en provecho privado del Presidente de la República, es un inaceptable desvarío. Arruinar a un periodista por decir lo que piensa, es un abuso incalificable y arruinar a los editores por permitir que el periodista se exprese, la reedición del peor oscurantismo.

Esto pone de relieve el contrasentido de fondo contenido en esta sentencia, que encuadra dentro de un fenómeno más complejo: La utilización de las herramientas de la democracia, del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos, para abatir la democracia. Una verdadera aberración que revela la nueva ola de opresión a cargo de gobernantes elegidos por el pueblo que han confundido la democracia con las elecciones y han hecho de éstas un mero instrumento para la toma del poder y para revestir la arbitrariedad de una juridicidad falsificada.

Los derechos humanos son la herramienta histórica del género humano para combatir la opresión. Toda forma de opresión, pero ante todo la que se origina en el Estado. Es un contrasentido que esa herramienta (la defensa del derecho al honor de todo ciudadano) sea utilizada por el Estado, en cabeza del Presidente de la República, para abatir un derecho fundamental de cada persona y de la sociedad, como lo es la libertad de expresión y el derecho a estar informados. Para destruir un medio de comunicación, para encarcelar periodistas y editores y para enriquecer al Presidente de la República a sus expensas.

El Presidente Correa ha sido elocuente. La sentencia que ha obtenido de la dócil justicia ecuatoriana que ha moldeado a su capricho, tiene un propósito claro: escarmentar. Escarmentar en Ecuador y en otros países que sigan su deplorable ejemplo. Hacer de la intolerancia una herramienta para vapulear a quien se atreva a criticar y a molestar la majestad del jefe. En este caso, el poder castiga severamente a quien disiente, sataniza a quienes critican y los manda al infierno hasta acallarlos. Un castigo que no afecta sólo a los condenados, sino a la sociedad toda. Es un escarmiento antidemocrático. El nefasto propósito de este fallo es imponer a los periodistas que escriban con miedo; a los directores y dueños de medios, asustados también, que censuren a sus columnistas y reporteros, no vaya a ser que corran la misma suerte que El Universo y sus editores. Se quiere decretar la hora de callar, donde la garantía del honor sea el miedo. La hora en que la única expresión al abrigo del castigo sea  el silencio. Una hora propia de la edad de las tinieblas. Una hora de lo inaceptable. Una sociedad impregnada de miedo y de silencio no puede ser democrática.

Pedro Nikken es un prominente abogado venezolano, presidente de la Comisión Internacional de Juristas y ex presidente de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos.

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